Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, reconoció que no puede descartarse la existencia de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en medio de las investigaciones que se desarrollan tras la reyerta registrada en el penal El Milagro, en La Libertad, que dejó un saldo de tres internos fallecidos. “No podemos descartar que haya corrupción. Hay malos efectivos hasta en la ONU”, admitió el funcionario en declaraciones a Canal N.

El ministro vinculó el episodio con un proceso de reestructuración en la conducción de los centros penitenciarios del país, que incluye el reemplazo de autoridades y la incorporación de personal militar en los cargos de mayor responsabilidad. Según indicó, “lo curioso es que estas denuncias se han producido cuando estamos cambiando a las autoridades, no solamente del penal El Milagro, sino progresivamente hemos cambiado a la del Lurigancho”.

Cambio de autoridades y militarización de los penales

Álvarez precisó que en el penal de Lurigancho se designó a un coronel del Ejército al mando, además de que se vienen produciendo cambios en el Estado Mayor del INPE con la incorporación de oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. El funcionario sostuvo que este reordenamiento busca alterar lo que calificó como “un orden ilegítimo” que regía previamente en los centros de reclusión.

El ministro atribuyó el incremento reciente de enfrentamientos internos a la reacción de las organizaciones criminales ante la pérdida de espacios de control. “Al reducirse el ámbito de manejo de las bandas que operan al interior del penal, obviamente hay reyertas, peleas, porque cada vez es menos el poder que puedan tener”, explicó.

Controles reforzados y decisión política

El funcionario encuadró las medidas dentro de una línea definida por la Presidencia de la República. “La presidenta ha dejado muy en claro que hay una decisión política tomada de restablecer el control de la autoridad del Estado en los penales, pero esto no va a ser de la noche a la mañana, va a necesitar de un proceso”, declaró Álvarez, según consignó la agencia Andina.

El ministro detalló que, en los penales donde ya se aplican los nuevos mecanismos de control, se ha logrado restringir el ingreso de droga y el acceso irrestricto de visitantes. Indicó que todas las personas que ingresan a estos centros, incluidos proveedores de servicios de alimentación y el propio personal del INPE, son sometidas a revisión: “Nadie entra al penal sin haber pasado por los controles del Ejército”, afirmó.

Corrupción bajo investigación

Consultado sobre si existían agentes irregulares dentro del INPE, en referencia al caso que afectó al exdirector del penal El Milagro, el ministro admitió la posibilidad sin generalizar sobre el conjunto del personal. Remarcó, no obstante, que existen “agentes ejemplares” dentro de la institución y que la corrupción histórica en los penales no responde únicamente al personal penitenciario.

Agregó que las denuncias relacionadas con el episodio de violencia serán materia de investigación, tal como lo dispuso la presidenta. “La corrupción campeaba no solamente por culpa del personal del INPE (...) sino por culpa de la falta de decisión política”, afirmó el ministro, al diferenciar entre responsabilidades institucionales y la ausencia histórica de voluntad para intervenir el sistema.

Un proceso de varios meses

Álvarez planteó que la recuperación del control estatal dentro del sistema penitenciario demandará un plazo prolongado. “Estamos dentro de un proceso que va a demorar varios meses, en el mejor de los casos”, sostuvo, al pedir que se evalúen los avances de forma progresiva y no como un resultado inmediato.

El ministro cerró sus declaraciones al señalar cuál es el objetivo de la gestión en curso: “De lo que se trata es que cada semana ustedes y la opinión pública vea que hay una decisión tomada y que estamos avanzando”, expresó.