
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal rechazó una demanda en la que se solicitaba el acceso a información relacionada con la actividad de submarinos alemanes del Tercer Reich de la Segunda Guerra Mundial en la Argentina.
Por orden del entonces presidente Carlos Menem, la Armada movilizó, en agosto de 1997, los buques ARA Comodoro Somellera, ARA Gurruchaga y ARA Yrigoyen hasta el golfo San Matías. La misión, bautizada como "Operación Calypso", llegó hasta la Caleta de los Loros -frente a la costa de Río Negro- para confirmar o descartar la presencia en la zona de submarinos nazis hundidos. Esta expedición fue seguida con interés por el periodista Abel Basti, autor de varios libros sobre la presencia de nazis en la Argentina tras el fin del conflicto bélico.

Luego, Basti realizó varias presentaciones ante el Ministerio de Defensa, solicitando documentación histórica acerca de la actividad de los submarinos alemanes en el país y toda información relacionada con la "Operación Calypso". El pedido estaba centrado especialmente en las naves nazis fugitivas y no en aquellas que -si bien habían huido- se rindieron oficialmente en la Argentina durante el invierno de 1945.
Como resultado de ese requerimiento, la Armada puso a disposición de Basti parte de la información y el resto, fue recalificada como secreto militar. En diálogo con Infobae, Basti señaló que lo que le llamó mucho la atención es que la documentación que le negaron fue calificada como secreto militar luego de su pedido ya que hasta ese momento no lo era. Ante esa respuesta, interpuso un recurso de reconsideración, que fue rechazado el 1 de septiembre de 2009, por el Ministerio de Defensa que en ese momento era comandado por Nilda Garré.
Agotada la vía administrativa, Abel Basti presentó una demanda contra el Estado Nacional a fin de lograr acceder a la información que le estaban negando. Entre esa documentación, solicitó conocer la totalidad de los registros magnetográficos que había obtenido la Armada en la "Operación Calypso" en la zona donde los nazis habrían auto-hundido sus submarinos tras llegar a la Argentina.
Entre los fundamentos de la solicitud, Basti invocó en su demanda el decreto 232 del año 1992 en el que se declara la importancia de difundir la existencia y contenido de toda documentación en poder de organismos estatales, vinculada con el accionar de criminales nazis en la Argentina. Tras ser notificada, la Armada no contestó la demanda. Luego de producidas las pruebas, la jueza Claudia Rodríguez Vidal dictó sentencia rechazando el pedido lo que en los hechos significa que impidió que se acceda a información sobre la actividad de submarinos nazis en nuestro país.
La magistrada argumentó que no se encuentra probado, de modo científico, que la documentación solicitada por Basti, sobre un hecho ocurrido hace más de 60 años "no pueda revestir una magnitud tal que ponga en peligro la seguridad de la Nación o descubra algún tipo de capacidad operativa de las Fuerzas". Es decir, Rodríguez Vidal consideró -para rechazar la demanda- que el acceso a la información sobre la actividad de criminales nazis en la Argentina puede poner en riesgo la seguridad del país. Consultado por Infobae, Abel Basti, anticipó que va a apelar el fallo.
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