Presuntos miembros de la Segunda Marquetalia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habrían tomado las instalaciones de una escuela de Fe y Alegría en el municipio minero de Cedeño del estado Bolívar, al sur de Venezuela.
“Docentes y familias han tenido que salir de la comunidad por razones de seguridad. Para los niños y niñas, la escuela dejó de ser un espacio seguro”, manifestó Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización que se dedica a defender y promover los derechos de la población infantil.
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El gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha fijado posición sobre este hecho.
Trapani recordó que hace un año el Estado venezolano admitió que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC operaban en la zona de Los Pijiguaos, donde se registró el asalto contra la sede de Fe y Alegría.
En agosto pasado, voceros de la comunidad indígena denunciaron el secuestro y asesinato del dirigente local Julio Rodríguez por parte de hombres de las disidencias de las FARC, que además atacaron a los lugareños con drones y artefactos explosivos.
Medios locales reseñaron el sobrevuelo de aeronaves militares venezolanas en esta misma región, con el fin de combatir al ELN. El despliegue militar obligó a la evacuación de la empresa estatal CVG Bauxilum Los Pijiguaos, según los testimonios prácticamente paralizada por las amenazas de los criminales.
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Sin respuesta
“Ese contexto permite dimensionar lo que ocurre hoy en La Batea y Punta Brava (pueblos indígenas del municipio Cedeño): presencia de hombres armados, controles sobre habitantes, amenazas, retenciones, salida de familias y docentes y afectación directa de una escuela”, señaló Trapani.
El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) consideró importante subrayar que el Estado venezolano estaba al tanto de esta situación desde octubre de 2025, para indicar que “la protección de la niñez no comienza cuando la violencia entra en una escuela. También exige anticiparse para evitar que llegue hasta ella”.
“La respuesta no puede limitarse a retirar a los hombres armados del plantel. Hay que proteger a las familias y docentes, identificar a niños y adolescentes en riesgo, garantizar continuidad educativa, prevenir reclutamiento y explotación, atender a quienes han salido e investigar los hechos”, exigió Trapani.
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Casi al mismo tiempo en que se registraba la incursión de las disidencias de las FARC en Bolívar, trascendió la versión extraoficial sobre un supuesto ataque ejecutado por la Fuerza Armada Nacional contra un presunto centro de acopio de drogas del ELN en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Las autoridades venezolanas tampoco han declarado al respecto.
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