Luis Omar Giménez, alias "Lucho", es subgerente de Télam. Tiene un sueldo de $120.000 mensuales –uno de los más más altos después de los integrantes del directorio–. Al mismo tiempo, es secretario general del gremio de los trabajadores de la empresa estatal, Sitrapren, que tiene cerca de 200 afiliados entre los 700 empleados de la agencia de noticias.
Giménez, de 61 años, entró a Télam en enero de 1980 y fue escalando posiciones, tanto en la empresa como en el sindicalismo, pero sus roles se confunden y se mezclan sugestivamente (está de los dos lados del mostrador: como funcionario público y como dirigente gremial) hasta tal punto que designó a un empleado de la agencia como chofer de uno de sus tres autos, un Audi patente IUX 273.
Ahora, Giménez está suspendido por orden de la Justicia y no puede entrar a Télam. Pero mantiene el cargo de subgerente del departamento de Logística e Ingresos, con oficina en el 5° piso de la sede de Bolívar al 500, la que utilizó –hasta el fallo judicial– para las reuniones sindicales y como depósito de los bombos, pancartas y papelería de su gremio.
Desde 2005, cuando gracias a su jefe político Hugo Moyano logró el aval del ex presidente Néstor Kirchner para destituir a Alberto Dearriba de la presidencia de Télam, ejerció un poder casi permanente en la agencia estatal, extorsionando a las autoridades de turno para lograr que le concedieran, además de beneficios para "empleados amigos", negociados de todo tipo con distintos proveedores.
En la práctica, mantenía una relación irregular con la cooperativa CLC –que está integrada por monotributistas y que manejó la seguridad de los edificios durante tres años– y con una empresa de limpieza, cuya extensión de los contratos con la agencia defendió –aseguran– con más esmero que a cualquier trabajador de Télam.
Hay indicios sobre los beneficios económicos que recibían los dirigentes de Sitrapren por esos contratos. Hasta tal punto, que el abogado Daniel Llermanos, apoderado del sindicato, se entrevistó con un gerente de Télam para expresarle su temor por el futuro laboral de los integrantes de la cooperativa CLC si, como finalmente ocurrió, la licitación derivaba en un cambio de la empresa de seguridad.
El directorio de Télam que encabeza Rodolfo Pousá presentó una denuncia judicial –que se tramita ante el juzgado de Canicoba Corral– para que se investigue la presunta comisión de delitos por el contrato con CLC. Ya se descubrió que un ex directivo de Sitrapren, en su carácter de jefe de Mantenimiento, aprobaba las prestaciones mensuales de la cooperativa sin exigirle la documentación estipulada en el contrato y, además, avalaba el aumento de las horas trabajadas por los vigiladores sin la autorización del gerente general.
El jefe de Mantenimiento y ex directivo de Sitrapren se llama Maximiliano Suárez y en noviembre de 2017 fue uno de los cinco empleados que se presentaron voluntaria y espontáneamente en la Gerencia de Legales de Télam y luego ante la Justicia para efectuar graves acusaciones que involucran al líder de Sitrapren.
En el caso de Suárez, admitió que él fue parte de una maniobra por la cual se pactaron sobreprecios con la cooperativa de seguridad CLC y confesó que, presionado por Giménez, tuvo que aprobar el pago de horas extras de vigilancia que nunca se hicieron, hecho que le permitió al titular de Sitrapren obtener de esta forma unos 130.000 pesos mensuales. Y que por "su mala relación con La Cámpora" no podía acceder al libro de actas donde se registraban las novedades y los nombres de los vigiladores.
En la misma línea, Ernesto Olagüe, ex secretario adjunto de Sitrapren y empleado del área Logística de la agencia, confirmó la maniobra acordada con la cooperativa CLC y reveló que le llevaba a Giménez sobres con dinero que eran de proveedores de Télam como X Salud, Euro Comunicaciones y Prensa Satelital.
También contó que en una oportunidad Giménez le dio un portafolio con 2 millones de pesos para que los cambiara a dólares en una "cueva" de la avenida Corrientes y San Martín. E incluso, habló de $20.000 mensuales que le pagaba a Giménez la anterior empresa de limpieza, Uadel, para que le agilizaran los pagos.
