Tras ocho extensas jornadas de debate y la declaración de más de 30 testigos, el Tribunal Penal Oral de Valdivia condenó hoy al dirigente mapuche Facundo Jones Huala por el incendio de una vivienda  en la región de Los Ríos y por violación a la ley de armas en 2013.

El monto de la pena se dará a conocer el viernes próximo, a las 13, y la fiscalía no se opuso a que se compute el tiempo que el lonco permaneció detenido con prisión preventiva tanto en Chile como en la Argentina, como había sido sugerido por la Corte Suprema de nuestro país, al acceder a la extradición.

Los jueces determinaron por unanimidad que los indicios y pruebas reunidas por la fiscalía y respaldadas por dos querellas— una en representación de las víctimas y la otra, por el estado de Osorno— lograban formar la convicción y acreditar la participación del fundador de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en el incendio al fundo y en la tenencia de un arma hechiza.

No obstante, el tribunal modificó la figura penal originalmente planteada por la fiscalía, incendio en lugar habitado, por simplemente el de incendio, debido a que quedó acreditado que los atacantes desalojaron a la familia de la vivienda antes de iniciar el fuego y les permitieron, incluso, salvaguardar algunos electrodomésticos.

El cambio de tipificación igualmente supone una pena mayor, de 10 años en adelante, según señaló a Infobae el letrado de Huala, Pablo Ortega, quien cuestionó el fallo de tribunal. "Lo condenaron sin pruebas", argumentó.

La decisión judicial contradijo las absoluciones dictadas por otros dos tribunales que juzgaron a cuatro supuestos cómplices de Huala por los delitos de incendio y encubrimiento en esos mismos hechos. Sólo la machi Millaray Huichalaf había sido condenada a 61 días de cárcel por el encubrimiento del ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en la localidad de Río Bueno.

Este mediodía, el tribunal— integrado por los magistrados Carlos Flores Valenzuela, Guillermo Olate Aranguiz y Héctor Hinojosa Aubel— leyó el veredicto, que fue repudiado dentro y fuera de la sala de audiencias por la familia y una cohorte de unos 50 mapuches que respaldan al lonco.

La resolución no puede ser recurrida por disconformidad con el veredicto. Sólo podría ser revisada eventualmente por una corte de apelaciones por cuestiones estrictamente procesales. El defensor de Huala ya anunció que planteará nulidades y apelará el fallo.

Tras conocida la resolución, el activista mapuche fue trasladado a la cárcel de Temuco y se suscitaron disturbios dentro y fuera del tribunal en Valdivia. El saldo fueron varios vidrios rotos y un detenido por agredir con golpes a uno de los gendarmes que custodiaban el tribunal.

El debate oral

Ninguna de las seis víctimas mayores de la familia Riquelme, de origen mapuche y que describieron con evidente estrés postraumático cómo fueron despojados y arrancados de su hogar tras aquel ataque, identificó al lonco como autor de esos hechos. Sólo reconocieron vestimentas, capuchas y armas utilizadas en el ataque y secuestradas del domicilio de la machi Huichalaf donde pernoctaba Jones Huala.

Pero hubo otra serie de pruebas periciales, fotográficas, documentales, planimétricas y materiales que dada su "multiplicidad y contundencia" les resultó suficiente a los jueces para llegar a la convicción de que no sólo Huala participó del ataque, sino que lo lideró.  Esas evidencias fueron huellas de calzado en el terreno, con la correspondencia de botas secuestradas a los pies de la cama donde dormía Huala, una capucha,  y otros elementos utilizados en el ataque secuestrados de un bolso arriba de su litera.  Además, al incautarse su celular, peritos ubicaron, por el análisis de las celdas, a Huala  en el fundo el 9 de enero de 2013, una hora y media antes de consumarse el hecho.

Parte del material probatorio reunido por el fiscal Sergio Fuentes había sido obtenido gracias a la Ley de Inteligencia de Chile que faculta a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a investigar, previa autorización judicial, personas que puedan afectar a la seguridad interior. La violencia rural indígena está amparada por esa legislación.

Esa norma también permite que la información obtenida de esas pesquisas pueda ser usada en un juicio ordinario, una vez levantado su carácter secreto y reservado por expreso pedido del Ministerio Público Fiscal. Fue en esas circunstancias que el adalid mapuche, de 32 años y nacido en Bariloche, comenzó a ser investigado por la Policía de Investigaciones y la ANI. Sin embargo, esa prueba expuesta en el juicio no fue tomada en cuenta para dictar la sentencia.

Los jueces determinaron que los testimonios junto con los elementos probatorios secuestrados  y el cúmulo de indicios reunidos por el fiscal acreditaban "razonablemente la participación de Facundo Jones Huala en calidad de autor del delito de incendio y de tenencia de arma hechiza".

Este último elemento junto con municiones fueron también secuestrados por la policía 20 días después del incendio, en el galpón que sólo albergaba al lonco y dentro de un bolso utilizado durante el ataque.

Los alegatos de cierre

Tras los alegatos de cierre ayer, el fiscal había pedido una condena total  a 15 años, mientras que la defensa demandaba una absolución. Sin embargo, la recalificación penal sujeta ahora a incendio seguramente reducirá la pena.

A su turno, cuando le cedieron la palabra, Huala se dirigió a los jueces y señaló: "A pesar de tantas vejaciones que hay con mi pueblo en ambos lados de la cordillera, espero que en este país queden lugares que no estén corrompidos como en Argentina".

Y subrayó: "Mantendré mi inocencia independientemente a lo que resuelva el tribunal" al reclamar justicia para el pueblo mapuche y que se erradiquen "los montajes políticos y policiales como la Operación Huracán",  y las muertes de los peñis "Camilo Catrillanca, Rafael Nahuel, entre otras vejaciones hacia mi pueblo".

Planteados una serie de atenuantes por la defensa de Huala, ahora el Tribunal deberá establecer qué pena deberá cumplir. La fiscalía no manifestó objeciones a que se compute el años y medio que Huala permaneció privado de su libertad tanto en Chile como en la Argentina.