La gobernadora María Eugenia Vidal y su círculo íntimo recibieron ayer al mediodía una noticia que esperaban desde hacía varias semanas: la Cámara Nacional Electoral resolvió que el juez con competencia electoral de La Plata, Adolfo Ziulu, será el encargado de tramitar la causa en la que se investigan los aportes irregulares en la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado.
Así fallaron este jueves los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, según la resolución de 15 fojas a la que accedió Infobae. De esta manera, el expediente, que se originó por una investigación periodística del sitio El Destape, será tramitado por Ziulu y no por el juez penal platense Ernesto Kreplak, que reclamaba la competencia.
"Está fuera de discusión que más allá del encuadre jurídico propuesto en la denuncia los hechos llevados a conocimiento de la Justicia penal están referidos a los datos incluidos en el informe final de las campañas electorales legislativas del año 2017 entregado ante la Justicia electoral. Los hechos que fueron denunciados ante el fuero penal debieron indudablemente haber sido dirigidos al juez federal con competencia electoral, con arreglo al procedimiento que expresamente establece la ley que rige la materia", escribieron los jueces Corcuera y Dalla Vía.
El Gobierno bonaerense esperaba ansioso el fallo desde hacía días. Es que, ahora, los supuestos delitos cometidos por los encargados del financiamiento de la campaña 2017 de Cambiemos quedarán encuadrados dentro de la ley electoral, con sanciones menores. Es lo que anhelaba el vidalismo para encarar la próxima campaña.
La investigación periodística había revelado la utilización de cientos de beneficiarios de planes sociales para justificar el financiamiento.
Los jueces citaron, por caso, el antecedente de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña, que meses atrás había remitido el expediente que tramitaba el juez Sebastián Casanello al juzgado de Ziulu. Jorge Di Lello, el fiscal federal porteño con competencia electoral, acompañó en esa dirección.
"Lo expresado no implica que pueda afectarse el avance de causas penales, a partir de la afirmación de pretendidas vinculaciones entre los hechos que en ellas se investigan y el patrimonio de los partidos políticos o el financiamiento de sus campañas electorales", aclararon, sin embargo, Dalla Vía y Corcuera.
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