
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, pidió que el Congreso mantenga un presupuesto ordenado para 2027, con cada gasto identificado y financiado, mientras el Gobierno plantea flexibilizar las reglas fiscales para afrontar los efectos del Niño Costero. El debate pondrá en discusión el límite del gasto público, el uso de recursos extraordinarios y la sostenibilidad de las cuentas estatales.
Segura, exministro de Economía y Finanzas, sostuvo que el Parlamento tiene margen para modificar el proyecto presupuestario enviado por el Ejecutivo. Esa facultad, afirmó, debe ejercerse sin elevar el monto total autorizado ni incorporar obligaciones sin una partida que cubra su costo.
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La advertencia apunta a una práctica que, según el titular del Consejo Fiscal, se extendió en los últimos años. El Congreso aprobó más de 100 disposiciones con impacto fiscal, aunque varias no precisaban qué recursos financiarían las nuevas obligaciones. “No moví el techo, pero no identificaba de dónde había presupuesto”, resumió sobre ese mecanismo.

El Congreso puede redistribuir partidas, pero no aumentar el gasto total
El presupuesto público parte de un límite de gasto que no puede ampliarse durante el debate legislativo. Los congresistas pueden trasladar recursos entre sectores, reducir una asignación y aumentar otra, pero el resultado debe mantenerse dentro del techo establecido en la propuesta inicial.
Esa regla permite, por ejemplo, recortar fondos asignados a Defensa para destinarlos a salud, educación o protección social. Para Segura, el punto central no es impedir que el Legislativo intervenga en la distribución del dinero público, sino exigir que cada decisión tenga una fuente de financiamiento definida.
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Las modificaciones pueden abarcar beneficios sociales, ampliaciones del programa Contigo o nuevas plazas para trabajadores de salud. En todos los casos, el Consejo Fiscal plantea que el dictamen presupuestario debe señalar qué partida será reducida, reasignada o utilizada para cubrir la nueva obligación.

Las medidas sin respaldo presupuestario pueden ser inconstitucionales
Segura vinculó esta discusión con los beneficios para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). Recordó que un crédito suplementario aprobado por el anterior Gobierno habilitó pagos progresivos, que comenzaron con un 10% y luego crecieron de forma gradual.

El economista consideró probable que la propuesta actual busque asegurar los recursos necesarios para cumplir con esas obligaciones. La clave, insistió, será que esos montos aparezcan en el presupuesto y no se incorporen como mandatos generales cuya ejecución quede sin respaldo financiero.
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El Tribunal Constitucional restituyó el criterio que prohíbe al Congreso tener iniciativa de gasto. Bajo ese principio, las normas que crean pagos, beneficios o contrataciones sin financiamiento pueden ser declaradas inconstitucionales. El Consejo Fiscal espera que la mayoría oficialista y sus aliados eviten sumar decenas de disposiciones ajenas al equilibrio de las cuentas.
El ajuste del presupuesto del Congreso fue una señal en medio del debate
La reducción de la asignación destinada al propio Congreso fue considerada una señal favorable por Segura. El presidente del Consejo Fiscal indicó que ese presupuesto había aumentado de forma marcada y que una parte no llegó a ejecutarse.
Para el economista, la eventual emergencia asociada al Niño Costero obliga a revisar prioridades antes de incrementar el gasto total. La primera alternativa debe ser la reasignación de recursos ya aprobados, en especial aquellos que no tienen un nivel alto de ejecución o que pueden postergarse sin afectar servicios esenciales.
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El Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto para modificar la trayectoria de las reglas fiscales sobre déficit y gasto. A diferencia de procesos previos, cuando el Gobierno utilizó facultades delegadas, esta vez la iniciativa requirió una opinión previa del Consejo Fiscal, que ya fue remitida al Congreso.
El gasto por emergencia debe quedar registrado y tener duración limitada
El Consejo Fiscal respaldó la activación de una cláusula de emergencia para proteger a la población, la infraestructura y la actividad económica durante la temporada de lluvias. Segura sostuvo que el Estado debe disponer de los fondos necesarios para prevenir daños y responder ante sus consecuencias.
El organismo pidió que el dinero destinado a enfrentar el fenómeno climático figure de forma específica en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Ese registro permitiría conocer el uso de los recursos y reduciría el riesgo de que partidas aprobadas para la emergencia terminen en otros gastos.
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“La emergencia debe ser temporal y focalizada”, planteó Segura. Su preocupación es que obligaciones permanentes, como aumentos de planillas o gastos corrientes, sean incluidas bajo el argumento de atender el Niño Costero. Esas decisiones, señaló, requieren mecanismos de financiamiento transparentes y una discusión separada.

