Los cambios en las retenciones deberán pasar por el Congreso para evitar un freno de la Justicia

La aplicación de un gravamen en concepto de derecho a la exportación que anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como parte del paquete de medidas para superar la crisis económica, tiene que ser discutido en el Congreso con la oposición, según advirtieron empresarios del sector exportador y especialistas en leyes aduaneras.

El funcionario, durante la conferencia de prensa en la que explicó las nuevas medidas del Gobierno para lograr el equilibrio fiscal, señaló que este incremento de los Derechos de exportación implicarán una recaudación adicional en 2019 de $280.000 millones (algo más de USD 7.000 millones al tipo de cambio actual).

Para arribar a este resultado, la cartera de Hacienda calculó ingresos extra de $4 por cada dólar de las exportaciones primarias y $3 por dólar para el resto de las exportaciones. Pero al mismo tiempo anunció una reducción al 18% en la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja, que componen el rubro principal de las exportaciones del agro.

Sin embargo, y según afirmaron empresarios del sector exportador a Infobae, este nuevo gravamen deberá discutirse en el Congreso. "No pueden ser aumentadas por decreto. Si bien el gobierno lo hizo en mayo con el biodisel, invocando las facultades delegadas del código aduanero, eso es inconstitucional", señalaron, y recordaron un fallo de la Corte Suprema del año 2014 que favoreció a una empresa pesquera.

El máximo órgano de Justicia planteó en el fallo dictado en la causa "Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía y otros s/amparo", firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi, que "las retenciones son tributos". Y que, en consecuencia, el código aduanero (art.755) es inconstitucional porque delega en el presidente la creación del tributo violando el principio de legalidad.

Durante su exposición, Dujovne no detalló de qué manera se implementarán estos nuevos impuestos, si mediante una ley o un decreto. En todo caso, en el sector exportador adelantaron que "podrán ir las empresas a la Justicia y pedir medidas cautelares o acciones de amparo con alta probabilidad de éxito porque tienen el antecedente del caso 'Camaronera' resuelto por la Corte".

Por su lado, el presidente Mauricio Macri también se refirió a estos anuncios económicos: "Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina (…) Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina, pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte".

Con esta medida, el Gobierno busca apropiarse de la renta excepcional que les genera a los sectores exportadores el fuerte salto cambiario. Si bien la diputada Elisa Carrió escribió en Twitter que "no se toca el programa del campo de disminución de retenciones", podría tratarse casi de un juego semántico. Aun cuando se mantenga el programa de baja de retenciones de 0,5% por mes a la soja, igual las exportaciones agropecuarias estarían sujetas al gravamen que se anunciará hoy. Y lo mismo el resto de los sectores: economías regionales, mineras, e incluso exportaciones industriales.

Por otro lado, el Gobierno dispuso hoy la suspensión transitoria de las exportaciones de soja y derivados. La medida también incluye a la avena, centeno, mijo, cártamo, lino, aceite de uva y colza y sus derivados, con el objetivo de evitar ventas anticipadas a la suba de retenciones.

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