Otra mala noticia para Cristina Kirchner: pidieron elevar a juicio oral la causa Los Sauces

La ex presidente Cristina Kirchner recibió dos malas noticias en el plano judicial. Por un lado, el juez federal Claudio Bonadio volvió a pedir su desafuero para detenerla, esta vez en una causa en la que se la investiga como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas de la obra pública.

La segunda era previsible: los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción y pidieron elevar a juicio oral el caso Los Sauces, donde se investiga un entramado de operaciones inmobiliarias para cometer diversos delitos.

Además de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, deberán sentarse en el banquillo de los acusados Romina Mercado, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Norma Abuin, Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Albornoz, Luciana Báez, Leandro Báez, Martín Báez, Emilio Martin, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Oscar Alberto Leiva, Carlos Alberto Sancho, Rolando D'Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Romero.

Según los fiscales, durante la investigación se pudo corroborar "la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos y luego con esos fondos iniciar un camino de retorno de dichos fondos a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la ex familia presidencial".

Y especificaron: "La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

"Para lograr sustraer los fondos del Estado, algunos de los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional; convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad gracias a la asignación de obras por más de 16 mil millones de pesos; seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción; y acordaron generar un éxito continuo y permanente del plan delictivo concertando sucesivos proyectos perjudiciales para hacerse ilícitamente de los fondos públicos", continuaron.

Los fiscales, además, señalaron que: "Los planes criminales llevados a
cabo por esta organización delictiva no se agotaban en la sustracción de fondos al Estado Nacional y en la concesión de beneficios exclusivos, sino que esta misma organización, con alguno de sus integrantes y la incorporación de nuevos, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción del dinero de los empresarios atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pero esta vez, ocupando otro rol, en una faceta privada, a través de la instrumentación de distintas maniobras, tales como el lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades".