Tras el receso legislativo, la comisión bicameral que investiga la tragedia del ARA San Juan retomó las audiencias

El oficial naval que prestó declaración fue reprendido por su trato despectivo hacia los familiares y la comisión decidió elevar una queja al Jefe de Estado Mayor de la Armada

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En lo que constituyó el reinicio de la actividad de la comisión bicameral que intenta determinar las responsabilidades respecto de lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, este jueves compareció ante los legisladores y familiares de los marinos desaparecidos el jefe de Operaciones de la base naval Mar del Plata, capitán de fragata Walter Ramón Miranda.

El militar, quien poco pudo aportar a la investigación ya que según sus propias declaraciones no recuerda demasiado, generó malestar entre los presentes por los reiterados intentos de desacreditar al suboficial primero Rubén Espínola, quien en un anterior testimonio había sostenido que mientras estaba de guardia en la estación de radio de la base naval había percibido tres intentos de comunicación (cada uno en una frecuencia distinta) que podrían haber provenido del ARA San Juan, y que esas presuntas conexiones se dieron varias horas después de lo que la Armada sostiene que fue el momento de la supuesta explosión o implosión de la nave.

Miranda, que ante cada pregunta complicada se escudó alternativamente en sus limitaciones profesionales por no ser ni oficial submarinista ni experto en comunicaciones, e incluso hasta en el "secreto militar", intentó reiteradamente desdibujar el testimonio de Espínola.

Si bien en varias oportunidades destacó el profesionalismo y experiencia del mencionado suboficial, insistió hasta exasperar a los diputados y senadores presentes en que lo que Espíndola había escuchado eran simples "ruidos". En más de una oportunidad fue reconvenido para que aclarara el término, a lo que respondió que siempre las emisiones radiales pueden interpretarse como ruidos para el oído "poco entrenado".

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El capitán de fragata además procuró despegarse de cualquier responsabilidad o conocimiento sobre la operación del San Juan, al aclarar que su rol de jefe de Operaciones de la base lo ubica en un rol funcional que se limita a dar apoyo logístico a la zarpada y entrada de los buques militares a las instalaciones portuarias.

No obstante, se asumió como responsable de la fuga a los medios de las frecuencias radiales en las que operan los submarinos de la Armada, ya que aún a sabiendas de que la documentación relacionada con la supuesta escucha de Espínola saldría de la órbita naval, exigió a este que anotara con exactitud cada una de las frecuencias en que se escucharon los intentos de comunicación.

El otro aspecto de su declaración que abrió interrogantes en la concurrencia fue el que se relaciona con una supuesta comunicación telefónica que la jueza de Caleta Olivia Marta Yáñez, a cargo de la investigación, habría realizado a la Base Naval para que se le tome una suerte de declaración ampliatoria a Espíndola en la que debía detallar lo que creía haber escuchado aquella tarde del 15 de noviembre de 2017 a las 14:48. Esta particular afirmación contrasta con lo que es la práctica judicial habitual, que indica que cualquier requerimiento, por simple que sea, se documenta mediante la remisión de un oficio o cédula. A todo esto, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los oficiales desaparecidos, sostuvo ante Infobae que en el expediente judicial en trámite no figura ninguna constancia de lo afirmado por Miranda.

Malestar general

Lucía Zunda Meoqui, hermana de otro de los oficiales integrantes de la dotación del San Juan, efectuó una pregunta muy sencilla al capitán Miranda en su carácter de buzo naval. La misma refirió a cuál era la profundidad a la que los buzos tácticos de la fuerza se podían sumergir. La requisitoria mereció una destemplada respuesta por parte del militar, quien expresó que no iba a rendirle cuentas a un familiar sobre cuestiones que hacen a la "seguridad militar".

Estos y otros desplantes que el testigo tuvo para con familiares y los propios legisladores llevaron a un clima de tensión que derivó en que la senadora Odarda recordara al marino que antes de soldado era un ciudadano. En el mismo sentido se expresó el diputado Gabriel Carmona y finalmente el presidente de la Comisión, José Ojeda, quien manifestó que se haría llegar una queja al propio jefe del Estado Mayor de la Armada por un mal trato creciente por parte del personal militar que presta declaración para con sus interlocutores civiles.

El segundo testigo citado a declarar era el suboficial primero Martín Ramón Polo, pero una afección cardíaca sufrida en las últimas horas lo dejó fuera de la ronda testimonial.

Un pedido inesperado

En medio de la lista de funcionarios civiles y militares que la Comisión tiene previsto citar, un nombre generó particular interés: se trata de Viviana Díaz Carrizo, esposa del desaparecido capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo, quien al momento de la tragedia ocupaba el cargo de Segundo Comandante del Submarino San Juan. Según manifestó la Senadora Odarda, la mujer espontamente desea ofrecer su testimonio para dar cuenta del contenido de las conversaciones que había mantenido con su esposo en las horas previas a la jornada fatal.

Vale recordar que el padre del nombrado Segundo Comandante, Capitán de Navio (RE) Jorge Bergallo es también submarinista e integra la comisión ministerial encargada de determinar las razones técnicas de la desaparición de la unidad naval.

Próximas citaciones

Aprovechando lo breve de la jornada, la bicameral abordó cuestiones de forma propias de la labor parlamentaria y asimismo confeccionó el listado de los próximos citados. Entre ellos se destacan Oscar Aguad (ministro de Defensa), Graciela Villata (actual secretaria de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Defensa), Juan Mocoroa (subsecretario de Legales del Ministerio de Defensa), Horacio Chighizola (viceministro de Defensa) y Gabriel Piscicelli (abogado naval e instructor del sumario que dejó fuera de la carrera naval al contraalmirante López Mazzeo, supuestamente por haber arriesgado la vida de la tropa y el material de la Armada).

Para el caso especial del ministro Aguad, la comisión lo citará para que comparezca en un plazo no mayor de 15 días, a efectos de que garantice la pronta firma de la adjudicación de las tareas de búsqueda de la nave no bien finalice la etapa de adjudicación actualmente en curso.

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