El gobierno argentino evalúa por estas horas presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia contra Venezuela por la violación a los derechos humanos y la existencia de delitos de lesa humanidad.
Según confirmaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería y de la Casa Rosada, el tema se analizó en el más alto nivel y la intención del Gobierno es pedir a la Corte Penal Internacional que abra una causa contra el régimen de Nicolás Maduro por la ejecución de delitos de lesa humanidad. El tema no es menor si se tiene en cuenta que este tribunal es la instancia suprema a nivel mundial para acusar a un país de violar los derechos humanos.
"Creemos que es importante llevar de una vez por todas las denuncias de lesa humanidad que hay en Venezuela ante la Corte Penal Internacional para poner un freno a la dictadura de Maduro. Y la Argentina se constituirá, así, en líder de la región en esta bandera por los derechos humanos", dijo un funcionario de la Cancillería.
La presentación de la Argentina ante la Corte de La Haya se sustentará en un duro informe sobre Venezuela que elevó hace un mes un comité de expertos de la OEA, entre los que se encuentra el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón.
De hecho, según pudo saber Infobae, Cantón se reunió días atrás con el canciller Jorge Faurie y con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo para analizar el tema de Venezuela.
La decisión de la Argentina de avanzar con este tema se empezó a cerrar una vez que se presentó el informe de la OEA y cuando la semana pasada el Parlamento de la Unión Europea aprobó una misión para apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el dictador Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad y actos de represión del régimen chavista contra la población civil venezolana.
"El objetivo es lograr apoyo de los Estados para que se lleve la denuncia de la OEA a la Corte penal Internacional y de una vez se empiecen a analizar los delitos de lesa humanidad que hay en Venezuela. Por ello, la decisión de Argentina sería muy relevante porque lleva el tema al plano internacional y posiciona al gobierno de Macri en la región en las denuncias contra Maduro", dijo Cantón a Infobae.
La OEA no pudo presentar su denuncia de manera formal ante la Corte Penal Internacional ya que para ello necesita del consenso general de sus miembros y los países de línea chavista se oponen. Por ello, la decisión de la Argentina de analizar ahora su presentación en La Haya.
En estos momentos hay una investigación preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el tema Venezuela. Pero si algún Estado lo presenta tiene que abrirse un caso concreto en la Corte. Es decir que la presentación de la Argentina exigiría que ese tribunal abriera un caso.
"Está el informe nuestro de la OEA y la presión de la Argentina podría ser suficiente para que la Corte penal Internacional avance contra el régimen de Maduro", acotó Cantón, que en las próximas semanas viajará a La Haya para evaluar la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
También está en la Corte Penal Internacional el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aunque el trabajo de los expertos de la OEA es el único que se tuvo en cuenta en función de las exigencias de la Corte Penal Internacional para determinar un delito de lesa humanidad.
Cantón dijo que en el informe de 400 páginas que elevó la OEA con el aval del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, se encontraron "pruebas razonables en los delitos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política y una crisis humanitaria"
El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA encontró "fundamento suficiente" de crímenes de lesa humanidad en Venezuela
en su informe del 29 de mayo pasado. Allí concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.
El panel de expertos estuvo conformado por Cantón, el canadiense Irwin Cotler y Manuel Ventura Robles, de Costa Rica.
El informe, de 400 páginas, apoyado por otras 400 páginas de anexos, se divide en dos partes. La Parte I, redactada por la Secretaría General de la OEA, incluye material de testigos que comparecieron durante las audiencias públicas organizadas en septiembre, octubre y noviembre de 2017, así como material recopilado de partes interesadas, la sociedad civil venezolana y organizaciones intergubernamentales.
La Parte II del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, y en ella se presenta una evaluación jurídica de la información recopilada, un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes, así como sus conclusiones y recomendaciones.
El informe de la OEA incluye los siguientes puntos:
- 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la Secretaría General.
- Docenas de testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas entregadas a la Secretaría General, a lo largo del proceso.
- Documentos escritos entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Entre otras conclusiones del informe, se identifica a 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos. Identifica 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015. Y más de 12.000 venezolanos arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física desde las elecciones presidenciales de 2013. Denuncia más de 1.300 presos políticos: personas que han sido detenidas o aún lo están por su oposición al gobierno.
A la vez, identifica un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil en Venezuela.
La Corte Penal Internacional resolvió casos de delitos de lesa humanidad en los Balcanes y en África. En América Latina hubo estudios preliminares de casos en Colombia y Honduras.
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