El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández explicará hoy en la Justicia la venta de dos vehículos de su patrimonio cuando pesaba sobre él una inhibición dispuesta en el marco de la causa en donde se lo investiga por irregularidades en la implementación del Plan Qunita. Se trata de un BMW y un Toyota por un valor estimado de un millón de pesos.
La semana pasada, la titular de la Fiscalía General número 3 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Gabriela Baigún, denunció al ex funcionario por el eventual delito de "insolvencia fraudulenta" a raíz de estas operaciones. El juez federal Claudio Bonadio procesó el año pasado a Fernández -junto a otros ex funcionarios y empresarios- y solicitó la elevación de la causa a juicio oral por el presunto fraude en el plan Qunita. El magistrado, además, dispuso la inhibición de sus bienes.
Según una investigación del Ministerio Público Fiscal, los vehículos que vendió el ex funcionario formaban parte de su capital y habrían sido vendidos "con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes".
Si bien al momento de ser dictada la inhibición general Aníbal Fernández y otros imputados habían asegurado no contar con bienes para afrontar embargos, una investigación de la Fiscalía realizada con la asistencia de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que incluyó el relevamiento del secreto fiscal, corroboró que la situación no era la señalada.
De hecho, merced a ese trabajo, se pudo determinar que los imputados poseen un total de 60 inmuebles, algunos de ellos con titularidad parcial; 21 vehículos, ocho embarcaciones; acciones en trece sociedades comerciales; 14 cajas de ahorro en dólares; 27 cajas de ahorro en pesos; 6 cuentas corrientes; y créditos con distintas entidades, consignaron las fuentes.
En lo que respecta a Fernández, y según consignó Télam, la denuncia por presunta "insolvencia fraudulenta" se debe a que, en el marco de una inhibición de bienes, "no puede procederse a la venta de ningún bien registrable". "Ningún dinero puede entrar o salir del patrimonio en ese contexto", resaltaron fuentes judiciales, quienes indicaron además que la investigación patrimonial realizada sobre el ex jefe de Gabinete determinó también que el ex funcionario "falseó primero información cuando fue inhibido en la causa y declaró no poseer bienes".
En el marco de este expediente -Qunita- se investigan sobrepagos en la compra de los elementos que conformaron un kit destinado a madres en situación de riesgo social, y se cuestiona que se le haya otorgado la licitación -por más de 1.000 millones de pesos- a seis empresas sin antecedentes en el rubro.
El kit constaba de una cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábanas, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador.
También se proveía a las beneficiarias dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados.
La denuncia que dio origen a este expediente había sido presentada, sobre el final de la gestión de gobierno de Cristina Kirchner, por la entonces legisladora porteña Graciela Ocaña -hoy diputada nacional-, que se basó en el cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos de madres beneficiarias de planes sociales.
De acuerdo a la acusación, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría "direccionado" la licitación para que resulten ganadoras seis empresas con experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
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