De Skanska a Odebrecht: tiempos eternos y nuevas tensiones marcan a la Justicia

El nombre de la empresa sueca Skanska está asociado al primer gran escándalo por sospechas de coimas en la era kirchnerista. Y quizá sea el ejemplo más sonoro de silenciamiento y freno a una investigación desde el poder: el caso quedó envuelto durante más de una década en penumbras judiciales, hasta que fue rehabilitado. Pero ya en el desarrollo inicial de esa causa aparecieron datos que hablaban de otras presuntas coimas, esta vez asociadas a una estrella regional de la corrupción privada-estatal: Odebrecht. La causa es conocida como Skanska II. Todo un símbolo.

Odebrecht volvió a los titulares locales ayer, con el procesamiento del ex ministro Julio De Vido por actos que favorecieron a la empresa en la construcción de gasoductos. La medida fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas y alcanzó también a otros tres ex funcionarios.

Odebrecht, es sabido, admitió hace tiempo haber repartido en la Argentina más de 35 millones de dólares en coimas, entre 2007 y 2014. Los procesamientos referidos aparecen ahora como una estribación algo tardía del terremoto brasileño.

No es la única investigación que involucra a esa megaconstructora. Tampoco, la única en que aparece denunciado el ex ministro de Planificación. De Vido también ocupa los principales renglones de la causa original de Skanska, que debió esperar doce años antes de ser reactivada: nació en 2005 como un caso de evasión fiscal y facturas truchas, giró a un tema de sobornos, pasó a la justicia federal en medio de presiones del primer gobierno kirchnerista, y fue dejada en la banquina con la anulación de una prueba central, luego revalidada. Hoy sigue su curso.

Otro símbolo: para algunas causas, los años pasan como si fueran apenas meses. Son procesos que parecen eternos y más de una vez, acompañados por idas y vueltas, medidas inentendibles para el común de la gente y difíciles de explicar para los expertos. Algunas prisiones preventivas discutibles y luego revertidas alimentan las perplejidades, que por acumulación o por su magnitud provocan cada tanto enorme malestar social. La última postal fue aportada por la liberación y el alivio judicial que favorecieron al empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa.

Eso explica en parte o tiñe el cuadro de tensión que vive la Justicia en estas horas, en especial la Corte Suprema y el sistema de jueces federales de Comodoro Py. Son, por supuesto, parte de una historia que involucra al Gobierno, pero sería un error interpretar todo como un simple juego de poder, con prescindencia del contexto más global.

Algunas de las mayores expectativas, en el plano mediático y también en el oficialismo y en los más altos niveles de la Justicia, son alimentadas en estas horas por las especulaciones acerca de la medida que podría tomar la Cámara de Casación sobre la decisión de Cámara federal que favoreció a Cristóbal López.

Esa medida, firmada por Jorge Ballestero y Eduardo Farah, dispuso la libertad del empresario kirchnerista –tema opinable- y cambió la calificación del delito –tema escandaloso-, que pasó de fraude contra el Estado a apropiación indebida de impuestos. Casación deberá definir si avala ese criterio.

Con todo, esa cuestión de fondo -es decir, la resolución de esta instancia superior de la Justicia-, no amortiguaría los malestares internos generados por la resolución de Ballestero y Farah. Incluso en el circuito de los jueces federales se vive de mala manera el impacto de la medida en términos de la imagen del fuero, que por supuesto no resulta afectada por primera vez.

Esas señales de disgusto tuvieron además expresión en la Corte Suprema. El tribunal lo hizo saber de un modo que no registra antecedentes, al menos recordados. Ricardo Lorenzetti y los otros cuatro integrantes de la Corte solicitaron por escrito al Consejo de la Magistratura que investigue si se cometieron irregularidades en la conformación de la sala de la Cámara Federal para pronunciarse en el caso Cristóbal López. Fue un gesto político, público, que impactó además en medios del fuero federal.

Por supuesto que la política no estuvo ajena a los hechos. Antes que nadie, Mauricio Macri había cuestionado con dureza la decisión de Ballestero y Farah. Lo siguieron otros funcionarios y se generó incluso una acotada polémica sobre si el Gobierno no había puesto un pie en el límite de lo aceptable para la relación entre los dos poderes. Quedó allí, después de que el Presidente marcara la cancha, sobre todo frente a la opinión pública.

Resulta claro en estas horas que existe una superposición o cruce de tensiones. Es sabido el fastidio en el oficialismo por la decisión de la Corte que inhabilitó un nuevo Tribunal Oral Federal, el número 9. Esa decisión puso en duda además otros movimientos impulsados por el Gobierno en función de una ley aprobada a fines de 2016 por impulso directo de Macri. Tal vez esta semana la Corte establezca precisiones sobre los alcances de aquella medida.

No es la única cuestión en juego. También Lorenzetti buscó colocar en terreno del Gobierno el grave problema de las filtraciones de escuchas telefónicas –en este caso, los muy difundidos diálogos entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli-, que están bajo su órbita y que en la ejecución corre por cuenta de la Agencia Federal de Inteligencia.
La pregunta repetida en estas semanas de tensiones es si es bueno que los titulares de las páginas políticas estén dominados por cuestiones judiciales.

El lugar común dice que es un mal mensaje. Pero en rigor, sería difícil sostener esa respuesta si el resultado fuera el esclarecimiento y la condena de los hechos de corrupción al amparo del Estado, los viejos y los que puedan ocurrir en tiempo más o menos real.

De ser así, hasta podría tener un sentido preventivo, disuasivo. No sólo se trata de política y Justicia, sino además de percepción social.

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