Un hombre que se dedicaba a actividades relacionadas con rituales, lecturas de tarot, productos esotéricos y supuestas limpiezas energéticas fue judicializado en Pereira, Risaralda, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 27 años.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que el procesado habría utilizado el contexto de una sesión privada para someter a la víctima y aprovecharse de su estado de indefensión.
Se trata de Dante Jhons Martínez Valencia, hombre que fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Pereira.
La investigación está relacionada con unos hechos ocurridos el 10 de marzo de 2026 en una vivienda perteneciente a familiares de la víctima, ubicada en el barrio San Luis de la capital risaraldense.
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De acuerdo con la información recopilada por el ente investigador, la mujer habría acudido al procesado buscando ayuda frente a dificultades sentimentales y Martínez Valencia, según la hipótesis de la Fiscalía, le ofreció realizar una sesión privada que estaría orientada a una supuesta limpieza energética, bajo ese contexto la víctima habría aceptado participar de manera individual y se desarrolló en una vivienda de familiares.
La situación, sin embargo, habría tomado otro rumbo durante el encuentro, pues según los elementos materiales probatorios presentados ante las autoridades judiciales, el hombre presuntamente le suministró a la mujer una bebida que habría provocado que quedara en una condición de indefensión.
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La Fiscalía sostiene que el procesado habría aprovechado ese estado para cometer actos de violencia sexual en contra de la mujer. Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Risaralda le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.
El caso fue llevado ante un juez de control de garantías, que, tras escuchar los argumentos de las partes durante las audiencias concentradas, determinó imponerle al procesado una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Martínez Valencia no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Por esta razón, el proceso penal continuará en las etapas correspondientes, mientras el ente investigador deberá sustentar ante la justicia los elementos que respaldan su acusación.
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La investigación comenzó a partir de la denuncia relacionada con el encuentro entre la víctima y el hombre, quien, según las autoridades, ofrecía diferentes servicios vinculados con prácticas esotéricas. Entre sus actividades estarían la lectura del tarot, la comercialización de productos de esta naturaleza y la realización de rituales y limpiezas energéticas.
La Fiscalía fue enfática en que el caso no se presentó como una situación relacionada con las prácticas esotéricas en sí mismas, sino con el presunto aprovechamiento de la actividad que desarrollaba el procesado para generar un espacio de confianza y privacidad con la víctima.
El hombre fue localizado y capturado en Pereira por investigadores del CTI, los cuales adelantaron las diligencias correspondientes dentro del proceso. Posteriormente, fue presentado ante las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen.
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La entidad explicó que la imputación por acceso carnal violento agravado supone una acusación formal dentro del proceso penal, pero no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad definitiva y que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se deberán controvertir y valorar las pruebas recopiladas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar con la investigación para establecer las circunstancias precisas en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen otros elementos que permitan sustentar la acusación.
La mujer, por su parte, hace parte del proceso como presunta víctima y cuenta con los derechos reconocidos por la legislación colombiana, pero Dante Jhons Martínez Valencia permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario y se presume inocente mientras no exista una sentencia judicial en firme que determine su responsabilidad penal.
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