
Guillermo Bellingi era a principios del año 2013 el subdirector general de la Procuración General de la Nación. En agosto de 2012 se había instalado allí como jefa de los fiscales nacionales Alejandra Gils Carbó. La nueva Procuradora quería mudar las oficinas centrales del Ministerio Público Fiscal de la Nación de la vieja casona de la calle Guido en Recoleta. Entonces se inició la búsqueda de un nuevo edificio adonde se mudaría finalmente Gils Carbó.
Hubo un llamado a licitación que se suspendió a fines de 2012 y uno nuevo que se inició el 6 de marzo de 2013. En ese proceso intervino Bellingi. Su medio hermano, Juan Carlos Thill cobró una comisión de 3 millones de pesos por haber asesorado a la inmobiliaria que a su vez asesoró a la empresa Arfinsa que le vendió a la Procuración el edificio de Perón 667 en $43.850.000. Los contratos entre los que cobraron las comisiones millonarias se firmaron antes de que la licitación se hiciera pública.
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La información sobre la comisión cobrada por el hermano de Bellingi fue revelada por Infobae en exclusiva el sábado. Hoy por la mañana la procuradora Gils Carbó separó a Bellingi de su cargo y ordenó un sumario administrativo para que el fiscal Sergio Rodríguez , quien está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, examine lo actuado respecto de la licitación que terminó con la compra del edificio y el pago de comisiones por 7,7 millones de pesos. Rodríguez tiene un plazo no mayor de 60 días para realizar un informe sobre lo actuado.
Según la Resolución 782 firmada por Gils Carbó, luego de la publicación de Infobae se le ordenó a la Dirección Técnica y Disciplinaria de la Procuración, a cargo de Juan Manuel Casanovas, un relevamiento de la información que se había conocido. La resolución glosa las notas de Infobae relacionadas con Bellingi y la comisión cobrada por su medio hermano Juan Carlos Thill y otra publicada por Clarín el domingo sobre la compra del edificio. Esa dirección de la Procuración consideró verosímiles las informaciones publicadas sobre Bellingi y aconsejó el inicio del sumario administrativo.
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En los fundamentos de la suspensión y la apertura del sumario Gils Carbó señaló que: "En efecto, las constancias obrantes en las actuaciones dan cuenta -con el grado de certeza propio de esta etapa- de que se trata de eventos de alta gravedad que demandan una actuación institucional acorde a la transparencia con que esta Procuración General se ha venido desempeñando. A su vez la permanencia del agente investigado en sus funciones podría resultar inconveniente a la luz de la necesidad de preservar la prueba del caso y alcanzar un esclarecimiento pronto y eficaz".
El caso está bajo investigación en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la instrucción del expediente en el fiscal federal Eduardo Taiano. Ya hubo varios procedimientos en la causa y no se descartan más para los próximos días.
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