
El comandante del Gaula Militar, el coronel Stick Amaral, sostuvo que ve con buenos ojos una flexibilización del porte de armas en Colombia y planteó que esa medida podría tener un efecto disuasorio frente a la extorsión, al permitir que “la gente de bien” cuente con medios de defensa dentro de un esquema de control estatal.
La definición, expresada en una entrevista con Caracol Radio, introduce una tensión inusual: un oficial encargado de combatir secuestro y chantaje respalda revisar restricciones que hoy limitan el porte incluso para personas con salvoconducto.
El pronunciamiento llegó mientras el propio oficial describía un escenario de subregistro en las denuncias por extorsión. Amaral también aportó una cifra para sostener su posición sobre las armas legales: “El porcentaje de delitos con armas legales no alcanza, no supera el 1% a nivel nacional”. A partir de ese dato, afirmó que los hechos delictivos se cometen con armamento ilegal y que quienes portan armas de forma regular deben pasar filtros legales y de antecedentes.
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El oficial vinculó esa discusión con la evolución de la extorsión. Aseguró que los grupos criminales “se apalancaron en la parte digital” para ampliar su alcance, reducir su exposición y mantener niveles de rentabilidad altos, una combinación que, a su juicio, refuerza la necesidad de que la población denuncie.
El comandante del Gaula apoyó revisar restricciones y dijo que es “pro armas”
Consultado en forma directa sobre si estaba de acuerdo con levantar algunas de las restricciones al porte de armas, Amaral respondió: “Efectivamente, yo estoy de acuerdo en cierta medida”. Luego fue más lejos: “Yo soy pro armas, me gusta el tema y espero que levanten tanta restricción para el porte legal de estas armas”.
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La declaración no fue presentada por él como una apertura irrestricta. En varios tramos de la entrevista insistió en que cualquier cambio debería pasar por controles, normas y revisiones del Ministerio de Defensa, al que atribuyó la competencia para estudiar el asunto.

Amaral dijo que no podía responder “definitivamente no” a la posibilidad de flexibilizar el porte y agregó que “hay que abrir de pronto algunas opciones que coadyuven a la tranquilidad” de la población. También señaló una limitación de capacidad estatal para controlar el porte ilegal, y sugirió que una revisión del esquema vigente “puede ser que nos pueda ayudar de manera positiva”.
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El periodista le recordó que la Constitución reserva el monopolio de las armas al Estado y que en Colombia rige una restricción al porte firmada por el presidente Gustavo Petro, que permite la tenencia con salvoconducto en fincas, casas o comercios, pero no el traslado o porte en vía pública. Frente a esa observación, el coronel reiteró que veía la flexibilización “de manera positiva”.
El oficial admitió riesgos y rechazó una libertad total para portar armas
La posición del coronel incluyó una advertencia sobre los costos de una apertura sin límites. Cuando se le mencionó el caso de Estados Unidos y su relación con masacres en escuelas y muertes de jóvenes por armas de fuego, respondió que flexibilizar “no quiere decir dar libertad total”.
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Su argumento fue que el problema debía resolverse con filtros y no con una habilitación general. Mencionó exámenes psicológicos y de actitud psicofísica, y señaló que una persona con trastornos graves no debería acceder a un arma porque representaría un riesgo para la sociedad.
También reconoció que “el porte de las armas y el manejo de las mismas siempre va a representar un riesgo”. Pese a eso, defendió la revisión de “algunos procesos” y añadió que el control debe seguir en manos del Estado, que conserva la facultad de entregar, supervisar y retirar permisos.
En ese punto, citó incluso el caso de deportistas vinculados al uso de armas para remarcar que existen usuarios legales que, según su descripción, actúan con responsabilidad. Al mismo tiempo, advirtió que una liberalización amplia podría llevar a “un escenario muy bélico”.
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La postura del coronel Stick Amaral abre el debate sobre el porte legal de armas en Colombia al reconocer tanto la necesidad de controles estrictos como la posibilidad de ajustes normativos. Su planteamiento pone en el centro la búsqueda de mecanismos que permitan enfrentar la criminalidad sin dejar de lado la responsabilidad estatal sobre la regulación y el control de las armas.
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