Piden llamar a indagatoria a 22 legisladores que aprobaron la concesión del yacimiento Cerro Dragón

El fiscal Guillermo Marijuán pidió que sean llamados a indagatoria los legisladores que aprobaron el acuerdo a través del cual la provincia de Chubut le prorrogó la concesión del yacimiento Cerro Dragón a la petrolera Pan American Energy (PAE), del empresario Alejandro Bulgheroni.

Los expertos consideran que se trata de una de las mayores cuencas de petróleo en la Argentina. La prórroga de la explotación comienza el próximo 14 de noviembre y se extiende por 30 años. En la creación y elaboración de este convenio, intervinieron funcionarios nacionales y provinciales, así como ejecutivos de la compañía. Las presuntas irregularidades o delitos que se habrían cometido es uno de los asuntos que está investigando Marijuán.

En un principio los imputados eran 23, pero uno de ellos, Juan Domingo Perón, homónimo del tres veces Presidente, murió en 2014. Los restantes 22 acusados son Julio Aristarain, Rosa Chiquichano, Juan Damián, Araceli Di Filippo, Adriana Fara, Rubén Fernández, Oscar Gallego, Héctor García, Miguel González, Roque González, José Karamarco, Elia Lagoria, Olga Machado, Omar Morelli, Rosa Muñoz, Mario Negrette, Norma Orlanda, Alejandro Papaiani, Carlos Pascuariello,  Carlos Alberto Relly, Fernando Rúa y Javier Hugo Touriñan.

En su requerimiento, el fiscal destacó que se han colectado suficientes pruebas que demuestran inequívocamente que la prórroga sancionada por la Legislatura chubutense está plagada de irregularidades que permiten afirmar que la ley fue promulgada "al solo efecto de favorecer" a la firma Pan American Energy.

En la reforma constitucional de 1994, se reconoció a cada provincia la administración de los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio. Años más tarde -en 2006- se sancionó la llamada "Ley Corta", que les otorgó a las provincias lo que ya se había reconocido en la Carta Magna. Con esta norma quedaron afuera del tema las autoridades nacionales y se derogaron los alcances de la ley de hidrocarburos vigente hasta esa fecha.

A partir de ese momento, las provincias debían sancionar una norma estableciendo el marco regulatorio de la actividad petrolera. En este caso -sostuvo Marijuán- "inexplicable y sospechosamente, se sancionó el acuerdo antes de reglamentar el derecho constitucionalmente reconocido". Es decir, pautas tales como las relacionadas con los plazos y condiciones para las concesiones, la protección del medio ambiente, el compromiso empresarial y el canon se establecieron recién después de aprobado el acuerdo por el cual Chubut entregó por 30 años la explotación de la mayor cuenca petrolera.

La concesión prorrogada vencía en 2017. Es por eso que a las autoridades judiciales les llama la atención el apuro de los funcionarios para darle vía libre al acuerdo sin que se hubiese sancionado el marco regulatorio. Marijuán describió que fue tal la desprolijidad con que se manejaron que existen constancias de los borradores del "acuerdo" en donde participa en forma directa el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, pese a que tenía vedada la intervención por ley. 

El trámite legislativo, que culminó con la aprobación del convenio con Pan American Energy, tuvo un tratamiento exprés. Desde el inicio del expediente hasta la sanción de la ley sólo transcurrió poco más de un mes.

Marijuán resaltó también la rapidez con la que el fiscal de Estado provincial, Jorge Miquelarena, emitió el dictamen que habilitó la suscripción del convenio. El 23 de abril de 2007 le pidieron opinión a Miquelarena, el 25 llegó el informe sobre las reservas existentes en el yacimiento, el 26 dictaminó el fiscal de Estado y al día siguiente se firmó el acuerdo. Un año antes, Miquelarena se había pronunciado en contra afirmando que "de la manera en que están redactados los documentos, se trata de un matrimonio vitalicio entre PAE y el Estado". La Justicia investiga por qué tuvo un cambio de opinión tan radical.

El acuerdo firmado entre la provincia de Chubut y Pan American Energy no se apartó ni una coma del borrador que había elaborado el Ministerio de Planificación. La Legislatura lo aprobó con una inusitada rapidez y ahora los 23 legisladores que levantaron la mano para dar el visto bueno deberán prestar declaración indagatoria si el juez Rodolfo Canicoba Corral hace lugar al pedido del fiscal.