La investigación que comenzó a partir de la revelación de los cuadernos de Oscar Centeno avanza todos los días. Ya es habitual que empresarios involucrados en el presunto esquema de corrupción que destapó el ex chofer de Roberto Baratta se presenten en los tribunales Comodoro Py para acogerse a la figura del arrepentido. Ayer por la tarde, por ejemplo, se acercó a la fiscalía de Stornelli Gabriel Benjamín Romero, dueño del grupo EMEPA.
En este contexto, el fiscal Federico Delgado analizó los alcances que tiene la ley que fue aprobada por el Congreso en 2016. "Es un dilema ético y es complicado que el Estado, cuyo lenguaje se supone que es la ley, pacte con delincuentes y confiese casi su impotencia: 'Como no te puedo descubrir, vení, contame y yo te doy algo'", comenzó en diálogo con Luis Novaresio en A24.
El fiscal diferenció la ley que existe Brasil, donde fue utilizada por los implicados en el Lava Jato, de la norma argentina. "En Brasil los tipos confiesan, se quedan con una parte de la plata que robaron y ganan tranquilidad de por vida, siempre y cuando no mientan y prueben lo que dicen. En la Argentina el sistema es más ambiguo. Hay un pago a cuenta que es que algún día te van a bajar la pena cuando haya un juicio oral. Y mientras tanto hay pequeño pagos, el más importante es permanecer libre", contó.
"Eso genera cierta bronca y es difícil de explicar. Es legal, pero no es justo. Al hombre de a pie, que trabaja 12 horas por día, ¿cómo le vas a explicar que alguien que robó se arrepiente y consigue la libertad? Es complicado en términos éticos y en términos de justicia", completó.
En sea línea, el funcionario judicial sostuvo que la ley del arrepentido "es la expresión de 'el fin justifica los medios'". "Es pragmatismo puro, en un punto el Estado renuncia a cualquier fin normativo y a cualquier fin justo", remarcó.
Delgado recordó que el imputado colaborador "tiene que decir cosas que se puedan corroborar". "Tiene que dar nombres, fechas, un depósito, una fotografía, un teléfono. Si al juez y al fiscal eso les parece verosímil hacen un acuerdo y tienen un plazo para verificarlo. Si es mentira, el acuerdo cae. Además, es un delito engañar al juez y al fiscal", indicó.
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