
La corrupción en el sistema ferroviario no se terminó con la tragedia de Once. Y excede largamente la línea Sarmiento. La Justicia federal investiga una estafa millonaria contra el Estado mediante la falsificación de certificados de calidad de las piezas compradas para la línea Roca. Por esa maniobra, entre 2013 y 2015, están en la mira la empresa proveedora de las piezas y una firma contratada para realizar los "controles de calidad". También se investiga a los responsables del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Transporte de la Nación.
La causa comenzó en mayo de este año, a partir de una denuncia de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) tras detectar decenas de protocolos de calidad fraguados que habían sido confeccionados por la empresa Laboratorio ABS, contratada por el proveedor de las piezas, Talleres Moyano SRL.
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la causa, pero rápidamente pasó a los tribunales de Lomas de Zamora. El nuevo fiscal, Leonel Gómez Barbella, solicitó esta semana una batería de medidas de prueba para determinar cuál es el monto de la estafa y quiénes son los verdaderos responsables.
La adulteración de los certificados no está en discusión. Un directivo de "Laboratorio ABS" admitió en su declaración que uno de los informes "tenía la firma de un director que había fallecido hace poco tiempo". Pero le echó la culpa a la otra empresa. "El dueño de Talleres Moyano me dijo que un empleado de él había falsificado los informes", dijo.
Ese mismo directivo aclaró en sede judicial que los certificados elaborados son "ensayos químicos y mecánicos para saber si la pieza cumple con las normas" antes de ser vendida al Estado.
Cerca de Florencio Randazzo, ex ministro de Transporte durante el periodo investigado, destacaron que las irregularidades fueron detectadas durante su gestión y que en ese momento se suspendieron todos los pagos a la empresa Talleres Moyano. "Esto se detectó al mismo tiempo que nuestra gestión había comenzado el recambio de toda la flota eléctrica del Roca, que hoy cuenta con la totalidad de sus trenes (más de 300 unidades) cero kilómetro. En ese mismo momento se suspendieron todos los pagos a esa empresa involucrada (Talleres Moyano), se interrumpió toda la provisión de repuestos que esa empresa realizaba, y se inició el proceso administrativo y jurídico que terminó en la denuncia penal por la cual se realiza la consulta", dijo esa misma fuente.
En el expediente, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, también declaró el jefe de control de calidad de la línea Roca. Ese funcionario relató que todo comenzó cuando detectaron que la máquina utilizada para un peritaje "tenía fecha de vencimiento anterior a la fecha que se había certificado la calidad de la pieza". Luego comprobaron la adulteración de varios ensayos y le avisaron a todas las líneas ferroviarias para que dejen de trabajar con la empresa involucrada.
Con esos testimonios, el fiscal Gómez Barbella acaba de pedirle al juez federal Alberto Santamarina una serie de medidas de prueba para que intervengan la Inspección General de Justicia provincial y la Policía Federal, entre otros organismos.
Mas allá de la responsabilidad de las empresas, el requerimiento apunta a determinar "si funcionarios públicos intervinieron en la adquisición del material cuestionado y si omitieron controlar la actividad de las empresas investigadas".
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