Quiénes son los jueces de la “puerta giratoria” que liberaron a violadores y asesinos

En sintonía con el reclamo de seguridad y justicia para las víctimas de la inseguridad, la consigna principal que convoca a una nueva marcha a realizarse el próximo martes, se difundió este domingo el listado de 10 jueces sindicados como responsables del sistema de "puerta giratoria" en el ámbito judicial: son los que liberaron a violadores y asesinos.

El listado, que surge de un informe periodístico difundido en el programa La Cornisa, en América TV, es encabezado por Nicolás Schiavo, juez de Garantías N° 5 de San Martín, quien entre sus decisiones más polémicas está la de conceder la "morigeración de la prisión preventiva" y dejar en libertad a Carlos Pereyra Duarte, acusado del secuestro de un ciudadano sueco, contradiciendo los informes médicos sobre el secuestrador.

De igual modo dictaminó la "libertad morigerada" al gendarme Jorge Daniel Barbosa en julio del año pasado, que había sido detenido por violar a dos mujeres en 2008. Ese mismo año, el entonces legislador provincial Jorge Macri (hoy intendente de Vicente López) pidió el juicio político por "mal desempeño de sus funciones". El motivo fue su actuación en la denominada "masacre de Campana", donde asesinaron al matrimonio Mansilla y a sus dos hijos. Schiavo le había concedido a Ángel Fernández, uno de los autores del cuádruple crimen, el mismo beneficio que en los otros casos.

El segundo en la lista es Esteban Rossignoli, juez de Garantías N° 4 de San Isidro. Carlos Regis, vecino de Beccar, fue asesinado en ocasión de robo y su hija gravemente herida en el mismo hecho, por dos delincuentes reincidentes. Uno de ellos había sido liberado por Rossignoli. El otro por el desplazado juez Rafael Sal Lari. A uno de los homicidas, el juez Rossignoli lo había liberado días antes diciendo que, "en la portación ilegal de arma de guerra no se habría probado que era para cometer delitos".

Así enmarcó en una atenuante penal reduccionista de la pena in abstracto, y le otorgó la alternativa de libertad considerando como suficientes recaudos fijar domicilio y promesa juramentada. Rossignoli tiene pedido de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de una presentación de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que "puso en conocimiento al Jurado por graves errores en las investigaciones sobre narcotráfico del juez Rossignoli", según consta en informe oficial.

El tercero en la lista es Juan Galarreta, juez de Ejecución del Juzgado Nº 2 Penal de Mar del Plata, quien en diciembre de 2015, concedió la libertad condicional a Rubén Galera, condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales cometidos en Miramar. En mayo de este año, Galera fue detenido acusado de haber abusado sexualmente a una joven en el barrio los Lobos de Mar del Plata. Al momento de su detención, encontraron en su haber elementos y artículos que eran de propiedad de la joven marplatense abusada.

Por este y otros fallos el senador provincial Patricio Hogan, del Frente Renovador, lo denunció formalmente, y solicitó que se proceda a su enjuiciamiento por haber incurrido en las faltas de "incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y la realización de actos de parcialidad manifiesta".

El cuarto caso es el de Gastón Giles, juez de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Dolores, denunciado por el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús, ante el Jurado de Enjuiciamiento. Los motivos: la "parcialidad en favor de los delincuentes, incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones y por incumplimientos inherentes a su cargo". Este pedido fue apoyado por varios jefes comunales de la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires.

El quinto es Mario Juliano, juez del Tribunal Criminal Nº 1 de Necochea, quien fue durante muchos años presidente de la Asociación Pensamiento Penal "seguidora de las enseñanzas de (Eugenio) Zaffaroni". En los últimos meses inició una campaña contra casos de legítima defensa por tratarse, según Juliano, de una "actividad clasista" de burgueses contra pobres. No es la primera vez que Juliano se encuentra en medio de una polémica. Hace dos años salió en defensa del juez Axel López, conocido por liberar a presos incluso con acusaciones de homicidio en ocasión de robo y otros con reincidencia.

Además, pidió ante legisladores la posibilidad de que se conmuten penas para ciertos delitos, con el objeto de "reducir la población carcelaria". El mes pasado, en otra declaración polémica, Juliano dijo que "el tema de la droga no es un tabú" en apoyo al cultivo y consumo de marihuana de su hija que forma parte de la Asociación Cannábica de Necochea y con la que luchan por la despenalización del consumo.

El sexto es Gustavo Herbel, juez de la Cámara de Garantías de San Isidro, acusado de conceder salidas transitorias a un cura sanjuanino condenado por pedófilo. Se trata de Mario Napoleón Sasso, el primer sacerdote condenado por abuso de menores en el país, quien recibió el beneficio de las salidas transitorias gracias al fallo de los jueces de la Cámara de Apelaciones de San Isidro con la firma de Celia Margarita Vázquez y Gustavo Herbel. También firmó a favor de los jueces Esteban Rossignoli y el polémico Rafael Sal Lari, ambos de San Isidro, acusados por mal desempeño en sus funciones.

La séptima en la lista es Celia Margarita Vázquez, jueza de la Sala III de la Cámara de Garantías de San Isidro, "conocida por sus posturas muy garantistas, casi abolicionistas", de acuerdo con el informe televisivo. Vázquez también intervino en la conocida como "defensa corporativa" de varios magistrados en contra del juicio político contra Rossignoli y Sal Lari. También firmó a favor del fallo de salidas transitorias del sacerdote sanjuanino.

El octavo es Juan Francisco Tapia, juez de Garantías Nº 4 de Mar del Plata, cuestionado por varios de sus fallos que liberaron rápidamente a los detenidos "con posturas abolicionistas para reincidentes". Los vecinos de Mar del Plata fueron a su juzgado a pedirle explicaciones. En uno de sus escritos Tapia dice que "es absolutamente subjetiva la percepción de eficacia preventiva del delito con la saturación del espacio público y el patrullaje con fuerzas represivas".

También habla de "sensación de inseguridad" e incluso señala que "los jueces penales deberán tomar la decisión de hacer cesar el encierro cuando la modalidad del encarcelamiento agravie la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos". Tapia afirma por escrito que, frente a la mala situación carcelaria, la solución es liberar al detenido. Hace un par de días, Tapia denunció las condiciones en que viven los presos de Batán. Y puso como ejemplo el preso que vive con "un hueso al aire".

El noveno es Alejandro David, juez de Ejecución Penal de San Isidro, quien otorgó la libertad anticipada a Luis "El Gordo" Valor. Lo hizo al considerar que por "haber cumplido los dos tercios de una condena de siete años, por un robo en un country de Pablo Nogués en 2009, le correspondía la libertad asistida". Según varios especialistas consultados por La Cornisa este beneficio "se otorga de forma casi automática en la provincia de Buenos Aires y de manera más restrictiva en la Capital".

Completa la lista Diego Olivera Zapiola, juez titular del Juzgado de Garantías Nº 4 de Dolores, cuestionado por varios de sus fallos que liberaron rápidamente a los detenidos "con posturas abolicionistas para reincidentes". Los vecinos fueron a su juzgado a cuestionar sus fallos y a pedirle explicaciones.