Piden la indagatoria de De Vido y Posse por la construcción de viviendas en San Isidro

El barrio "Martín y Omar" es una de las zonas pobres del rico partido de San Isidro en el norte del Conurbano bonaerense. Allí, entre el año 2006 y 2008, se debieron haber construido 250 viviendas para gente que tiene poco y nada y vive en condiciones muy precarias. Pero eso no ocurrió.
Del total de viviendas prometidas para el barrio "Martín y Omar" se terminó sólo el 17%, aunque según los certificados de obra -son los que permiten el pago de las construcciones- se finalizó el 99 % de las casas.

La información consta en un expediente judicial a cargo del juez Sebastián Ramos. La investigación del caso fue delegada en el fiscal Jorge Di Lello, quien realizó un pedido de indagatoria para las autoridades de la Municipalidad de San Isidro, comenzando por el intendente, un hombre de Cambiemos, Gustavo Posse. Entre 2005 y 2007 el gobierno nacional destinó a través del Plan Federal de Vivienda (PFV) 410 millones de pesos para urbanizar barrios precarios y asentamientos (como el "Martín y Omar") de San Isidro.

El caso comenzó por una denuncia de Marcela Durrieu, concejal por el Frente Renovador de San Isidro y suegra de Sergio Massa.

Di Lello impulsó la investigación, fue a recorrer el barrio "Martín y Omar" para ver con sus propios ojos la falta de finalización de las obras y la precariedad de lo construido. El fiscal pidió la indagatoria de Posse, de funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, también la de los empresarios privados que se beneficiaron con los contratos y de los que certificaron las obras.

El juez Ramos no hizo lugar al pedido de Di Lello porque lo consideró prematuro y señaló que deben realizarse peritajes contables. Di Lello apeló.

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes respaldó la apelación de Di Lello pero amplió la lista de los que deben ser indagados. Para Moldes debe sumarse a la lista de indagados al ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas -detenido desde el célebre episodio de los bolsos con dólares- José López y quien fuera su segundo el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

En sus fundamentos -a los que Infobae accedió en fuentes judiciales- Moldes explicó que esta causa sobre las viviendas en San Isidro no es un caso aislado. Y que hay que analizarla junto a otras en las que le ha tocado intervenir. Moldes la relaciona con la causa en la que fue procesada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por la entrega de obra pública vial a Lázaro Báez. Allí, según Moldes, "se había reunido un conjunto de datos suficientes para advertir (i) la posible existencia de un sistema de saqueo de recursos del Estado en un período delimitado en el tiempo y (ii) que José Francisco López y Abel Fatala, agentes encumbrados en el Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido eran parte insoslayable de esa tramoya". Para Moldes la causa de San Isidro está relacionada también con la investigación de la defraudación con el plan de construcción de viviendas Sueños Compartidos que realizó la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Moldes señaló que "lo que aquí se investiga no es único, existen hechos similares en la misma época –objetivos, fechas, entes públicos involucrados".

Sobre el caso de las viviendas de San Isidro, Moldes explicó que "la prolija lectura de esta causa y el conocimiento de cuál es su objeto procesal y cuáles las dependencias públicas de orden nacional involucradas o mencionadas, permite sostener, como lo hace el Sr. agente fiscal elípticamente, que este hecho (PFV-Municipalidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires) se presenta como uno más de aquella cadena y por lo tanto no puede ser analizado aisladamente. Creo, en definitiva, que debe ser considerado el tercero de los conocidos de esa nómina aún incompleta, pues sólo refiere a aquellas causas en que recuerdo haber intervenido activamente hasta el presente".

Moldes agregó que "comparto con el Sr. fiscal apelante (Di Lello) que la máxima autoridad de cada uno de los entes intervinientes en el período 2006-2008 en este episodio de corrupción administrativa debe comparecer para dar las explicaciones que estime corresponden sobre los sucesos investigados ya que están obligados "como máxima autoridad [del organismo] a velar porque los fondos del Plan Federal Viviendas (PFV) se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados", idea referida al Intendente Municipal pero, como diré, aplicable a todo el episodio investigado y sus partícipes/responsables)".

El fiscal ante la Cámara Federal subrayó que "Por la magnitud de la contratación entre la Nación y el Municipio y por la importancia de las obras y los montos involucrados en la relación Municipio-contratados es impensable que éstos, los jerarcas ya nombrados, fueran ajenos a las negociaciones, a las acciones de implementación y a las que, en definitiva, hicieron que la inejecución de los compromisos hiciera aflorar el delito. En ese sentido, no es provechoso para la investigación usar una vara para medir la responsabilidad del intendente y otra diferente para hacerlo con la del entonces ministro y su secretario y subsecretario de Obras Públicas (De Vido-López-Fatala) cuando se supone que todos los involucrados, cada uno en su área y en su parte de la tramoya, habrían hecho su aporte en pos del éxito de la empresa delictiva investigada".

En su escrito, Moldes recordó una frase que utilizó para fundamentar una apelación en un caso de dádivas en el que fueron procesados Ricardo Jaime y un empresario que lo "coimeó": "Para bailar el tango hacen falta dos, los agentes públicos y los privados". Esa frase usó Moldes para explicar por qué los ex funcionarios que participaron de la construcción de las viviendas también deben ser indagados. Y agregó: "Ya dije, y ahora repito porque viene a cuento, no hay que olvidar que el que peca por la paga y el que paga por pecar son parte de un binomio indivisible y desde allí es impropio que se nombre sólo a los contratados y beneficiados más cercanos a la obra (empresas constructoras y Municipio) y queden fuera de la investigación los iniciadores de la cadena de favores de la que se investiga su ilicitud (Ministerio Nacional, autoridades del PFV y demás agentes federales que debieron supervisar la obra y el destino de los fondos)".

Para Moldes en la causa, además de la inspección que hizo Di Lello en el barrio "Martín y Omar" para constatar que no se terminaron las viviendas, hay pruebas que indican que se enviaron los fondos y no se controló la ejecución de las obras. Según Moldes todo ello permite señalar que se intentó "simular la construcción del barrio o construirlo con deficiencias y guardarse los fondos que se ahorraron por aquella acción desleal".

Moldes concluyó que "Las posibilidades de que ello suceda sin una apoyatura institucional y política de cierto nivel deben ser descartadas. Por analogía, es lógicamente inimaginable que los intermediarios en la contratación fueran ajenos a esa entente criminal y mucho más ridículo que los contratados pudieran llevar adelante el cumplimiento defectuoso de obras de tal magnitud e impacto social sin la interesada benevolencia del control público".

La lista de los que para Moldes deben ser llamados a indagatoria está encabezada por el ex ministro kirchnerista De Vido y Posse, el intendente de San Isidro por Cambiemos. Se suman López y Fatala, ex integrantes del área de Obras Públicas del kirchnerismo. También los funcionarios municipales Luis David Nóbrega, Ana Mayer, Sergio Cesio, Fernando Adrián Romero, Federico J. García y Bernardo Landívar; María de los Ángeles Polantinos (del Instituto de la Vivienda provincial), los contratados por la Municipalidad de San Isidro Marcelo Nayem y Germán Ballester; y los contratistas Federico Bensadón, Cecilia Paula Adoue, Alberto Fuscaldo, Ricardo Tajtelbaum y Guillermo Sabattini.

Será la Cámara Federal la que decida si todas estas personas deben ser llamadas a indagatoria como pidieron los fiscales o esperar al resultado de otras pruebas como dispuso el juez.