El funcionario sospechado por el escándalo en la Procuración dependía en forma "directa" de Gils Carbó

El 26 de septiembre de 2012, Alejandra Gils Carbó firmó la resolución número 212/12 de designación de personal. No había pasado un mes desde que de la mano de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, Gils Carbó se hiciera cargo de la Procuración General de la Nación y pasara a ser la jefa de todos los fiscales nacionales. El kirchnerismo había desplazado a Esteban "Bebe" Righi del cargo cuando en abril de 2012 había estallado el Caso Ciccone.

En aquella resolución de designación de funcionarios Gils Carbó justificó la contratación de Guillermo Bellingi, quien fuera subdirector general de la Procuración hasta que Infobae reveló–el 8 de abril pasado- que su medio hermano había cobrado una comisión de medio millón de dólares derivada de la compra-venta del edificio de la calle Perón 667.

Gils Carbó en aquella resolución, manifestó la necesidad de "reforzar" el área de Administración de la Procuración con la incorporación de personal "con experiencia e idoneidad".  De ese modo Gils Carbó determinó que Bellingi fuera "coordinador" del estratégico sector administrativo de la Procuración.

Y señaló que Bellingi, designado en el área de Administración dependía "en forma directa de la suscripta".  Es decir que en 2012, meses antes de la licitación bajo investigación, Gils Carbó designó a Bellingi en el sector administrativo de la Procuración y estableció que ese funcionario le respondía de forma directa. Bellingi no era un subordinado de la Secretaría General de Administración por más que revistara allí: su jefa era la Procuradora.

El área de Administración estaba a cargo de Héctor Zurita, quien había ingresado a la Procuración en 1997 de la mano de Nicolás Becerra y había estado al frente del sector hasta la finalización del período de Righi como Procurador. Zurita fue desplazado a una fiscalía de la Seguridad Social.

Gils Carbó necesitaba poner gente de su confianza-una especie de interventor- en el sector que maneja las finanzas y administra el patrimonio de la Procuración. Y para eso eligió a Bellingi, quien entre otros cargos había ocupado el de Director Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el kirchnerismo.

El 25 de febrero de 2013, 152 días después de ser designado por Gils Carbó, Bellingi intervino en los primeros pasos de la licitación para flexibilizar algunas condiciones necesarias por parte de los participantes. Esa licitación -el gasto más grande de la Procuración- se hizo pública el 6 de marzo de 2013. Pero días antes los "asesores" ya habían firmado sus respectivos contratos millonarios para intervenir en la licitación que aún no se conocía. Se sospecha que tenían información privilegiada proveniente de la Procuración: es decir de Bellingi.

La comisión que cobró en julio de 2013 el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, fue de tres millones de pesos. La pagó la firma Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, que a su vez cobró 7,7 millones de pesos que abonó Arfinsa S.A, la empresa que vendió el edificio donde tiene sus oficinas Gils Carbó por 43.850.000 pesos.

El fiscal Eduardo Taiano tiene a su cargo la investigación penal del sospechoso pago de comisiones millonarias por la operación inmobiliaria hecha por Gils Carbó. El juez de ese caso es Julián Ercolini. El fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez está a cargo del sumario interno de la Procuración ordenado por Gils Carbó.

Gils Carbó apartó a Bellingi de su cargo -en los últimos tiempos revistaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)- dos días después de la revelación del pago de comisiones por parte de Infobae y ordenó un sumario administrativo para conocer qué pasó.

La designación de Bellingi –a la que este medio accedió de fuentes vinculadas al caso- forma parte del expediente judicial en el que está imputada Gils Carbó. En ella se lee:

"Que con el objeto de brindar adecuada respuesta a las crecientes exigencias funcionales que recaen sobre las áreas administrativas de la Procuración General de la Nación, resulta necesario reforzar la estructura de personal mediante la incorporación de profesionales con experiencia e idoneidad en las diversas materias.

Que, en ese marco, teniendo en cuenta el cúmulo y relevancia de las actividades que se realizan en la Secretaría General de Administración, cuyas funciones principales consisten en administrar el patrimonio y los recursos financieros asignados, así como realizar la logística y disponer de los bienes y servicios del organismo, resulta necesario asignar recursos orientados a asegurar un óptimo funcionamiento.

 Que, por lo expuesto, y con el propósito de garantizar el cumplimiento de las estrategias que se establezcan para cada una de las unidades que integran la Secretaría General de Administración, y diseñar circuitos de gestión que permitan mejorar el gerenciamiento de los recursos humanos y materiales disponibles, es que se dispondrá el nombramiento de un funcionario para que realice tareas de coordinación en el área de administración bajo la dependencia directa de la suscripta.

Que, a tal efecto, se contratará en un cargo equivalente a Subdirector General de la Procuración General de la Nación al Lic. en Economía Guillermo Alfredo Bellingi, quien reúne las condiciones personales y profesionales para cumplir con eficiencia las labores previstas. Que las áreas intervinientes verificaron el cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos para el dictado del presente acto administrativo. Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 33 y 65 de la ley 24.946".

Luego de esas consideraciones la resolución tiene algunos ítems formales destinados a respaldar la designación de Bellingi para ser cerrada con la firma de la Procuradora.

El caso sobre la compra del edificio de la Procuración avanza en Tribunales. Hubo allanamientos y declaraciones. La propia Gils Carbó le presentó al fiscal Taiano una explicación de lo sucedido en el proceso licitatorio. Es similar a lo que le envió a la diputada Graciela Camaño, quien preside la Comisión Bicameral Permanente de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

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