Prohíben a un medio de La Rioja hablar del vicegobernador

En un nuevo ataque a la libertad de expresión en La Rioja, la jueza María Alejandra Echeverría tomó una insólita decisión al ordenar que el periodista Julio Laboranti, director de Rioja Libre, "en cualquier medio de prensa local, escrito u oral, se abstenga de publicar, referirse y/o utilizar imágenes que contengan referencias groseras, burlescas, utilizando lenguaje abusivo y agraviante dirigido a la persona del señor (vicegobernador Néstor) Bosetti en su persona, su entorno familiar o a su actividad como funcionario".

La legislación y la jurisprudencia argentina son claras: los actos de censura previa están prohibidos. Esto quiere decir que el Estado no puede ejercer ningún tipo de control previo, lo que a la vez no quiere decir que el que utiliza la prensa para cometer un delito o causar un daño no debe responder luego por sus acciones. En otras palabras, los periodistas son responsables de lo que informan, pero nadie les puede decir qué ni cómo hacerlo. Hay fallos históricos de la Corte Suprema que van en esa línea, como los casos de la publicación de las fotos del cadáver de Ricardo Balbín o la demanda de la jueza María Servini de Cubría a "Tato" Bores.  Aun así, la jueza Echeverría accedió al pedido de Bosetti de censurar –vía medida cautelar– a Laboranti.

Ante la consulta de Infobae, la magistrada dijo que se amparó en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que regula el derecho a la privacidad. En cambio, no mencionó el artículo 14 de ese mismo cuerpo legal que consagra el derecho de todas las personas a "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".

"Cualquiera puede publicar lo que quiere. El derecho a publicar es sagrado. No hay nada mejor que informar. En un sistema republicano, todos los actos deben ser públicos". Así lo aseguró a este medio la misma jueza que aplicó la censura.

La magistrada rechazó que su prohibición sea un acto de censura. "El prohibir que se publique algo de manera grotesca o ridícula no es censura previa, porque el derecho de uno termina donde empieza el de otro", insistió.

Lo curioso es que en el mismo fallo, la jueza ordenó "garantizar al demandado el derecho al libre ejercicio de su profesión de periodistas dentro de los límites de la buena fe".

En el gobierno de Sergio Casas celebraron la censura. Uno de los principales referentes del sector de Bosetti, Ciro Montivero, planteó en Twitter que "los medios de comunicación le hacen mucho daño a una sociedad, hay que tener periodistas de calidad".

¿Quién determina qué es grotesco y qué no? ¿Quién pone el límite? ¿Cuándo una información ridiculiza? La prohibición de la censura previa va en esa línea: evitar arbitrariedades.

Bosetti, la obra pública y los medios

La familia Bosetti se ha enriquecido durante años a costa de la obra pública y ha sido una de las principales contratistas del Estado durante la gestión de Néstor Bosetti como ministro de Infraestructura, donde manejó una millonaria cartera. Desde allí también le dio jugosos contratos a Lázaro Báez, a quien presentó como un empresario de buena fe y defendió en público. Sin embargo, nada de esto prácticamente ha transcendido en La Rioja, ya que el propio Bosetti es dueño de la radio más escuchada de la provincia y el gobierno peronista controla con pauta estatal los principales medios de comunicación.

Los periodistas que han intentado romper el cepo informativo han sido amenazados y hackeados. Hasta hay un caso de un exilio forzoso en otra provincia.

A principios de mayo, Internet para Todos, que es una empresa privada con participación estatal, bloqueó durante dos semanas Rioja Libre. Fue la tercera vez que ocurrió. En este caso, había denunciado que la Fundación Futuro, una ONG fantasma –y supuestamente vinculada a altos funcionarios– el 5 de julio de 2015 recibió un subsidio por 299 millones de pesos, que fueron cobrados en una ventanilla del Banco de La Rioja. La entidad notificó esa irregularidad al Banco Central, pero la reacción del Gobierno no fue la de investigar el desfalco a las arcas públicas, sino estatizar el banco. Los "periodistas de calidad" a los que se refería el delfín de Bosetti no lo informaron. Tampoco se solidarizaron con el medio. La autocensura es una constante en La Rioja.

Unos días después, el portal Involucrados sufrió un sofisticado ataque hacker luego de publicar que la familia Bosetti intentara apropiarse de los terrenos heredados por una mujer que vive con su hijo discapacitado en el interior provincial.

El caso: en los años 70, la familia del vicegobernador recibió un permiso por parte del dueño de un campo para poder atravesarlo y llegar a una cantera, pero una vez que falleció el propietario, intentaron quedarse con los terrenos.

Lo increíble es que los jueces Daniel Barría y Gustavo Farías, cuyos fallos suelen beneficiar al peronismo y sus funcionarios, aceptaron el pedido de los Bosetti para permitirles seguir usando el campo, pero preventivamente desalojó a los herederos del dueño de los terrenos, la mujer con su hijo discapacitado de 14 años que hoy viven en una casilla sin paredes de material ni baño.

Pero los ataques de Bosetti contra los medios no terminan ahí. Así, por ejemplo, suele cambiar su estado de Whatsapp para criticar al periodista Pablo Laboranti –hermano de Julio– llegando incluso de burlarse de su renguera. O al periodista Nelson Germán lo trata de "verdulero" en su cuenta de Twitter. Los gobiernos, en La Rioja, actúan como amos y señores de un feudo. Y los periodistas que informan son censurados.