Los otros empleados que denunciaron a Giménez ante la Justicia son los siguientes:
Nahuel Cruz Amarilla, jefe de división de la sección Cobranzas, denunció que Giménez lo había "obligado" a poner tres propiedades a su nombre y lo forzó a firmar un poder amplio de administración y disposición por el cual le cedió al sindicalista la potestad de vender, alquilar o disponer de esos bienes (presentó las escrituras correspondientes). Contó incluso que él mismo, y no Giménez, debió hacerse cargo del pago de los gastos del contador y de las obligaciones ante la AFIP. También dijo que, cuando existía el cepo cambiario, Giménez enviaba a empleados de Télam que trabajaban a sus órdenes a diversos bancos para que compraran dólares para él.
Julio César Valcarcel, que trabaja en la sección Automotores como chofer, denunció que Giménez lo hacía sentir su "sirviente personal": bajo amenazas de despedirlo si no cumplía con sus órdenes, el dirigente lo utilizaba como su chofer personal para buscarlo o llevarlo a su casa o para que hiciera lo mismo con su hijo, Federico Giménez, dentro del horario de trabajo. Habló incluso de dos oportunidades en que fue a buscar paquetes y sobres de contenido sospechoso.
Leonor Lamberto, empleada del comedor de Télam, dijo que el líder de Sitrapren le hizo insinuaciones sexuales por teléfono, delante de un testigo, en agradecimiento a una recategorización que aquél le habría conseguido (Olagüe confirmó que fue testigo de esa charla). Además, denunció que en el comedor de la empresa, que estaba bajo el control de Giménez, había visto facturas vinculadas a la compra de mercadería que "venían en blanco y sin importe" (tema que se está investigando en la agencia).
Los testimonios de los cinco empleados contra Giménez llevaron a las autoridades de Télam a pedir su desafuero ante la justicia laboral, algo concedido en marzo pasado por el juez Ricardo Jorge Tatarsky, titular del juzgado nacional del Trabajo N° 52, que dispuso la suspensión de la prestación laboral al considerar que su presencia "constituye un peligro para la seguridad de los bienes y del personal de Télam".
Este fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones del Trabajo hasta el dictado de una sentencia definitiva que permitiría el quite del fuero sindical y su despido de la empresa.
En la sentencia, firmada por los camaristas Luis Alberto Catardo y Víctor A. Pesino, se destaca que los testimonios de cinco empleados de Télam que efectuaron distintas acusaciones contra Giménez ante la Justicia "se muestran como concordantes y uniformes respecto de inconductas de extrema gravedad que no pueden soslayarse".
Catardo y Pesino consideraron "correcto" el análisis efectuado por Tatarsky en su sentencia cuando menciona que los denunciantes de Giménez "se refieren al trato despectivo y con notas de acoso que ejercía sobre las mujeres, la actitud intimidatoria y el pedido de favores personales, las anomalías en la facturación del servicio de seguridad y el pedido de un porcentajes para que se le facturen rápido los servicios prestados; el cobro por caja de los aportes de la empresa que luego eran entregados en mano a Giménez y que luego éste llevaba a su domicilio, y la denuncia de pedido de sobornos a la firma UADEL , que proveía servicios de limpieza a Télam, a cambio de una facturación rápida". Y agregaron: "Es relevante también lo dichos de un empleado en cuanto a que el demandado le puso tres departamentos a su nombre".
Investigado por enriquecimiento ilícito
En el mes de abril, luego de investigarlo a partir de varias denuncias, la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Laura Alonso, denunció a Giménez ante la Justicia por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, causa que está en manos del juez federal Sergio Ramos.
En la presentación de la OA se afirma que el sindicalista tiene tres autos a su nombre y varias propiedades, algunas de las cuales no fueron declaradas.
También aparecen presuntos pedidos de coimas a dueños de medios para cumplimentar el pago de la pauta publicitaria oficial, el cobro en una cuenta personal de Giménez de la cuota sindical del gremio que lidera, la utilización de un empleado de la agencia como su chofer y la insinuación sexual a una empleada a cambio de un ascenso de categoría.
En el informe de la OA figura que, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, Giménez registró 30 salidas del país entre 2007 y 2017 a destinos como Panamá, Francia, Italia, Gran Bretaña, Venezuela, Ecuador, España, Brasil, Estados Unidos y Paraguay.
La denuncia de la OA
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