El Consejo Fiscal cuestionó una flexibilización que alcanzaría cuatro años
La propuesta oficial contempla suspender durante dos años la regla de crecimiento del gasto no financiero y modificar la trayectoria fiscal prevista para los próximos cuatro años. Esa decisión abriría espacio para elevar el gasto corriente, incluidas las remuneraciones del sector público, y dejaría sin un límite definido parte de la inversión estatal.
Segura advirtió que esa fórmula puede exceder las necesidades asociadas a la emergencia climática. El Consejo Fiscal considera que una excepción debe concentrarse en los desembolsos vinculados con la prevención, la atención y la reconstrucción, sin transformarse en una autorización general para ampliar compromisos permanentes.
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La discusión ocurre en un período de altos ingresos por exportaciones de materias primas. Según explicó el economista, los precios actuales se ubican cerca de 80% por encima de los niveles del anterior superciclo, mientras los términos de intercambio se mantienen en niveles elevados.

Perú enfrenta la bonanza externa sin haber acumulado reservas fiscales
Pese a ese escenario, Perú no ha reconstruido los ahorros fiscales que permitirían enfrentar nuevas contingencias. La proyección cuestionada por el Consejo Fiscal prevé que el país cierre 2027 con un déficit mayor al de 2025 y con menos recursos acumulados, a pesar de atravesar su cuarto año consecutivo de precios altos para sus principales productos de exportación.
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Segura recordó que los fondos reunidos antes de la pandemia facilitaron la respuesta estatal frente a la crisis sanitaria. Por esa razón, planteó que los recursos necesarios para atender el Niño Costero deben ejecutarse, pero que los ingresos extraordinarios deben destinarse también al ahorro y a la reducción de vulnerabilidades fiscales.
La actividad económica creció 3,2% entre enero y septiembre, un resultado que el economista atribuyó al impulso externo, la recaudación minera y la aceleración de la inversión privada. También mencionó un superávit de cuenta corriente que describió como el más alto registrado por el país.

El crecimiento actual no alcanza los niveles del anterior ciclo de materias primas
La recaudación minera acumulada en nueve meses, medida en soles reales, ya supera la registrada en cualquier año previo, según Segura. El economista estimó además que Perú podría superar a Chile en producto interno bruto nominal medido en dólares durante el próximo año.
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Esa comparación no implica que el ingreso por habitante peruano sea mayor. Chile mantiene una población menor y un producto por persona más alto. Al considerar la paridad de poder adquisitivo y el costo de vida, Segura señaló que Perú todavía requeriría varios años para alcanzar ese nivel.

El crecimiento peruano supera al chileno, aunque permanece por debajo de las tasas de 7% y 8% alcanzadas durante el anterior auge de materias primas. Segura atribuyó la diferencia a la falta de nuevos grandes proyectos mineros y a una economía china con menor capacidad de impulsar la demanda internacional.
Para elevar el crecimiento de mediano y largo plazo, propuso reformas vinculadas con productividad, capital humano, infraestructura y expansión de los sectores productivos. A su juicio, el aumento del gasto público o de los salarios no eleva por sí mismo la capacidad estructural de la economía.
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