
Con Mauricio Macri de vacaciones en Villa La Angostura desde antes de Navidad y hasta mediados de mes, el Gobierno se abocó desde el inicio del año a empezar a ultimar detalles de cara a la campaña electoral, que desde las próximas semanas copará la agenda política y mediática.
Por estas horas, la Secretaría Legal y Técnica revisa el decreto reglamentario que el Gobierno publicará en los próximos días en el Boletín Oficial y que habilita el voto por correo en el exterior, una modalidad que se replica en diversos países y que engrosará el número de argentinos desparramados por el mundo que eligen presidente y legisladores en estas elecciones.
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En los comicios legislativos del 2017 se registraron 14.006 argentinos que votaron en el exterior en 135 representaciones diplomáticas, de un total de más de 350.000, según datos oficiales. Si bien el número duplicó al de las presidenciales del 2015 -sufragaron 10.870-, la cifra aún es muy baja. Es que, hasta ahora, los ciudadanos debían hacerlo sí o sí en forma presencial en los consulados, que no existen en todos los destinos.
El decreto, que trabajaron entre la Cancillería y el Ministerio del Interior y que verá la luz en los próximos días, habilita, según pudo saber este medio, "el sistema de votación por correo postal", que replica los casos de Italia, México y España, con la posibilidad de votar antes del día de la elección.
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En paralelo, en Casa Rosada, en operativo verano en estas semanas, siguen los análisis en torno al calendario electoral. En especial en la provincia de Buenos Aires, sobre un eventual desdoblamiento de las elecciones que aún nadie se anima a aventurar.
La administración bonaerense, a raíz de la investigación por los aportes en las elecciones del 2017 -antes de Navidad, la Cámara Electoral envió la causa al juez Adolfo Ziulu, con competencia electoral, una noticia esperada por la Gobernación-, tuvo, por lo pronto, una buena cuota de incidencia en la insistencia, hasta ahora en vano, sobre la aprobación del proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que habilita, entre otras modificaciones, la vuelta de las donaciones de empresas a las alianzas en períodos de campaña.
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Según confiaron fuentes oficiales, el Gobierno insistirá en febrero en el Senado, en sesiones extraordinarias -el proyecto contra la violencia en el fútbol también volverá a estar en el temario-, en la media sanción de la ley, que naufragó hacia fin de año y durante todo el segundo semestre en el Parlamento.

El ministro Rogelio Frigerio y el senador Miguel Ángel Pichetto hablaron para fin de año. Lo propio hicieron Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, y Dalmacio Mera, uno de los máximos impulsores del proyecto de la bancada del PJ en la Cámara alta, que tuvo fricciones en torno a la letra chica del texto. Nadie se anima a arriesgar, de todos modos, que la ley se apruebe este año.
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"El que está en el tema debe estar preocupado", decía esta semana, irónico, un importante funcionario nacional en Casa Rosada, al tanto de las conversaciones con la oposición en el Congreso.
Si bien el Gobierno tiene ventaja respecto de la oposición por su condición de oficialismo, el financiamiento de la campaña presidencial de este año, concidionado por la causa de los aportes del macrismo bonaerense, vuelve a poner la lupa, pero con más énfasis, en las mismas inquietudes de siempre: quiénes van a financiar, cómo van a hacerlo, y quiénes van a recaudar.
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