
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó una norma que permite aplicar medidas simplificadas de conocimiento del cliente a 17 tipos de seguros que, según su evaluación, tienen menor exposición al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
La Resolución SBS N.° 02580-2026 reemplaza la Circular N.° S-661-2016, que hasta ahora regulaba los productos de seguros sujetos a un régimen simplificado de debida diligencia.
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La medida no elimina los controles para contratar una póliza. Las aseguradoras deberán seguir identificando a sus clientes y evaluando los riesgos.
La diferencia es que podrán aplicar procedimientos menos exigentes en los productos que, por sus características, tienen menor posibilidad de ser utilizados para ocultar, transferir o integrar dinero de origen ilícito.

Los seguros obligatorios, colectivos y de vida sin ahorro están incluidos
La norma incorpora al régimen simplificado productos que tienen coberturas estandarizadas, montos limitados o una finalidad definida, como proteger frente a accidentes, enfermedades, deudas, riesgos laborales o daños a cultivos.
La lista aprobada por la SBS incluye:
- Seguros obligatorios.
- Seguros contratados por personas jurídicas y naturales a favor de sus trabajadores.
- Seguros de grupo o colectivos.
- Seguros masivos.
- Seguros escolares.
- Seguros de accidentes personales y/o asistencia médica.
- Seguros de gastos de sepelio.
- Seguros previsionales y rentas vitalicias asociadas al Sistema Privado de Pensiones.
- Microseguros registrados ante la SBS.
- Seguros de garantía extendida.
- Seguros de vida sin componente de ahorro o inversión.
- Seguros de responsabilidad civil profesional.
- Seguro agrícola catastrófico.
- Seguro agrícola de rendimiento.
- Seguro agrícola de plantaciones.
- Seguro agrícola de daño directo.
- Seguro pecuario.
Además, la resolución incluye en el régimen simplificado a los seguros asociados a créditos comercializados mediante bancaseguros, cuando la entidad financiera sea la beneficiaria.
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SBS considera que productos tienen menor riesgo de lavado de activos
La resolución señala que varios productos de seguros tienen condiciones que reducen la posibilidad de que sean utilizados para operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Entre esas características se encuentran la ausencia de componentes de ahorro o inversión, la dificultad para rescatar fondos, las restricciones para transferir valor y la existencia de beneficiarios previamente identificados.
También influye que muchos seguros se contratan para colectivos definidos, como trabajadores de una empresa, estudiantes de un colegio o deudores de un crédito.

En el caso de los seguros de vida sin ahorro o inversión, la SBS indica que no permiten acumular ni movilizar fondos para fines distintos a la cobertura del riesgo asegurado. Para los seguros vinculados a préstamos, el pago está destinado a respaldar una obligación crediticia previamente identificada.
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Los seguros agrícolas, por su parte, ingresan al régimen cuando reciben subsidios del FOGASA, administrado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).
Estos productos buscan reducir la vulnerabilidad de pequeños y medianos agricultores frente a eventos climáticos y otros daños en sus cultivos o actividades pecuarias.
Aseguradoras deberán reforzar controles si detectan señales de alerta
La inclusión de un seguro en el régimen simplificado no impide que las empresas apliquen verificaciones adicionales. La SBS precisa que las aseguradoras deberán utilizar medidas normales o reforzadas si detectan operaciones inusuales, sospechosas o factores de mayor riesgo.
Por ejemplo, si el perfil de un cliente, el monto de una operación o la forma de pago no coincide con las características habituales del seguro contratado, la compañía deberá elevar sus controles.
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Las empresas de seguros también podrán solicitar a la SBS que otros productos sean incorporados al régimen simplificado. Para ello, deberán presentar una propuesta y sustentar que la póliza tiene una exposición reducida a riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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