Edificio de la Procuración: buscan pruebas del negociado en las computadoras secuestradas

El fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el sospechoso pago de millonarias comisiones en la compra-venta del edificio de la Procuración General de la Nación donde tiene sus oficinas Alejandra Gils Carbó, pidió que se realice un peritaje de las computadoras, teléfonos celulares y cámaras de fotos secuestradas en distintos allanamientos ordenados por el juez Julián Ercolini.

En la causa se investiga el pago de una comisión de un millón de dólares que se dividieron entre un agente inmobiliario y un pariente de un funcionario de la Procuración luego de que el edificio de la calle Perón 667 fuera pagado  $43.850.000 por la repartición que encabeza Gils Carbó, imputada en la causa.

La Procuración le compró el edificio a Arfinsa, del Grupo Bemberg, que a su vez le pagó 7,7 millones de pesos de comisión a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios que le abonó 3 millones a Juan Carlos Thill un ignoto productor de seguros sin relación con el rubro inmobiliario.

Pero Thill es medio hermano de Guillermo Bellingi quien intervino en la licitación debido a que era el subdirector general de Administración de la Procuración. Había llegado allí de la mano de Gils Carbó quien en su designación lo colocó como coordinador del área administrativa y determinó que respondía en firma "directa"a ella.

Cuando Infobae reveló que Thill había cobrado la comisión equivalente a 559.000 dólares de julio de 2013, Gils Carbó lo apartó de su cargo –revistaba hasta el mes paso en la Procuraduría que se dedica el combatir el lavado de dinero- y ordenó un sumario administrativo. La Procuradora niega relación alguna con el cobro de comisiones y en su círculo cercano hablan de la teoría del "empleado infiel" cuando responden por la situación de Bellingi.

Los investigadores sospechan que la comisión cobrada por Thill era un pago por información calificada que poseía Bellingi y le hacía llegar a los compradores. Una prueba de ello son varios mails publicados por Infobae donde Thill le envía a Jaureguiberry datos precisos sobre la licitación que solo podían provenir desde dentro de la Procuración.

En la causa se realizaron varios allanamientos. Algunos en la Procuración,  también  en la casa de Thill y las oficinas de Jaureguiberry y Arfinsa . En los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y cámaras de fotos.

Taiano le pidió el estudio de los dispositivos secuestrados a la División Análisis de Investigaciones Especiales de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal solicitó que en los celulares que fueron secuestrados se realice un relevamiento de las agendas de contactos y se busquen fotos, otros archivos y correo electrónicos aunque hayan sido eliminados. También pidió que se copien las fotos halladas en las cámaras secuestradas.

Pero el más exhaustivo análisis que solicitó Taiano está relacionado con la búsqueda de ciertos términos tanto en los archivos como en los correos electrónicos. Se intenta conocer si hubo intercambios de mensajes entre personas sino también si en las computadoras quedaron documentos relacionados con el caso bajo investigación.

Algunos de los términos que deben buscar los ciberpolicías corresponden a los nombres de quienes están imputados en la causa y de otros que no lo están.

Entre los de los no imputados se halla el ex Jefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández.  Entre los de los imputados está el nombre de Gils Carbó.

El fiscal pidió que se busque si el nombre de Fernández aparece en correos electrónicos o algún archivo porque Juan Carlos Thill-imputado- es hermano de Eduardo Thill-no imputado-, quien entre el abril y diciembre de 2015, fuera designado en la Jefatura de Gabinete como subsecretario de Tecnología de Gestión. Además Thill había trabajado bajo las órdenes de Fernández en el ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, siempre en el área de informática.

Entre los nombres buscados está también el del ex esposo de Gils Carbó: Héctor Alonso quién sí está imputado. El padre de las hijas de la Procuradora negó tener alguna vinculación con la operación inmobiliaria.

La lista de nombres se divide en varios grupos. Están los integrantes del Grupo Bemberg, los de Arfinsa, los de Jaureguiberry, los de funcionarios de diversas áreas de la Procuración General y por supuesto Bellingi y los hermanos Thill.

En la lista de nombres a investigar, a la que Infobae accedió a través de fuentes vinculadas con el caso, se hallan Adrián Marcelo González Fischer, Sebastián  de Montalembert, Luis Arturo de Montalembert, Santiago Miguel Quirno Bemberg, Gonzalo Tanoira, Federico Eduardo Sainz de Vicuña, Roberto Daniel Martino, Tomás Antonio Capalbo, Pedro Antonio Viceconte, Luis Alberto Andrés de Ganay,  Rubén Daniel Otero, Ignacio Costa Urquiza.

A ellos se agregan los nombres de Bárbara Jaureguiberry, Martín Auad, Guillermo Alfredo Bellingi, Alejandra Gils Carbó , Héctor Zurita, Silvana Bermúdez,  Javier Orco, Juliana Kino , Agustín Morello, Sergio Muraca, Johanna Cristaldo  y Jorge Domanico, Hernán Pignone, Osvaldo Leguizamón, Sergio Alberto Pepe, Héctor Alonso,  Rafael Mallo, Eduardo y Juan Carlos Thill y Aníbal Fernández.

En la larga lista de nombres, conviven, como ya se dijo, imputados y no imputados en el expediente. A la búsqueda que deber hacer los peritos informáticos se agregan otros términos como por ejemplo la dirección del edificio  en cuestión "Perón 667", y el número de la licitación pública analizada en la causa "01/2013".

También pidió Taiano que se busquen mails enviados de las casillas de varios de los que integran la lista a quien se agrega el de Ricardo Urbano Siri del Grupo Bemberg.

Los imputados en el caso fueron notificados del estudio al que serán sometidos los dispositivos secuestrados en los allanamientos. Podrán poner un perito de parte para que controle cómo se realiza el análisis de la información. Recién entonces se empezará a bucear entre archivos digitales que pueden tener información relevante para la investigación del sospechoso pago de comisiones millonarias.