Matin Ocampo es el responsable de la seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con el decreto del presidente Macri de comienzos de año está a cargo de unos 23 mil policías de la metropolitana y de la federal transferidos. Asegura que ninguno perderá un derecho y, especialmente, "nadie verá recortado su salario".
El funcionario habló sobre estos temas y se refirió especialmente a la cuestión de los piquetes callejeros. "Es muy difícil pasar de una cultura de 12 años en donde cualquier podía hacer lo que quería a un respeto por la ley. Pero lo intentaremos", dijo en diálogo con Infobae TV.
Ocampo fue taxativo al respecto: "Si hay un piquete programado, avisado y autorizado no es un acto ilegal". Estas y otras definiciones, en este diálogo con el ministro
— ¿Hoy formalmente la policía está toda bajo control del Jefe de Gobierno de la Ciudad?
— Sí, toda la que está en la Ciudad. Parte de la policía federal transferida y la policía metropolitana.
— Esto implica que hoy la Ciudad tiene una fuerza de cuántos hombres.
— Aproximadamente 23 mil hombres.
— ¿Es suficiente este número?
— No, no es suficiente, requiere un esfuerzo más. Porque aparte dentro de esos hombres se encuentran los bomberos que no hacen actividad específicamente policial, hay también personal civil. Con lo cual no, requerimos un crecimiento importante de la fuerza para cumplir con las necesidades que tiene la Ciudad.
— Hay como una discusión respecto de lo que es la fusión. La Federal dice "el escalafonamiento no se va a respetar", que "vamos a perder dinero". En qué situación está esto.
— primero dar seguridades: nadie va a perder dinero, nadie va a perder ningún derecho, que es otra de las cuestiones que son trascendentales en este proceso de unificación porque estamos marchando en un proceso en el que vamos a unificar la policía federal transferida con la policía metropolitana en una sola fuerza de seguridad en la Ciudad, eso supone que va a haber un solo escalafón. Actualmente hay 3, 2 escalafones de la Federal y un escalafón de la Metropolitana. Bueno, hay que integrar esos escalafones y para eso sí hay algunas modificaciones pero todas esas modificaciones en términos de salarios son para arriba.
— ¿Se va a aplicar el famoso protocolo para los piquetes?
— el protocolo -esto es una discusión bastante larga que se viene dando en la Argentina- es una línea de acción que se sancionó en el Consejo Nacional de Seguridad y que después cada una de las provincias articula de acuerdo a sus posibilidades, a lo que crea conveniente. En términos de esa línea de acción hay una coincidencia sustantiva; es decir, para nosotros hay que desalentar ese tipo de manifestaciones que generan tanto inconveniente a la comunidad general. Hay que hacerlo de alguna manera inteligente, primero hay que garantizar el derecho de protesta porque la gente tiene ese derecho a protestar y sobre todas las cosas el sentido de la convivencia y construir una sociedad un poquito más en paz. En algún momento la cosa se puso entre una tensión en buscar de qué manera se provoca a las fuerzas de seguridad para provocar un cono de violencia. Me parece que nosotros ahí tenemos una mirada un poco más inteligente y no apostar a la generación de la violencia en nuestra comunidad. Sin perjuicio de lo cual entendemos que esa manera de protestar donde el todo el tiempo se le van generando inconvenientes a las personas no es lo mejor, hay que protestar si hay que protestar pero de una manera que sea menos lesiva para la gente.
— Resumámoslo en términos bien dramáticos para que se entienda: hoy se corta una calle, una vía, una arteria principal de la Ciudad de Buenos Aires, sin aviso previo ¿Se desaloja o no se desaloja?
— Eso depende mucho de los fiscales y depende de los delitos que se hayan cometido. Si hay un entorpecimiento, el 194 del Código Penal, a transporte público y los fiscales nacionales, los que dependen de la procuradora, nos dan la orden nosotros que cumplir la orden que se nos da. Si hay una contravención, es decir una contravención, una ocupación indebida del espacio público, cuando ya no afecta al transporte público, ya depende de la Ciudad; la Ciudad tiene un protocolo, es decir el fiscal general, el doctor Cevasco, tiene un protocolo de actuación y nosotros cumplimos las órdenes de los fiscales.
— ¿Què dice ese protocolo?
— Le da plazos y meritúa según las circunstancias el efecto que podría tener el desalojo. Si se trata de una contravención es una infracción menor, un conflicto penal de menor jerarquía si se quiere. Y se le da la posibilidad, lógicamente, de abrir un canal de diálogo. Muy parecido a lo que planteaba el protocolo; primero un canal de diálogo y luego del canal de diálogo alguna medida de acción directa si cree el fiscal que es necesario. Es decir, si cree que nosotros tenemos que desalojarlo. Nosotros tenemos una mirada sobre eso Luis que hay que mirarla caso por caso. No es lo mismo cuando van 300 mil personas, cuando van 20 mil que cuando van 20, 30, y la idea es el corte por el corte mismo.
— ¿por qué un delito en flagrancia necesita de la orden de un fiscal?
— El delito en flagrancia necesita de la orden de un fiscal cuando no es comunicado. Es decir, si nosotros tenemos que ya hay intervención preventiva de la justicia ya nosotros nos retraemos de esa intervención. Lógicamente que estos casos toman difusión pública, entonces es casi coetánea la intervención policial con la intervención del fiscal. Entonces en ese lugar es donde cede la intervención policial a la intervención de los fiscales.
— Para cerrar este tema y que me quede claro, el piquete ¿Es un acto de ilegalidad?
— El piquete según cómo sea. El piquete si es programado, avisado a las autoridades y coordinado no, no es un acto de ilegalidad. Si no está autorizado es un acto de ilegalidad en términos de infracción a alguna norma contravencional o alguna ley si no está avisado, si no está autorizado y si entorpece el transporte público o los sistemas de comunicación.
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