Más de 5.000 bodegas han sido extorsionadas en Perú: delincuentes piden ahora cupos de S/1.000 mensuales

Las bodegas peruanas enfrentan una red de extorsiones que ya alcanzó a más de 5.000 pequeños comercios y forzó el cierre de al menos 1.000 establecimientos, según cifras difundidas por la Asociación de Bodegueros del Perú durante un encuentro regional de gremios realizado en Lima.

El problema no solo afecta a los negocios que dejan de operar. Muchos propietarios optan por pagar cupos para evitar ataques y mantener abierta la tienda, una decisión que reduce su capital de trabajo y puede impactar en los precios para los consumidores.

La alerta fue expuesta en el Encuentro Internacional de Líderes Gremiales de Tiendas de Barrio, realizado el 4 y 5 de noviembre. Representantes de Perú, Chile, Argentina y Paraguay coincidieron en que la extorsión, los robos y el contrabando ya comprometen la continuidad del pequeño comercio en varios países de la región.

Las bandas cambiaron los grandes cobros por cuotas mensuales

El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, explicó que las modalidades de extorsión han cambiado. En un primer momento, las organizaciones criminales exigían montos de entre S/ 20.000 y S/ 30.000, acompañados de amenazas de muerte.

Al comprobar que los pequeños comerciantes no podían pagar esas sumas, las bandas optaron por cuotas más bajas, aunque constantes. Entre los montos reportados figuran cobros de S/ 1.000 mensuales, además de pagos diarios o semanales.

Esta fórmula permite a los delincuentes mantener una presión constante sobre las víctimas. En algunos casos, los bodegueros deben pagar a dos o tres bandas a la vez para evitar represalias.

“El número de cierres definitivos ha bajado ligeramente, pero eso no significa que el problema haya disminuido”, sostuvo Choy. Según explicó, la reducción se relaciona con la adaptación de las organizaciones criminales a la capacidad de pago de los comerciantes.

Los negocios más vulnerables son aquellos que manejan efectivo, atienden hasta tarde y están ubicados en zonas donde los dueños tienen pocas alternativas de protección. Para muchas bodegas, el pago de cupos se suma a gastos como alquiler, servicios, proveedores y salarios.

El problema se repite en otros países de la región

Choy, quien también preside la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Almacenes, Kioscos, Tiendas y Bodegas, advirtió que los grupos delictivos ya no actúan solo dentro de sus países de origen.

“Las organizaciones delictivas ya no operan únicamente dentro de las fronteras de un país, sino que están interconectadas a nivel internacional”, afirmó. El dirigente mencionó a Colombia como el país más afectado por extorsiones, seguido de Ecuador, Perú y Chile.

En Chile, los representantes del sector alertaron por el avance de las extorsiones y de los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. Carlos Raggio, presidente del Club Almacén, señaló que algunos comerciantes caen en estas redes por necesidades de financiamiento o por la compra de productos ilegales.

El dirigente afirmó que también existen presiones para comprar cigarrillos de contrabando. Según su estimación, la participación de esos productos en el mercado chileno pasó de 23% a entre 60% y 65% en ocho años.

El contrabando también cierra negocios y reduce ventas

En Argentina, Néstor Adrián Palacios, vicepresidente de la confederación regional, indicó que el contrabando golpea con fuerza a los quioscos de provincias fronterizas. Según sus cálculos, de cada 10 negocios formales registrados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, solo quedan cuatro abiertos.

Palacios sostuvo que los cierres llevan a parte de los comercios a la informalidad, sin cobertura médica, aportes previsionales ni trabajadores registrados. También alertó sobre las ventas por internet de productos sin garantías de origen o elaboración.

En Paraguay, la Asociación de Almaceneros identificó problemas en la venta de aceite, harina, azúcar y huevos. Los negocios formales compiten con productos de contrabando que se ofrecen en la calle a precios mucho menores.

Los gremios participantes plantearon reforzar el intercambio de información y compartir experiencias para anticipar nuevas formas de extorsión, proteger a los comerciantes y frenar el impacto del contrabando sobre las tiendas de barrio.