Imputaron por lavado al dueño de la terminal de micros de Retiro

Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de la Nación entre 2003 y 2009. Entre sus múltiples obligaciones como funcionario público tenía la de fiscalizar el modo en que la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA S.A) llevaba adelante la explotación de la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. El dueño de esa compañía es Néstor Otero, un empresario al que el kirchnerismo le otorgó varios negocios vinculados con terminales de transporte en distintos lugares del país. Pero también fue favorecido por el macrismo con una terminal en la Capital.

Jaime –preso desde abril por otros casos de corrupción- confesó haber sido coimeado durante su paso por la administración pública. En un juicio abreviado aceptó su carácter de corrupto y pactó una pena. Uno de los casos por los que fue condenado por coimero involucra al empresario Otero. Fue Otero quien le pagó mensualmente el alquiler del departamento donde Jaime vivía mientras controlaba la concesión. Al mismo tiempo que vivía en un departamento que pagaba Otero, Jaime le extendió desde 2006 hasta 2015 el contrato de explotación de Retiro –por un canon menor al que venía pagando- a su benefactor. Las enormes prestaciones de Jaime a Otero fueron pagadas por el empresario con creces. La justicia comprobó que Otero le "regaló" a Jaime un hotel en Carlos Paz, una camioneta y una casa en un barrio cerrado de San Isidro. Corrupción pura y dura.

A pesar de los casos de corrupción en los que estaba involucrado, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando estaba a cargo del actual presidente de la Nación Mauricio Macri, le otorgó a Otero el negocio de la Terminal de Ómnibus del Sur. Otero tiene prorrogada –hasta que se haga una nueva licitación- la explotación de la Terminal de Retiro: un emprendimiento que le otorga millonarios beneficios y que está bajo la órbita del gobierno nacional.

Desde ayer, Otero está imputado en una causa por lavado de dinero. El fiscal Franco Picardi abrió la investigación para determinar si el empresario cometió delito cuando utilizó en agosto de 2014 una cuenta bancaria personal en el Banco Sáenz para realizar 39 trasferencias por $ 7.480.000 a cuentas correspondientes al grupo integrado por TEBA y otras sociedades.

Picardi impulsó el inicio de la causa e imputó a Otero a partir de una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que recibió información del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al expediente judicial se sumaron también reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de sociedades que integran el Grupo Otero.

Según la imputación a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, Otero depositó en su cuenta personal cheques por los que otras empresas le realizaron pagos a TEBA. Y desde la cuenta de Otero se hicieron transferencias para el pago de sueldos de otras firmas que integran el grupo empresarial cuyo centro es TEBA. Para la época-según se desprende del escrito del fiscal- la cuenta de TEBA estaba embargada debido a un reclamo judicial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por deudas del pago del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario había ordenado un embargo de $18.000.000 por la deuda de TEBA. Luego la empresa acordó un plan de pagos con la Ciudad. Como la cuenta de TEBA estaba embargada, Otero usaba la propia para mantener el giro comercial de su compañía.

Picardi explicó que "Ahora bien, los argumentos y elementos glosados, han permitido a la entidad reguladora-el BCRA- concluir que el Banco Sáenz habría incumplido con diversa normativa en materia de Prevención de maniobras de Lavado de Activos con relación a la operatoria constatada con Otero, en cuanto habría permitido que este último canalizara a través de su cuenta corriente particular en la entidad, aquellos fondos correspondientes a la operatoria comercial que era ajena a su actividad y propia de personas jurídicas de las cuales –en la mayoría de los casos- era accionista y presidente". Picardi agregó: "…lo cierto es que los movimientos operados en la cuenta de Otero, por su calidad y cuantía, le han permitido suponer al BCRA que el Banco Sáenz SA conocía la manera de operar de Otero con fondos de titularidad de TEBA SA o de otras firmas del grupo y no obstante ello, no realizó observación alguna al respecto".

El caso está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, ante quien Picardi presentó la imputación en la que señaló que se debe investigar el caso "…para intentar dilucidar…cuáles han sido los motivos tenidos en miras para operar del modo especificado. Es decir, para esclarecer a qué obedece la dispersión y confusión patrimonial detectada que se deriva del proceder del grupo económico, del propio Otero y que podría involucrar a terceros".

Para el fiscal, "el modo en que se han desarrollado las maniobras permite que se generen confusiones acerca de la titularidad de los bienes, dificultando además el seguimiento de la ruta del dinero. En esa línea, será propicio ahondar en el tratamiento o justificación contable e impositiva que se le ha dado a los movimientos dinerarios que han sido traídos a estudio –si es que se le ha dado alguno-. Ello podría resultar de utilidad a los efectos de reconstruir el circuito económico que subyace a las operaciones verificadas de manera aislada. Es decir, para intentar identificar cuáles han sido las causas que han justificado tales movimientos".

Picardi resumió el por qué la causa debe ser enfocada como un caso de posible lavado de dinero: "En ese orden de ideas y considerando que en el caso se presentan además de reportes y advertencias efectuadas al respecto por los organismos de contralor BCRA y UIF, indicios de posibles conductas ilícitas precedentes, no puede descartarse que la finalidad del mentado esquema de actuación haya sido intentar otorgar apariencia de licitud a fondos cuyo origen no sea lícito. El accionar desplegado, mínimamente atenta con los controles diagramados para evitar que se propicien maniobras de lavado de activos. En el contexto descripto, la presencia de reportes de operaciones sospechosas no resulta menor, pues las maniobras desplegadas atentan contra la transparencia en las operaciones. No obstante que se irán obteniendo mayores precisiones de la operatoria con el devenir de la pesquisa, preliminarmente, lo transcripto permite suponer que las operaciones en cuestiones podrían responder a alguna de las fases típicas del lavado de activos".

El fiscal pidió varias medidas de prueba que debe ordenar el juez Martínez De Giorgi. Entre ellas hay algunas que permitirán desentrañar el funcionamiento del conglomerado empresarial de Otero en el que participan sus hijos Diego y Luciano, otros parientes y ejecutivos de su confianza que prestan funciones en TEBA.

Una de las medidas pedidas por Picardi es la de certificar todas las causas penales que tenga tanto Otero como el resto de los involucrados en la maniobra. Allí encontrarán la de las coimas pagadas a Jaime en la que el empresario corruptor recibió una "probation" mientras que el ex funcionario corrupto fue condenado.