Por ley, es obligatorio en Provincia hablar oficialmente de 30 mil desaparecidos

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal promulgó ayer la ley que establece que, en los actos públicos, se debe hablar oficialmente de 30.000 detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado de 1976.

La normativa fue aprobada en la última sesión de la Legislatura bonaerense y entró en vigencia ayer. Además del número de víctimas, el texto establece que el golpe de Estado perpetrado hace 41 años atrás debe describirse oficialmente como "dictadura cívico militar", en alusión a que hubo colaboración de la sociedad civil con la represión de los años setenta.

De esta manera, Vidal se diferenció de la postura de algunos referentes de Cambiemos, quienes relativizaron la cantidad de desaparecidos en el denominado "Proceso de Reorganización Nacional".

"Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea de si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido", había dicho Mauricio Macri en una entrevista con el sitio BuzzFeed.

Con opiniones similares se expresaron otros funcionarios del oficialismo. El primero de ellos fue el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, al afirmar que "en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos".

Poco tiempo después, el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, negó la existencia de un genocidio y de un plan sistemático para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales, como también puso en cuestión la cantidad de víctimas afectadas al proceso. "No es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras", dijo con tono provocador el funcionario en el programa televisivo Debo decir, de Luis Novaresio.

Este tipo de declaraciones provocaron el repudio de los organismos de derechos humanos, por entender que se estaba cuestionando la magnitud de la tragedia y el terrorismo de Estado implementado en los años 1976 y 1983.

La gota que rebasó el vaso fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que aplicó el beneficio del "dos por uno" a Luis Muiña, un civil paramilitar condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra un grupo de trabajadores del Hospital Posadas. La sentencia generó una multitudinaria marcha de repudio de la sociedad civil hacia Plaza de Mayo.

Tras esa masiva convocatoria, el Congreso sancionó una ley que deroga el "dos por uno", mientras que la Legislatura bonaerense aprobó la ley 14.910 que busca zanjar, al menos oficialmente, la polémica en torno al número de víctimas de la dictadura cívico militar.

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La normativa promulgada fue impulsada por el senador bonaerense y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. En sus artículos, establece que "en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires" se deberá incorporar "el término 'dictadura cívico-militar' y el número 30.000 junto a la expresión 'desaparecidos', cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

El número de 30 mil es muy sentido por familiares y víctimas de desaparecidos, ya que se convirtió en un símbolo de la lucha de las organizaciones de derechos humanos. Además, fue la bandera que, en plena represión, sirvió para alertar al mundo sobre la tragedia y la persecución política que estaba ocurriendo en el país.