
Un proyecto de ley busca erradicar un problema recurrente en las elecciones: las mentiras de campaña. ¿Cómo? Aplicando penas severas para quienes incumplan con sus promesas o programa, que incluyen desde la inhabilitación para ejercer un cargo como funcionario público hasta días de cárcel.
La iniciativa es impulsada por el senador provincial Alejandro Abraham (PJ- Podemos) y apunta a modificar la ley electoral de Mendoza, para incluir una penalidad severa a quienes violen su propia palabra o mandato programático.
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"Las campañas de marketing político, por un lado, se centran en difamar y descalificar de manera personal a los posibles competidores electorales, utilizando para ello las herramientas tecnológicas de modernos medios masivos de comunicación", señaló Abraham en los lineamientos del borrador.
Según el senador y ex intendente de Guaymallén, el objetivo es evitar que se deslegitime "el sistema de representación, al vaciar de contenido especifico las propuestas que los candidatos presentan a los ciudadanos, los que una vez elegidos no dudan en llevar adelante políticas y decisiones arbitrariamente contrarias a las afirmaciones efectuadas durante la campaña electoral".
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Para evitar este tipo de actitudes que afectan a la democracia, Abraham propuso en su proyecto que el candidato o candidata que "con engaños indujera a otros a sufragar de determinada forma o abstenerse de hacerlo", podrá ser arrestado por un plazo que va de los 10 a los 30 días y una inhabilitación por cinco años.
Estos engaños tienen que ver con "difamar, injuriar o calumniar a otro candidato". Es decir, "sancionar la conducta desleal", explicó Abraham al diario UNO.
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Pero las penas de prisión alcanzan al punto más controversial de la propuesta, que es sancionar a los dirigentes que incumplan con su plataforma o promesas de campaña.
"Se impondrá arresto de 15 a 60 días e inhabilitación por el término de 10 años para presentarse a elecciones", reza el artículo que pretende incluir Abraham en la Ley Electoral.
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En ese sentido, el senador recordó la campaña de Mauricio Macri para Presidente, en la que prometió no devaluar, controlar la inflación, y no llevar adelante aumentos tarifarios grandes.
"Confío en que sea apoyado por el resto de las fuerzas, el Partido Intransigente tiene uno similar a nivel nacional, falta saber qué dirá el radicalismo, el PRO y el FIT (Frente de Izquierda)", señaló Abraham.
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A nivel nacional, existe una iniciativa parecida del diputado José Luis Ramón que pide sancionar con "con prisión de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación por doble tiempo para ocupar cargos públicos y multa de $250 mil a $1 millón, a todo funcionario público que incumpliere en su gestión, las promesas realizadas en campaña electoral a la población".
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