
El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 habilitó un régimen extraordinario de Obras por Impuestos para intervenciones ante el Fenómeno El Niño 2026-2027, con plazos más breves para priorizar, contratar y ejecutar servicios e inversiones de emergencia.
Antes de participar, las empresas deben revisar las obligaciones técnicas, financieras y legales que asumirán frente a las entidades públicas.
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La norma permite canalizar recursos privados hacia servicios de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación, además de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR) de emergencia.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el proceso puede completarse en menos de 30 días hábiles, desde la priorización hasta la firma del convenio de inversión.
El proyecto debe estar incluido en los supuestos de la norma
El régimen no alcanza a cualquier iniciativa de infraestructura. Su aplicación se limita a las IOARR de emergencia y a los servicios que cada sector apruebe mediante resolución ministerial, siempre que correspondan a zonas declaradas en estado de emergencia por peligro inminente o por la atención del Fenómeno El Niño.
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Guillermo Torrejón, asociado sénior y jefe de Derecho Administrativo y Regulatorio de Benites, Vargas & Ugaz Abogados, recomendó revisar desde el inicio si la entidad pública incluyó la intervención en su lista de priorización y si el proyecto cumple los requisitos del decreto.

El expediente técnico y el presupuesto definen la exposición al riesgo
Las empresas reciben una invitación sustentada en términos de referencia y un monto referencial aprobado por la entidad. La propuesta económica no puede exceder ese valor, por lo que resulta necesario validar el alcance de los trabajos, el cronograma y los costos antes de presentar una oferta.
Si la empresa financia la elaboración del expediente técnico, responde por sus deficiencias. Las partidas indispensables que se omitieron por errores atribuibles al privado deben ejecutarse sin reconocimiento de mayores costos. El decreto establece, además, un plazo de cinco días hábiles para aprobar la versión final del expediente.
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La recuperación de la inversión exige respaldo presupuestal
Antes de suscribir un convenio, las empresas deben confirmar que la entidad cuenta con recursos o capacidad presupuestal para reconocer la inversión mediante los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o los Certificados de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).
El régimen simplifica algunos requisitos para entidades nacionales e incorpora plazos más cortos en la liquidación y emisión de certificados. El MEF debe emitirlos en un máximo de cinco días hábiles después de que se cumplan las condiciones establecidas. Aun así, la empresa debe verificar las obligaciones y documentos exigidos para evitar retrasos en la recuperación de los recursos.
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La empresa financiadora responde junto con la constructora
Una empresa puede contratar a una constructora para ejecutar los trabajos, pero no queda exenta de responsabilidad frente al Estado. La financiadora responde solidariamente por la calidad y la correcta ejecución de la intervención.
“La empresa financiadora puede encargar la ejecución, pero no desligarse de su responsabilidad frente al Estado”, señaló Torrejón.
Los contratos con la constructora deben contemplar garantías, penalidades, mecanismos de control y cláusulas que determinen quién asume las consecuencias económicas de incumplimientos o fallas técnicas.
La supervisión y las conformidades deben quedar claras
El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite que las entidades públicas supervisen directamente las intervenciones, sin contratar a una entidad privada supervisora. Esa posibilidad no reduce su responsabilidad por la calidad de los trabajos.
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Las empresas deben identificar quién emitirá las conformidades, qué documentos requerirá la liquidación del convenio y cuáles serán los controles durante la ejecución.

Los retrasos atribuibles a la constructora pueden generar penalidades y reducir el monto recuperable mediante los certificados. En cambio, las demoras imputables a la entidad o por fuerza mayor pueden justificar ampliaciones de plazo.
La contratación directa es otra de las medidas excepcionales del régimen. El comité especial puede invitar a dos o más empresas, que tienen cinco días hábiles para presentar sus propuestas.
La evaluación dura dos días hábiles y la adjudicación recae en la oferta de menor monto que cumpla los requisitos. Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.
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