La informalidad laboral alcanza al 54,8% de los ocupados y complica el acceso a vivienda en Colombia, según el Dane

Más de la mitad de los trabajadores ocupados en Colombia se encuentran en la informalidad, una condición que dificulta demostrar ingresos estables ante las entidades financieras y limita las opciones para comprar vivienda. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el indicador llegó al 54,8% entre junio y agosto de 2026.

La cifra equivale a cerca de 13,2 millones de personas que trabajan sin las garantías vinculadas a un empleo formal, como las cotizaciones a salud y pensión. Para una parte de esta población, el obstáculo no se limita a reunir la cuota inicial: también consiste en acreditar ante un banco que cuenta con ingresos suficientes y capacidad de pago, aunque no reciba una nómina mensual.

El problema alcanza a profesionales independientes, comerciantes, trabajadores por cuenta propia, familias que reúnen ingresos de varias actividades y colombianos residentes en el exterior. Muchos pueden tener recursos para asumir una obligación de vivienda, pero sus movimientos financieros no encajan con los criterios de una evaluación basada en contratos laborales, comprobantes de nómina y montos fijos cada mes.

El Dane señaló que la proporción de ocupados informales bajó 0,4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025, cuando se ubicaba en 55,2%. La reducción mantiene una tendencia descendente frente al 59,7% registrado en el mismo periodo de 2021, aunque la informalidad sigue presente en más de uno de cada dos empleos del país.

La situación cambia de acuerdo con el territorio. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, el indicador fue de 40,7%. En centros poblados y zonas rurales dispersas, en cambio, ascendió a 83,1%.

Las mayores tasas se registraron en Sincelejo, con 65,4%; el área metropolitana de Cúcuta, con 62,4%, y Riohacha, con 61,6%. Bogotá tuvo el menor nivel entre las ciudades analizadas, con 34,1%, seguida por Tunja, con 34,7%, y el área metropolitana de Manizales, con 35,3%.

El informe también identificó diferencias por sexo. La informalidad alcanzó al 57,1% de los hombres ocupados y al 51,7% de las mujeres. En las principales áreas urbanas, las proporciones fueron de 41,8% para los hombres y 39,5% para las mujeres.

La concentración más alta está en unidades productivas pequeñas. El 85,1% de los ocupados en microempresas de hasta 10 trabajadores se encontraba en la informalidad, frente al 19% en pequeñas empresas, el 5,4% en medianas y el 2,5% en grandes compañías.

Los ingresos variables dificultan la aprobación de un crédito hipotecario

Para una persona con contrato laboral y salario fijo, la demostración de ingresos suele apoyarse en certificaciones de empleo, desprendibles de nómina y extractos bancarios. Los trabajadores independientes enfrentan una situación distinta: pueden recibir pagos de varios clientes, tener temporadas de mayores ventas o combinar actividades económicas.

La informalidad laboral no implica necesariamente ausencia de ingresos ni incapacidad para pagar una vivienda. El desafío aparece cuando la información disponible no permite que una entidad financiera identifique con facilidad la estabilidad de esos recursos.

En ese grupo están quienes pagan arriendo de forma puntual durante años, mantienen una capacidad de ahorro o reciben ingresos familiares que, aunque verificables, no se reflejan en una nómina. También se encuentran quienes tienen un historial crediticio limitado o una situación financiera que cambió recientemente, sin que esa transformación aparezca todavía en los sistemas tradicionales de evaluación.

“El reto no es bajar los estándares de riesgo, sino entender mejor la capacidad real de pago de una persona”, afirmó Felipe Fierro, cofundador de Duppla, en declaraciones a Infobae Colombia. “Hay colombianos cuyos ingresos son suficientes, pero cuya realidad financiera necesita analizarse con más variables que una nómina o un puntaje”, agregó.

La copropiedad fiduciaria plantea una alternativa para quienes no tienen nómina

Duppla desarrolló un esquema de acceso a vivienda basado en una copropiedad fiduciaria, dirigido a personas que requieren una alternativa distinta a un crédito hipotecario tradicional. Bajo este modelo, el interesado aporta desde el 15% del valor del inmueble y la compañía cubre la participación restante.

La persona puede habitar la propiedad mientras aumenta de manera gradual su porcentaje de participación durante un plazo de cinco años. Para definir la viabilidad del proceso, la evaluación considera ingresos, comportamiento de pago y capacidad de ahorro.

Según datos de la empresa, el 52% de sus usuarios son trabajadores independientes y el 64% son mujeres. Estas cifras no representan la composición del sistema financiero colombiano, pero muestran el peso de los perfiles que buscan mecanismos de compra distintos a los créditos bancarios convencionales.

La propuesta no pretende reemplazar a la banca. Una de las rutas posibles al terminar el plazo consiste en que el usuario acceda a financiación tradicional, con una mayor participación sobre el inmueble y una trayectoria de pagos que permita respaldar su solicitud.

El acceso a vivienda exige evaluar más que una certificación laboral

La discusión sobre vivienda está vinculada con los cambios del mercado laboral. La agricultura concentra alrededor de 2,7 millones de trabajadores informales, seguida por comercio y reparación de vehículos, con 2,3 millones. En esas actividades predominan los ingresos variables, las ventas diarias y los trabajos por cuenta propia.

La educación también incide en el fenómeno. De acuerdo con los datos entregados, cerca de 4,9 millones de trabajadores informales tienen secundaria como máximo nivel educativo; otros 3,4 millones cuentan con primaria y alrededor de 2,1 millones no registran ningún nivel educativo.

En este escenario, la posibilidad de comprar una vivienda depende de factores que van más allá de tener un empleo formal. El cumplimiento en el pago de arriendo, los movimientos bancarios, los ingresos de diferentes actividades y el ahorro acumulado pueden ofrecer información sobre la capacidad financiera de un hogar.

“Si cambió la manera en la que las personas trabajan y reciben sus ingresos, también tiene sentido revisar cómo entendemos su capacidad para acceder a vivienda”, sostuvo Fierro.

Los datos sobre informalidad se conocen mientras el Gobierno, los empleadores y las centrales obreras avanzan en la negociación del salario mínimo para 2027. El nivel de empleo informal suele ocupar un lugar en ese debate, debido a su relación con los costos de contratación y con la protección social de millones de trabajadores.