La ruta del dinero K: la Oficina Anticorrupción y la UIF ratificaron el pedido para que la Justicia indague a Cristina Kirchner

La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) volvieron a reclamar hoy que la Justicia cite a indagatoria a la ex presidente Cristina Kirchner en la causa que se le sigue al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. A principios de diciembre, el fiscal Guillermo Marijuan había realizado una presentación para avanzar en este sentido, pero el juez Sebastián Casanello la desestimó.

En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, ambos organismos sostuvieron que la asignación de contratos de obra pública a las empresas del grupo Austral no solo tuvo por objetivo "sustraer millonarios fondos estatales y otorgarles una apariencia de legitimidad, sino, también, ponerlos en cabeza del patrimonio de Báez, de modo tal de disimular que Cristina Fernández —y su difunto esposo, Néstor Kirchner— resultaban los verdaderos dueños de esa colosal fortuna, lo que quedó demostrado con el reingreso de buena parte de esos bienes al patrimonio de los Kirchner" en las causas "Hotesur y Los Sauces".

En este sentido, el presidente de la UIF, Mariano Federici, sostuvo "que esta reiterada resistencia del juez ocasiona demoras similares a las que ya se vieron en esta investigación cuando su accionar debía involucrar a Lázaro Báez". Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, señaló: "Vamos a agotar todas las instancias legales a fin de que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea citada a indagatoria por el juez Casanello. Creemos que el dinero lavado por Báez proviene del direccionamiento intencionado de las decenas de millones de las obras públicas".

Además, ambos organismos determinaron que es necesaria la intervención de la Cámara Federal al cuestionar "la intransigente postura del juez de no receptar la pretensión de los acusadores de convocar a la imputada a prestar declaración indagatoria".

En la presentación judicial, afirman que el patrimonio consolidado de Báez, que según las tasaciones de la causa supera los 3.000 millones de pesos, "provienen de un ilícito penal", por "la asignación irregular y fraudulenta de contratos de obra pública vial investigados en la causa Nro 5048/2016".

Así, tanto la OA como la UIF sostienen que la ex mandataria tiene "una posición de injerencia determinante para el desarrollo de los sucesos delictivos y de beneficiaria final de todo el entramado delictivo urdido". "Resultaría ingenuo suponer que Lázaro Báez y sus cómplices hacían y lavaban dinero en miles de millones en favor de Cristina Kirchner sin que ella se enterara".

A pesar del reclamo de la Cámara Federal, Casanello consideró que no existen pruebas suficientes para que la ex presidente sea incluida en la causa, algo que generaría "un serio riesgo para la suerte del proceso".

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