
Un profesor titular a dedicación exclusiva en una universidad autónoma venezolana con doctorado, obra publicada y unos 15 años de experiencia devenga un sueldo mensual equivalente a 59 centavos de dólar.
Ese es el salario más alto del escalafón de quienes prestan sus servicios a las principales casas de estudios de Venezuela, según el registro elaborado por Álvaro Muñoz, ingeniero informático y académico jubilado de la Universidad Simón Bolívar (USB).
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“Así es como se valora la educación superior en este país”, se quejó en sus redes el economista Leonardo Vera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV), máster en Economía en la Universidad Roosevelt de Chicago, Ph.D en Economía de la Universidad de East London, y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
El régimen chavista mantiene congelado el salario mínimo desde 2022, cuando lo fijó en 130 bolívares. Al cambio oficial, hoy representa 14 centavos de dólar, monto que se utiliza para calcular los pasivos laborales.
Pulverizado el salario mínimo, el Ejecutivo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que alcanza los 240 dólares mensuales, pero no tiene incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores.
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Gremios y sindicatos rechazan lo que denominan la “bonificación del salario” y advierten que estos pagos no solo son insuficientes, en un país donde la canasta alimentaria familiar supera los 760 dólares, sino que se reparten de manera caótica y discrecional, pues no cubren a todos los trabajadores activos y jubilados.
Los profesores universitarios están en la vanguardia de las manifestaciones contra el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el pasado 29 de octubre encabezaron una jornada de protesta nacional para exigir mejoras salariales. La Asociación de Profesores de la UCV señaló que su bono de fin de año no llegará ni a 10 dólares.
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Comisiones
Tras los últimos ajustes aprobados por el Ejecutivo, las comisiones que cobran los bancos por mantener las cuentas sobrepasan el monto de la pensión, que se ubica en 130 bolívares. Por esa razón, el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores solicitó la revisión de estas tarifas.
“Es inadmisible que, después de toda una vida de trabajo, nuestros mayores tengan que defenderse hasta de los bancos para disponer de sus propios ingresos”, expresaron ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
Los afectados indicaron que “no basta con depositar una pensión o jubilación: hay que garantizar que sus beneficiarios puedan disponer de ella sin sufrir descuentos contrarios a la ley”.
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