La tensión económica le agrega inquietud a la paritaria entre el Gobierno y los estatales

Andrés Ibarra, el ministro de Modernización que oficia como el gerente de Recursos Humanos del Gobierno en el esquema que armó Mauricio Macri, está preocupado.

Las novedades económicas de las últimas semanas –la crisis con el tipo de cambio, la espiral inflacionaria y el anuncio del inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI– le cayeron justo en el peor momento.

En estas semanas, el ministro -que hace unos días estuvo en Casa Rosada junto a Miguel de Godoy, el saliente titular del Enacom- tiene que empezar a cerrar la paritaria estatal, que alcanza a poco más de 150.000 empleados de la administración pública nacional y cuyas negociaciones aún no arrancaron formalmente. Es la única discusión salarial en la que el Gobierno se sienta a la mesa como empleador.

Ibarra tiene la orden de alcanzar un acuerdo que no trepe más allá del 15 por ciento, en línea con la meta inflacionaria que Macri todavía mantiene aunque ni él ni su equipo económico crean poder cumplir hacia fin de año.

"El 15% no es lógico. El año proyecta una inflación de 22, 23 por ciento, por lo bajo", aseguraron a Infobae desde el entorno más íntimo de Andrés Rodríguez, el líder de UPCN, el gremio que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores estatales.

Rodríguez es uno de los sindicalistas que mantiene una buena relación con la Casa Rosada. Pero la dispersión gremial, la tensión social, los proyectos de Reforma Laboral que el Poder Ejecutivo quiere discutir en el Congreso y los últimos desatinos de la gestión económica tiñen con un manto de inquietud la discusión salarial de los empleados estatales.

A fines de semana, para colmo, la UOM rompió el techo salarial que impulsa el Gobierno: acordó por encima del 18%. Un baño de realidad.

"En los próximos días vamos a plantear las posturas. Hay mucha preocupación", explicaron desde el gremio horas después del mensaje oficial en el que el Presidente anunció que empezaba a negociar un crédito "preventivo" con el FMI.

Hace poco más de una semana, en medio de la primera escalada del dólar que causó pánico en buena parte del gabinete, Macri analizó en una de las tradicionales reuniones de seguimiento las paritarias provinciales junto al ministro Rogelio Frigerio, uno de los encargados de aceitar la relación con los gobernadores.

En una hoja de diseño, el ministro le mostró cómo habían cerrado hasta ahora las provincias sus acuerdo salariales. En rojo, las que lo hicieron por arriba de la meta inflacionaria -15,7% el número estimado, según el cálculo oficial-; en amarillo las que cerraron entre el 10% y esa cifra, y en rojo las que lo hicieron igual o por encima de ese 15,7 por ciento.

11 de los gobernadores, en su mayoría del peronismo -aunque hay dos del oficialismo-, integran este último grupo. El pelotón lo encabezan San Luis -40%-; Catamarca -20,2%-; Formosa y Santiago del Estero -20%-; Corrientes -18,5%-; Santa Fe -18%-; Entre Ríos, San Juan y Tucumán -17%-; Río Negro -16,5%-, y Mendoza -15,7%-.

Las provincias más austeras este año fueron Santa Cruz y Jujuy, que otorgaron aumentos de solo el 5 por ciento.

El próximo mes, los estatales de la administración nacional terminarán de cobrar la última cuota -en marzo se dividió en cuatro- del 4,8% del ajuste automático por inflación a raíz de la cláusula gatillo pactada el año pasado, en el acuerdo que Ibarra y los gremios cerraron en torno al 20 por ciento. Tanto el ministro como el sindicalismo quieren tener cerradas las negociaciones para principios de junio.

La diferencia es que este año dejó de existir la clausula gatillo y se puso de moda la clausula de revisión, que no se aplica en forma automática si la inflación supera lo pronosticado sino que depende de la voluntad de las partes en volver a sentarse a la mesa de negociaciones. Desde el Gobierno ya admiten que es probable que deba instrumentarse. El acumulado de inflación en el primer trimestre del año ya alcanzó el 6,7%.

Lo curioso es que en las oficinas del Ministerio de Modernización hubo momentos de zozobra al momento de aplicar la cláusula gatillo para los sueldos de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado, a quienes a principios de este año se les anunció un congelamiento de salarios por decisión presidencial, una maniobra para desviar la atención de la opinión pública tras una serie de desatinos que la gestión de Macri inauguró durante el verano.

Hubo llamados internos para averiguar si el ajuste por inflación del 4,8% relacionado al acuerdo del 2017 se aplicaba o no a los sueldos de la planta política que este año fueron congelados. Desde Jefatura de Gabinete avisaron que sí correspondía.

SEGUÍ LEYENDO:

Nuevo respaldo de empresarios al acuerdo con el FMI: "Es un buen auditor para el país"

Ni la negociación con el FMI alcanza aún para contener al dólar

FMI, dólar y un debate de fondo: ¿es posible un ajuste salvaje?