¿Qué tiene que pasar para que un banco quiebre? Los errores del Ueno Bank de Paraguay que Perú no debería repetir

La crisis de Ueno Bank en Paraguay, que derivó en el inicio de su proceso de disolución y liquidación y provocó una tormenta política que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña, puso bajo escrutinio los mecanismos de supervisión del sistema financiero. El caso también reabrió el debate sobre los riesgos de una expansión bancaria acelerada, los préstamos a empresas vinculadas con los propietarios y la utilización de recursos públicos en entidades privadas.

En el Perú, una situación de esta naturaleza está contemplada en la Ley N° 26702, que establece un procedimiento especial para intervenir y liquidar bancos cuando presentan problemas graves de solvencia o liquidez. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene la responsabilidad de detectar las señales de deterioro y adoptar medidas para proteger a los depositantes. ¿Qué tendría que ocurrir para que una entidad financiera llegue a la quiebra y qué lecciones deja el caso paraguayo?

¿Por qué puede quebrar un banco?

Existen dos problemas financieros que pueden comprometer la continuidad de una entidad bancaria: la insolvencia y la falta de liquidez. Aunque están relacionados, no significan lo mismo. El primero ocurre cuando las pérdidas acumuladas deterioran el patrimonio del banco, mientras que el segundo aparece cuando la institución no tiene dinero disponible para cumplir con sus obligaciones inmediatas.

La insolvencia puede originarse cuando una proporción importante de los créditos otorgados deja de pagarse. En ese escenario, la entidad debe registrar provisiones por riesgo de incobrabilidad, que representan pérdidas para sus resultados. Si los incumplimientos continúan, las reservas se agotan y el deterioro alcanza el capital aportado por los accionistas. Cuando el patrimonio efectivo cae por debajo de los niveles regulatorios, la entidad puede entrar en una causal de intervención.

La falta de liquidez, por su parte, puede desencadenarse cuando numerosos clientes intentan retirar sus ahorros al mismo tiempo. Los bancos utilizan los depósitos para financiar préstamos que suelen tener vencimientos más largos, por lo que no necesariamente disponen de todo el dinero de manera inmediata. Si los retiros superan sus reservas y las fuentes de financiamiento disponibles, pueden quedar imposibilitados de atender a sus clientes.

Otro factor de riesgo es la mala gobernanza. La concentración de préstamos en determinados sectores y, especialmente, la concesión de créditos a empresas vinculadas con los accionistas o directivos pueden comprometer los recursos de una entidad. Estas operaciones, cuando no cuentan con controles adecuados, incrementan la exposición a pérdidas y debilitan la independencia de las decisiones financieras.

El caso Ueno Bank y las señales que no deben ignorarse

La trayectoria de Ueno Bank muestra cómo una institución puede experimentar una expansión considerable en poco tiempo y terminar enfrentando una crisis de solvencia. Sus antecedentes se remontan a Financiera El Comercio, adquirida en 2021 por el Grupo Vázquez. En noviembre de 2023 obtuvo autorización para convertirse en banco y, al año siguiente, absorbió Visión Banco, incorporando más de un millón de clientes y una importante cartera de depósitos.

En septiembre de 2026, la entidad afirmaba contar con más de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes. Sin embargo, el crecimiento de sus operaciones no impidió el deterioro financiero. El Banco Central del Paraguay anunció el inicio de su disolución después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con los préstamos a empresas vinculadas con los propietarios del banco. Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera de City St George’s, University of London, señaló a BBC Mundo que las autoridades regulatorias ya habían advertido sobre estas operaciones antes del colapso.

El especialista también cuestionó la cercanía entre los responsables de la entidad, el organismo supervisor y el poder político. El presidente Santiago Peña había figurado como accionista de Ueno Holding, mientras que Carlos Carvallo Spalding, quien renunció a la presidencia del Banco Central paraguayo durante la controversia, había dirigido anteriormente Financiera Ueno. A ello se sumaron cuestionamientos por la administración de aproximadamente USD 850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social.

