El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo y confirmó la vigencia de la medida coercitiva, que fue prolongada por 12 meses este año y lo mantendrá recluido hasta marzo de 2027. El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó el pedido de la defensa de sustituir la medida por una comparecencia.
En este caso se le imputa a Castillo Terrones los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión simple en agravio del Estado. La Fiscalía lo acusa de haber liderado una estructura criminal de carácter piramidal que habría operado desde el máximo cargo del Estado para copar entidades públicas clave.
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En este proceso, la prisión preventiva contra el expresidente se dictó por primera vez en marzo de 2023, por un plazo de 36 meses. En febrero de este año, antes de que se cumplan los 3 años iniciales, el Ministerio Público solicitó extender la medida por 12 meses más. El juzgado aceptó el pedido y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó esa prolongación. Transcurrido los 6 meses desde al imposición de la medida, el Juzgado Supremo programó de oficio, conforme exige el Código Procesal Penal, la audiencia de revisión.
El caso
Según la tesis fiscal, Castillo Terrones habría utilizado su investidura presidencial para colocar a personas de su confianza en puestos clave del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por recomendación de Jenin Abel Cabrera Fernández, integrante del llamado “buró político” de la organización, habría designado a Geiner Alvarado López como ministro, cargo desde el cual se habría copado la cartera con funcionarios afines, entre ellos Salatiel Marrufo Alcántara y Durich Francisco Whittembury Talledo.
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El expediente también lo vincula con un presunto esquema de colusión en Petroperú, vinculado a la compra de biodiésel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. La Fiscalía verificó irregularidades que habrían favorecido a esa firma, entre ellas un incremento injustificado del volumen de compra de 225 mil a 280 mil barriles y el incumplimiento de los manuales internos de contratación, lo que habría generado un perjuicio económico de 2.342.349,54 dólares para la empresa estatal.
Recluido hasta 2027
La Fiscalía sostuvo que ningún elemento nuevo desvirtúa los presupuestos que sustentaron la prisión preventiva y su prolongación. Por el contrario, dijeron, las declaraciones testimoniales, pericias y documentos incautados posteriormente refuerzan la imputación. El Ministerio Público remarcó que el peligro de fuga y de obstaculización permanecen vigentes porque no se produjo ninguna modificación de las condiciones que motivaron la decisión. El juzgado coincidió con ese planteamiento.
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Checkley concluyó que no se acreditó el desvanecimiento de los presupuestos que en su momento justificaron la prisión preventiva. Así, declaró la vigencia de la medida por 12 meses, que mantendrá a Castillo Terrones recluido hasta el 8 de marzo de 2027.
El caso del golpe de Estado
Cabe precisar que esta no es la única medida que mantiene en prisión a Pedro Castillo. Sobre el exmandatario también recae una sentencia de primera instancia que lo condena a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La defensa de Castillo apeló esta decisión ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, de momento, el tribunal supremo aún no califica el recurso del exmandatario. Una vez que admita la apelación de Castillo y los otros condenados por este caso, se programará audiencia.
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Además de Castillo, fueron condenados la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra actualmente en México, y los exministros Aníbal Torres y Willy Huerta.
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