Victoria Donda presentó un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. La acusa de haber usado información confidencial para mantenerse en su cargo una vez cumplidos los 75 años, límite para ser magistrado del máximo tribunal cuando ella juró como tal.
Según la diputada nacional, la vicepresidenta de la Corte promovió un recurso de amparo en febrero de 2017 cuando aún tenía 74 años -cumplió los 75 en diciembre de ese año- para que, invocando el precedente de Carlos Fayt, se le permitiera continuar como jueza del máximo tribunal.
Sucede que un mes después, el 28 de marzo, la Corte restableció el límite de 75 años -sentencia Schiffrin- dando marcha atrás con el fallo que había favorecido a Fayt y exigió que los jueces que pretendan seguir en funciones después de cumplir esa edad deben obtener un nuevo acuerdo del Senado y un nuevo nombramiento del Presidente de la Nación.
Entonces, la acusación de Donda es que Highton, sabiendo que estaba próximo el fallo que no le permitiría quedarse en el tribunal, utilizó la información que poseía para adelantarse a la decisión de la Corte.
En 1999, el fallo conocido como "Fayt" le permitió al ex magistrado permanecer en su cargo anulando el artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo introducido por la reforma constitucional de 1994, que ponía como límite los 75 años para ser juez de la Corte Suprema.
El juez que dictó la sentencia a favor de Highton de Nolasco fue Enrique Lavié Pico el 10 de febrero de 2017. Donda también sostuvo que, a raíz de esta maniobra, el Gobierno obtuvo la "sumisión completa" de la jueza a sus pedidos. Y resaltó que el Ministerio de Justicia no apeló la medida "incumpliendo con los deberes de funcionario público".
Otra conexión que hace la diputada es con el abogado que tramitó el amparo pedido por Highton, Jorge Isidro Lusona. Según explicó en la presentación, el letrado es adjunto de Sergio Fernández en la cátedra Derecho Administrativo II de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fernández está vinculado al juez Lavié Pico.
Lavié Pico habría logrado desingar a Enrique Alonso Regueira, secretario privado de Fernández, como letrado administrativo en la vocalía de la jueza en el máximo tribunal.
De acuerdo a lo que sostiene Donda, Fernández conoce todos los expedientes que tramitan en la Corte y puede condicionar las opiniones de Highton.
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