El Ministerio Público de Honduras presentó requerimiento fiscal contra 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras por malversación imprudente, en una causa derivada del caso por la sustracción de más de 88 millones de lempiras —monto equivalente a aproximadamente 3.31 millones de dólares, de una bóveda de la institución. La acción fue admitida por un juzgado de San Pedro Sula.
Las nuevas acusaciones surgieron durante el proceso judicial contra la exfiscal Francia Sofía Medina, declarada culpable por la sustracción ilegal de más de 88 millones de lempiras de una bóveda del BCH.
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Según el portavoz del Ministerio Público Yuri Mora, la investigación identificó incumplimientos administrativos que habrían debilitado los mecanismos de seguridad y control de la institución.
“Esta línea de investigación nace directamente del caso de la exfiscal Francia Sofía Medina, quien fue acusada y encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras del Banco Central”, señalo.
Fiscalía investiga irregularidades
De acuerdo con la Fiscalía, los ahora imputados habrían incumplido procedimientos vinculados con el manejo, custodia, devolución y entrega de evidencias, aspectos considerados fundamentales para proteger los recursos y bienes bajo resguardo de la entidad estatal.
La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con sede en San Pedro Sula, que dio paso a una nueva etapa judicial en el caso.
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La Fiscalía sostiene que las responsabilidades no se limitan a quien ejecutó la sustracción de los fondos, sino que también alcanzan a quienes, por acción u omisión, habrían incumplido los protocolos y controles internos destinados a proteger los recursos públicos.
Capturas y situación de los acusados
Como parte de las acciones de las autoridades, cuatro de los señalados fueron capturados en San Pedro Sula, mientras que otro imputado fue detenido en Choluteca y luego trasladado a la zona norte para comparecer ante los tribunales competentes.
El Ministerio Público informó que tres de los acusados, que continúan trabajando en el Banco Central de Honduras, mantenían conversaciones con fiscales para presentarse voluntariamente ante la Justicia.
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Las autoridades también indicaron que dos personas siguen pendientes de localización y que uno de los señalados está fuera del territorio nacional.
Todos forman parte del mismo requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía y enfrentarán el proceso judicial bajo la acusación de malversación imprudente.
La postura de la defensa
La abogada Ela Cueva, representante legal de varios de los imputados, dijo que el proceso apenas comienza y que será durante las audiencias correspondientes cuando se conozcan formalmente los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
También señaló que su objetivo es velar por el respeto de las garantías constitucionales de sus representados y recordó que todos los acusados gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.
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Además, sostuvo que las órdenes de captura constituyen una fase inicial del procedimiento y que será la autoridad jurisdiccional la encargada de determinar si existen elementos suficientes para vincular a los imputados con los hechos investigados.
Las audiencias iniciales de los acusados están previstas para los próximos días en los tribunales de jurisdicción nacional en San Pedro Sula, donde el Ministerio Público presentará los hallazgos recopilados durante esta fase de la investigación.
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