Denuncian constitucionalmente a Fernando Rospigliosi y piden su inhabilitación por 10 años por amedrentar jueces

Tres parlamentarios presentaron una denuncia constitucional contra el senador fujimorista Fernando Rospigliosi por un patrón de denuncias disciplinarias y declaraciones públicas que, según sostienen, buscaron intimidar a jueces y fiscales que resolvieron en contra de su posición política. En el documento presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales se pide que se recomiende su suspensión y la inhabilitación para ejercer función pública hasta por 10 años.

La acusación fue presentada por los senadores Mirtha Vásquez y Jaime Quito, y la diputada Indira Huilca.

Según la denuncia, entre agosto de 2025 y agosto de 2026 Rospigliosi presentó denuncias disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra al menos siete magistrados (6 jueces y una fiscal) con el pedido explícito de destitución en cada caso. Estas son:

1. 26 de agosto de 2025 — Contra el juez Richard Concepción Carhuancho, por declarar inaplicable, mediante control difuso, la Ley N° 32107, en la investigación contra el coronel PNP (r) Arturo Castro Arias por el asesinato de siete comuneros en el anexo San Martín de Chupón, Ayacucho, en 1984.
2. Abril de 2026 — Contra el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, por el proceso seguido contra exintegrantes de la Policía Nacional investigados por el asesinato de Luis Lara Poma, ocurrido en 1983 en Andahuaylas.
3. 22 de julio de 2026 — Contra la fiscal superior Rosario Isabel Quico Palomino, por formular acusación contra el general EP (r) Juan Rivero Lazo por violaciones de derechos humanos ocurridas en 1992.
4. 10 de agosto de 2026 — Contra los jueces Miluska Giovana Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama, integrantes de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, por la sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad impuesta a policías responsables de la masacre del Penal Castro Castro, en 1992.
5. 17 de agosto de 2026 — Contra el juez José Leonel Matos Centeno, por dictar prisión preventiva contra ocho militares investigados por el homicidio de cinco civiles en el caso Colcabamba, ocurrido en abril de 2026 en Huancavelica.

Salvo el caso del juez Matos Centeno, todos los magistrados inaplicaron, mediante control difuso o control de convencionalidad, las leyes 32107 y 32419, que prescribe crímenes de lesa humanidad y otorga amnistía a policías y militares, respectivamente.

Amenazas al PJ

Además del patrón de denuncias disciplinarias, la acusación constitucional hace mención que el senador fujimorista Fernando Rospigliosi declaró en al menos 3 oportunidades que es necesario “barrer” el sistema judicial. Sostienen que esas expresiones se produjeron siempre como reacción inmediata a fallos que le resultaron adversos y que constituyen “el anuncio reiterado de una acción contra el Poder Judicial y sus integrantes”.

En la denuncia se hace énfasis en que esas amenazas persistieron incluso después de que la presidenta Keiko Fujimori se comprometiera públicamente a respetar la separación de poderes durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza. Como se recuerda, la propia presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, había señalado públicamente la contradicción entre ese discurso y la conducta reiterada del legislador.

Los legisladores sostienen que las acciones de Fernando Rospigliosi infringen los artículos 43 (separación de poderes), 44 (deber estatal de garantizar los derechos humanos), 138 (potestad de los jueces de ejercer control difuso), 139 inciso 2 (independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional) y 146, numerales 1 y 3 (garantías de independencia y permanencia de los magistrados en el cargo).

De acuerdo con los parlamentarios, la pluralidad de infracciones, la reiteración del amedrantamiento y la ausencia de toda señal de rectificación justifican la imposición de una inhabilitación de hasta 10 años contra el senador de Fuerza Popular.