Para Saka, estas relaciones representan un riesgo para la credibilidad de las instituciones, debido a que la supervisión bancaria necesita mantener independencia frente a los intereses empresariales y políticos. La lección para el Perú es que el crecimiento de una entidad no debe sustituir los controles sobre sus operaciones, la calidad de sus créditos y los vínculos económicos de sus propietarios.

¿Cómo interviene la SBS cuando un banco tiene problemas?

En el sistema peruano, la SBS cuenta con diferentes etapas de supervisión antes de que una entidad llegue a la liquidación. La primera es el Régimen de Vigilancia, contemplado entre los artículos 95 y 103 de la Ley N° 26702. Se aplica cuando se identifican problemas como déficits recurrentes de encaje, insuficiencia patrimonial o incumplimientos de las normas de prudencia financiera.

Durante esta fase, la entidad debe presentar un plan de recuperación que permita corregir sus dificultades, mediante alternativas como aportes adicionales de capital de los accionistas o venta de activos. La SBS también puede designar veedores para supervisar sus operaciones y restringir determinadas decisiones administrativas.

Si las medidas no funcionan o el deterioro financiero se agrava, se activa el Régimen de Intervención, establecido en el artículo 104. Entre sus principales causales figuran la suspensión del pago de obligaciones, la pérdida de más del 50% del patrimonio efectivo durante los últimos 12 meses y la reducción del patrimonio por debajo de la mitad del mínimo requerido por ley.

La intervención implica el cese de operaciones al público, la separación de los integrantes del directorio y de la gerencia general, y la suspensión del pago de determinadas obligaciones. La SBS asume la administración de la entidad mientras evalúa si es posible recuperar su funcionamiento o transferir sus operaciones.

Si no existen condiciones para una recuperación o una venta, se inicia la disolución y liquidación, conforme al artículo 114 y siguientes. En ese momento se revoca la autorización para operar como banco y comienza el proceso de realización de sus activos para atender las obligaciones pendientes.

¿Qué pasa con los ahorros de los clientes?

Cuando una entidad financiera es intervenida, una de las alternativas es transferir sus activos y depósitos a otra institución solvente. Mediante este mecanismo, los ahorristas pueden pasar a ser clientes de otro banco, conservando sus saldos y las condiciones de sus depósitos.

Si no se concreta esa transferencia, interviene el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que protege los ahorros comprendidos en su cobertura, entre ellos cuentas de ahorro, corrientes, depósitos a plazo y CTS. A septiembre de 2026, el monto máximo de protección alcanzaba los S/ 123.000 por persona y por entidad financiera.

Los depósitos que superan ese límite deben recuperarse mediante el proceso de liquidación y la venta de los activos restantes. La Ley N° 26702 establece un orden de prelación para distribuir los recursos, que contempla primero determinadas obligaciones laborales y créditos garantizados, seguidos por los pagos al FSD y a los ahorristas por los excedentes no cubiertos, entre otros acreedores.

¿Por qué el sistema peruano tiene mecanismos de prevención?

Las crisis bancarias registradas en el Perú durante las décadas de 1990 y 2000, como las de Banco Latino, Banco República, Banco Nuevo Mundo y NBK Bank, impulsaron el fortalecimiento de la regulación financiera. Entre los problemas identificados entonces figuraban la dolarización de los créditos, la exposición a choques externos y las deficiencias en la gestión de riesgos.

Desde entonces, la supervisión incorporó mayores exigencias de capital, controles sobre los riesgos crediticios y operativos y requerimientos de liquidez. También se reforzaron los mecanismos de intervención temprana para evitar que las dificultades de una entidad se extiendan al resto del sistema.

Algunos antecedentes más recientes son las intervenciones de Caja Raíz en 2023, así como de Caja Sullana y Financiera Credinka en 2024. En estos casos, la SBS recurrió a mecanismos de transferencia de activos y pasivos para proteger a los depositantes y limitar el impacto sobre el sistema financiero.

El caso paraguayo deja una advertencia sobre la importancia de vigilar no solo los indicadores de solvencia, sino también la concentración de depósitos, los préstamos vinculados y la independencia de los organismos reguladores. La estabilidad de un banco depende tanto de su capacidad financiera como de la transparencia con la que administra los recursos de sus clientes.