Paro indefinido de transportistas es evaluado por dirigentes ante nuevos atentados contra buses: “Ahora amenazan a gerentes y sus hijos”

Los dirigentes del transporte urbano evalúan un paro indefinido de transportistas ante la sucesión de ataques contra buses registrados durante octubre en Lima. La posibilidad toma fuerza después de que representantes del sector denunciaran que las amenazas de las bandas ya no se limitan a las unidades y se han dirigido contra gerentes de empresas y sus familias.

En una entrevista con Buenos Días Perú, Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Coordinadores del Transporte Urbano, advirtió que una gerente de la zona sur recibió mensajes intimidatorios que también mencionaban a su hijo menor de edad. “Sabemos dónde está tu hijo, lo vamos a matar. Tal colegio estudia”, relató sobre el contenido de la amenaza atribuida a delincuentes.

La advertencia se conoció luego de varios atentados contra compañías de transporte ocurridos en una misma semana. Según lo expuesto por el dirigente, los ataques se produjeron sin distinguir horarios ni cantidad de pasajeros a bordo, lo que ha incrementado la preocupación entre conductores, empresarios y usuarios que se desplazan por las rutas afectadas.

Las amenazas contra gerentes y familiares elevan la alarma en el sector

Bretoneche sostuvo que la situación ha escalado porque las organizaciones criminales pasan de atacar vehículos a presionar de forma directa a quienes administran las empresas. El dirigente señaló que las amenazas también alcanzan a familiares de los directivos, un factor que, afirmó, vuelve más compleja la decisión de mantener las operaciones.

El representante indicó que las bandas se distribuyen por sectores y que una compañía puede recibir exigencias de pago de entre tres y cuatro grupos, según el trayecto que cubran sus unidades. Las rutas más extensas quedan expuestas a mayores cobros ilegales y a más riesgos de atentados, de acuerdo con su explicación.

Entre los casos mencionados figuran ataques contra unidades de Lipetsa, conocida como El Triángulo; Cora Cora S.A.; la empresa 10 E; El Rápido y Machu Picchu. En este último caso, Bretoneche recordó que una pasajera menor de edad resultó herida y posteriormente quedó fuera de peligro.

Los atentados también han sido reportados en vías de alto tránsito. Uno de ellos se produjo en la avenida Universitaria, en el cruce con Dueñas, mientras que otro hecho afectó a El Rápido en el Cercado de Lima. Para los representantes del transporte, el registro de ataques en zonas centrales y en horarios de movimiento de pasajeros revela que los agresores actúan sin reparos por la exposición pública.

Cinco empresas han paralizado sus operaciones por seguridad

El impacto ya se refleja en la continuidad del servicio. Bretoneche informó que cinco empresas se encuentran totalmente paralizadas como medida de seguridad, entre ellas compañías que operan en zonas del norte y sur de la capital. La suspensión deja a conductores, cobradores, personal administrativo y sus familias sin la actividad diaria de la que dependen.

El dirigente estimó que El Rápido reúne a más de mil familias vinculadas a sus operaciones, mientras que la 10 E tiene alrededor de 200. A ello se suman las obligaciones financieras de las empresas, como créditos, pagos bancarios y servicios, que continúan aun cuando los vehículos dejan de circular.

“Una paralización de una empresa hoy en día causa mucho daño”, afirmó. El efecto, explicó, no se reduce al riesgo de los choferes frente a los disparos, sino que abarca la economía de los trabajadores y de los hogares que dependen de los ingresos del transporte urbano.

Dirigentes cuestionan la respuesta de seguridad y alistan una decisión

Los representantes del gremio consideran que las intervenciones deben concentrarse en identificar y capturar a los mandos medios y cabecillas de las redes criminales. Bretoneche sostuvo que las detenciones aisladas no resultan suficientes si no se desarticula a toda la organización que ejecuta las extorsiones y los ataques.

También cuestionó las medidas de vigilancia visibles en los patios de maniobra, como el despliegue de militares o el uso de helicópteros. A su juicio, estas acciones pueden tener un efecto disuasivo temporal, pero requieren ajustes de acuerdo con las zonas que concentran los atentados. “La seguridad la tiene que garantizar el Estado”, remarcó al referirse a la protección de conductores y pasajeros.

La alternativa de contratar seguridad privada armada en los buses fue abordada durante las conversaciones del sector, aunque el dirigente la calificó como una opción compleja por sus implicancias legales y operativas. Señaló que en la capital circulan cerca de 24.000 buses y que una custodia de ese tipo requeriría decenas de miles de agentes, además de definir responsabilidades ante eventuales enfrentamientos.

Por ello, los gremios mantienen conversaciones para adoptar una medida conjunta. Bretoneche afirmó que la decisión más drástica que se encuentra sobre la mesa es un paro indefinido, mientras esperan una respuesta frente a los atentados, las extorsiones y las amenazas denunciadas por las empresas de transporte.