
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) continuará operando ente rector del sistema penitenciario del Perú. El Gobierno derogó el Decreto Legislativo 1710, la norma que en febrero de 2026 había dispuesto su fusión por absorción con otras dos entidades dentro de una nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). El nuevo decreto, publicado este sábado en el Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de Luis Galarreta, primer vicepresidente encargado de la Presidencia mientras la mandataria Keiko Fujimori se encuentra de viaje oficial en Asia.
El decreto legislativo 1710, firmado en febrero por el entonces presidente José Jerí, había creado la SUNIR como ente rector de un nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, con el objetivo de absorber al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES). Los considerandos de la nueva norma reconocen que ese proceso “no se ha materializado” a la fecha, lo que llevó al Ejecutivo a revaluar el diseño institucional del instituto penitenciario.
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El INPE se queda
El decreto legislativo publicado este sábado tiene como objetivo, dicen, fortalecer y modernizar la gestión y organización del INPE sin alterar su naturaleza jurídica: sigue siendo un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno y autonomía funcional, administrativa, económica y financiera.

La norma incorpora de manera explícita el concepto de inteligencia penitenciaria como ámbito de actuación transversal, intramuros y extramuros, orientado a la obtención, el procesamiento y el análisis de información para anticipar amenazas, riesgos y vulnerabilidades que afecten la seguridad de los centros de reclusión. También define el control de riesgos como el conjunto de acciones de seguridad e inteligencia destinadas a anticipar conductas delictivas o violentas dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.
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Entre las nuevas funciones asignadas al instituto figuran la administración del Registro Nacional Penitenciario para población intramuros y extramuros, la gestión integral de la vigilancia electrónica personal y la libertad vigilada postpenitenciaria, y el desarrollo de estrategias de asistencia postpenitenciaria en articulación con entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. El decreto también ordena al INPE y al PRONACEJ formular, en un plazo de 90 días calendario, un indicador de reincidencia delictiva que permita medir la efectividad del proceso de reinserción social.
La alta dirección del INPE
La norma establece una Alta Dirección conformada por la Jefatura y la Gerencia General, además de un Órgano de Control Institucional, órganos de administración interna, órganos de línea y un Órgano de Inspectoría Penitenciaria. La Gerencia General queda definida como la máxima autoridad administrativa de la entidad, con dependencia jerárquica de la Jefatura.
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El decreto fija causales de terminación de la designación del jefe del INPE: renuncia aceptada, fallecimiento, inhabilitación para ejercer cargo público, sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, incapacidad permanente declarada por autoridad competente y remoción por pérdida de confianza de la autoridad que lo designó. El ejercicio del cargo queda sujeto además a la normativa vigente sobre idoneidad en la función pública e incompatibilidades de los funcionarios.
El texto dispone que el Reglamento de Organización y Funciones del INPE se apruebe en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto, mediante decreto supremo a propuesta del propio instituto y con el refrendo del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En un plazo adicional de 60 días hábiles, el INPE deberá presentar ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) sus instrumentos de gestión en materia de recursos humanos.
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El decreto fue refrendado, además de por Galarreta en su calidad de encargado del despacho presidencial, por Rafael Jorge Belaunde Llosa, ministro de Defensa y encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros, y por Ernesto Julio Álvarez Miranda, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
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