“Vi niñas de 3 y 4 años con VIH”: la alerta internacional por los abusos sexuales contra menores awajún en Perú

La provincia de Condorcanqui, en la región peruana Amazonas, enfrenta una grave problemática de violencia sexual contra niñas y adolescentes de las comunidades indígenas awajún y wampis. Las denuncias acumuladas durante más de una década advierten sobre presuntas agresiones que no han recibido una respuesta judicial efectiva y cuyas consecuencias también se manifiestan en embarazos adolescentes, contagios de VIH e intentos de suicidio entre menores de edad.

La situación motivó la visita de una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), organismo vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), que viajó a la zona para evaluar la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Durante su recorrido, Mónica Maureira, integrante de la delegación, relató a BBC Mundo que una de las situaciones que más la impactó fue encontrar a niñas que ya tenían hijos, pero que todavía no habían procesado emocionalmente lo que les había sucedido. También advirtió sobre la presencia de menores de apenas tres o cuatro años con VIH, en casos que, de acuerdo con los testimonios recogidos, estarían relacionados con abusos sexuales.

Cerca de 1.000 denuncias por violencia sexual

Desde 2014, se han contabilizado cerca de 1.000 denuncias vinculadas con abusos sexuales contra menores, tocamientos y otras formas de violencia de género en esta provincia amazónica. Algunas entidades sostienen que la cifra podría alcanzar los 1.400 casos.

Uno de los principales antecedentes de esta problemática se remonta a 2024, cuando la Defensoría del Pueblo documentó denuncias de acoso y violencia sexual en instituciones educativas de la provincia. El informe de la entidad registró al menos 500 casos de acoso sexual en colegios con mayoría de estudiantes awajún y wampis.

La denuncia también puso bajo escrutinio la situación de docentes señalados por presuntas agresiones sexuales contra menores. Según el informe por medios peruanos, cerca de 170 profesores fueron acusados de estos delitos. La mayoría no habría sido procesada, mientras que otros fueron absueltos o trasladados a otras instituciones educativas, sin que ello garantizara el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La lucha por visibilizar estos casos ha sido impulsada por mujeres de las propias comunidades, entre ellas Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, quien ha reclamado una intervención sostenida de las autoridades para proteger a las víctimas y garantizar que las denuncias sean investigadas.

“Estamos solas”, manifestó Pioc a BBC Mundo al cuestionar la falta de recursos para que el sistema judicial atienda las denuncias y sancione a los responsables.

La falta de justicia favorece que los abusos continúen

La delegación internacional identificó que el problema excede el ámbito escolar y responde a una situación estructural que afecta a las mujeres y, especialmente, a las niñas y adolescentes indígenas. Entre las principales dificultades figuran la ausencia de una presencia judicial permanente, la falta de presupuesto y las barreras para que las víctimas accedan a una atención adecuada.

Pioc explicó que, cuando un juez llega a las comunidades, no siempre cuenta con el apoyo de otros funcionarios necesarios para desarrollar las investigaciones. También señaló que se requiere personal que conozca las lenguas y las particularidades culturales de la población indígena para garantizar una atención pertinente, sin que ello implique dejar de investigar los delitos denunciados.

La representante indígena advirtió que la falta de sanciones contribuye a que las agresiones se normalicen y permanezcan sin resolver. Asimismo, describió las dificultades para articular los mecanismos de justicia comunal con el sistema judicial ordinario.

En el ámbito presupuestario, el Poder Judicial había reconocido ante el Congreso, durante una discusión realizada a finales de 2025, que disponía de recursos equivalentes al 19% de lo que consideraba necesario para enfrentar los problemas criminales del país.

La delegación del Mesecvi recomendó que el Estado peruano destine los recursos necesarios para investigar los casos, judicializar a los presuntos responsables y asegurar que las víctimas reciban protección.

Niñas de 3 y 4 años con VIH y una crisis de salud mental

Las consecuencias de la violencia sexual también preocupan por su impacto en la salud física y mental de las menores. Durante su visita, Maureira alertó sobre niñas de tres y cuatro años que viven con VIH y cuyos contagios, de acuerdo con los testimonios recibidos por la delegación, estarían vinculados con abusos sexuales.

La situación sanitaria no afecta únicamente a las menores. Pioc advirtió que también hay familias enteras que viven con el virus y enfrentan dificultades para recibir atención médica. La falta de recursos para realizar diagnósticos y garantizar el seguimiento de los pacientes podría significar que las cifras disponibles no reflejen toda la magnitud del problema.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, entre 2014 y 2026 se registraron 190 casos de personas con VIH de entre 14 y 19 años en estas comunidades. A nivel de toda la provincia de Condorcanqui, la prevalencia del virus alcanzaba el 1,8%, una proporción seis veces superior a la registrada en otras regiones del país.

A la emergencia por el VIH se suma el deterioro de la salud mental. Maureira contó que, durante la visita, la delegación recibió información sobre adolescentes que habían intentado quitarse la vida. Uno de los casos reportados correspondía a una joven que habría ingerido champú. La experta afirmó que también llegaron a conocer otros intentos durante su estancia en la zona.

Las víctimas necesitan protección y atención permanente

Entre las principales demandas del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis figura la creación de un albergue permanente para las víctimas de violencia sexual. Actualmente, según Pioc, existe un refugio temporal que no permite garantizar una atención prolongada a las menores y sus familias.

Algunas víctimas no pueden regresar a sus hogares por el estigma que enfrentan después de las agresiones o por las dificultades asociadas con su situación de salud. Otras son trasladadas a refugios donde no se habla su lengua, el awajún, ni se conocen las particularidades de sus comunidades.

Por ello, las representantes indígenas y la delegación internacional reclamaron una respuesta que articule la atención sanitaria, la protección social y el acceso a la justicia. El objetivo es evitar que las niñas tengan que afrontar solas las consecuencias de las agresiones y que los casos permanezcan sin investigación.

La ministra de la Mujer, María Seminario, declaró a RPP que el informe del Mesecvi coincidía con la necesidad de superar la respuesta fragmentada de las instituciones públicas. Según indicó, se habían iniciado reuniones para coordinar una solución integral entre los distintos sectores del Gobierno.

La delegación internacional insistió en que la atención no puede limitarse a medidas temporales. La investigación de las denuncias, la sanción de los responsables cuando corresponda y la protección sostenida de las víctimas son aspectos centrales para responder a una problemática que afecta a niñas y adolescentes de las comunidades awajún y wampis de Condorcanqui.