Para la Procuración, la Corte no debería intervenir en el pleito por la re-reelección de Casas en La Rioja

La Procuración General dictaminó hoy que la Corte Suprema no debería intervenir en el pedido de Cambiemos para analizar frenar la re-reelección en La Rioja. Así se pronunció hoy la procuradora Laura Monti, al sostener que "el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal". El dictamen fue presentado ante el máximo tribunal, aunque no es vinculante.

Monti afirmó que "el asunto a resolver se relaciona con el procedimiento jurídico político de organización de dicho Estado provincial, es decir, con un conjunto de actos que deben nacer, desarrollarse y tener cumplimiento dentro del ámbito estrictamente local". Y resaltó que "las cuestiones esgrimidas deben tramitar ante la Justicia de la provincia de La Rioja, puesto que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza".

"Es mi parecer que en el presente se intenta que la Corte intervenga en un proceso que debe estar sujeto a la jurisdicción y competencia de los magistrados de la Provincia de La Rioja (así, la Constitución local prevé la acción de inconstitucionalidad, art. 139, inc. 1°)", opinó.

Sostuvo además que no se logró demostrar "la cuestión federal". "Ello no resulta suficiente para suscitar la competencia originaria de la Corte, pues la solución del pleito exige el tratamiento de instituciones de derecho público local", se afirmó.

Un detalle, sin embargo, se añadió en el último punto del escrito. El dictamen de la Procuración aclaró que "esa Corte es el intérprete máximo y final de sus propios dichos y decisiones, de considerar Vuestra Excelencia que en autos se configuran las extremas circunstancias allí evaluadas (relacionadas, en especial, con el sistema republicano de gobierno y la alegada violación del art. 5° de la Constitución Nacional), podría decidir la intervención procesal que considere pertinente".

El miércoles pasado, Héctor Enrique Olivares, en su carácter de presidente y en representación de la Unión Cívica Radical-Distrito La Rioja, y Marcelo Germán Weschler, como interventor y en representación del PRO La Rioja, iniciaron una acción de amparo contra la Provincia de La Rioja, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de la ley provincial 10.161 y los decretos 1484/18 y 1491/18 en los que se dispuso la convocatoria a una consulta popular para promover la reelección del gobernador Sergio Casas, prevista para el próximo 27 de enero.

El jueves, el ministro Horacio Rosatti, que se encontraba trabajando como juez de feria en el máximo tribunal, habilitó la feria. Desde el sábado está a cargo Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, quien ahora deberá convocar a sus colegas para opinar sobre la cuestión. Por su intervención previa, el propio Rosatti ya dejó dicho que estará presente.

"Una vez abierta la feria, se trata como un expediente más. Se convoca a los ministros a analizar el expediente y dar su opinión y votar sobre este pedido", explicaron a Infobae fuentes judiciales.

La judicialización del plebiscito riojano por parte de Cambiemos puede poner en riesgo la primera elección del año. La consulta popular debe definir si el gobernador Casas puede ser candidato a un nuevo mandato. Es que el artículo 120 de la Constitución provincial sostiene que el gobernador y el vicegobernador "podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período".

Casas fue vice de Luis Beder Herrera (2011-2015) y fue elegido gobernador en 2015. El mandatario impulsó la enmienda para poder postularse.