El juez federal Claudio Bonadio homologó el acuerdo a través del cual Oscar Centeno, el ex chofer del ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación Roberto Baratta, solicitó ser acogido por el sistema de testigos protegidos.
Además, el magistrado ordenó su liberación.
Centeno fue incorporado de manera provisoria al sistema tras haber manifestado que tiene temor por su familia por haber declarado en la causa que involucra a empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo.
El jueves, Centeno declaró por primera vez, algo que amplió ayer y, tras escuchar la segunda parte de su testimonio, Bonadio decidió excarcelarlo.
Ahora, tras homologar el acuerdo que el chofer había entablado con el fiscal Carlos Stornelli, será considerado un imputado colaborador.
Bonadío rechazó pedidos de excarcelación
El juez Bonadio rechazó los pedidos de excarcelación que plantearon empresarios y ex funcionarios, todos detenidos en el marco de la causa que investiga los supuestos pagos de coimas por la obra pública durante el kirchnerismo.
Entre los que pidieron su excarcelación estaban el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner; el presidente del Grupo Albanesi, Armando Loson; el ex presidente de ENARSA Walter Fagyas; el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; y el vicepresidente de ese grupo empresario, Jorge Guillermo Neira.
El viernes por la mañana, además, se entregó ante Bonadio en Comodoro Py el ex asesor del Ministerio de Planificación Federal Fabián García Ramón y el empresario Juan Carlos De Goycochea, exdirectivo de la sede argentina de Isolux Corsán, con lo cual sólo quedaban dos prófugos en la causa.
La investigación tiene como principal elemento de prueba el material que periodistas del diario La Nación le entregaron a la Justicia en abril pasado, que incluye copias de ocho cuadernos escritos por Centeno, donde detallaba el traslado de supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública durante el kirchnerismo.
La Justicia calificó esos cuadernos como una "bitácora del delito" de casi diez años: en ellos se consignaron direcciones, horarios, patentes de vehículos, montos de dinero que se movían, nombres de empresarios beneficiados con obra pública y de ex funcionarios.
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