Comisión de Diputados aprueba derogar leyes “procrimen” sobre Fuero Militar e investigación a cargo de la PNP

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes que proponen derogar dos leyes consideradas “procrimen” que promovió el anterior Congreso. Se trata de las Leyes 32130 y 32735.

La primera norma, la Ley 32130, le quitó la conducción de la investigación preliminar del delito al Ministerio Público y se la otorgó indebidamente a la Policía Nacional del Perú (PNP). En tanto, la segunda, la Ley 32735, modificó el concepto de delito de función para que policías y militares solo puedan ser juzgados en el Fuero Militar Policial.

Cabe precisar que, respecto a la norma sobre Fuero Militar, se mantienen las disposiciones que fija penas más severas para los efectivos que colaboren con bandas criminales.

Ahora los dictámenes pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados. Si esta instancia aprueba el dictamen, el texto será remitido al Senado para su revisión.

Se posterga debate de la Ley Soto

Durante la sesión del último martes 20 de octubre, la Comisión también tenía previsto el debate y votación del dictamen que se trae abajo la Ley 31751, la conocida Ley Soto, y su ratificatoria. Si bien no se usa el verbo “derogar”, efectivamente se trata de una derogación ya que propone fijar el plazo de la suspensión de la prescripción al mismo que la Corte Suprema estableció jurisprudencialmente, vía acuerdo plenario, antes de que el anterior Congreso aprobara la cuestionada ley “procrimen”.

Sin embargo, el fujimorismo promovió una cuestión previa para que el debate y votación se posterga a una próxima sesión. Fuerza Popular cuestionaba que se proponga fijar un único plazo de suspensión de la prescripción para todos los delitos, sin analizar la intensidad de cada delito previsto en el Código Penal.

En la agenda también estaba previsto el debate y votación del dictamen del proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio “para restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías”. No obstante, este punto no fue abordado.

Más leyes “procrimen” en la mira

Además de las leyes 32130 y 32735, otros diputados presentaron proyectos para derogar en bloque el conjunto de normas calificadas como “procrimen” por organizaciones de derechos humanos y bancadas de oposición.

La diputada Catherin Palomino, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presentó en agosto un proyecto para derogar siete normas que, según sostiene, debilitaron las herramientas del Estado para investigar y perseguir el crimen organizado. La lista incluye la Ley 31751, conocida como Ley Soto, y su confirmatoria, la Ley 32104, que impusieron un límite de un año a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal; la Ley 31989, que redujo las facultades de intervención inmediata de la Policía Nacional frente a la minería ilegal y limitó el decomiso de explosivos y maquinaria; la Ley 31990, que fijó plazos máximos para los procedimientos de colaboración eficaz y que, según especialistas, dificulta investigaciones de alta complejidad; la Ley 32054, que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos y que permitió a la Corte Suprema determinar que Perú Libre no puede ser considerado una organización criminal; la Ley 32108 y su modificatoria, la Ley 32138, que endurecieron los requisitos para configurar jurídicamente una organización criminal y condicionaron los allanamientos a la presencia del investigado o su abogado; y la Ley 32130, que trasladó parte de la conducción de las diligencias preliminares del Ministerio Público hacia la Policía Nacional.

Por su parte, los diputados de Ahora Nación, a iniciativa de César Holguín y con el respaldo de Indira Huilca, Harvey Colchado, César Muedas, Helard Sonco, Ángel Meneses y José Marcelo, presentaron también en agosto un proyecto para derogar diez normas del mismo paquete, al que sumaron la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas procesados por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000. ambos casos, la derogación no implicaría un vacío legal: las iniciativas incluyen disposiciones para restablecer la vigencia de los textos del Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 30077, entre otras normas, tal como regían antes de las modificaciones introducidas por el Congreso anterior.