La aplicación de medidas disciplinarias en los colegios requiere criterios claros para proteger a los estudiantes y garantizar una convivencia segura. Ante los nuevos lineamientos que contemplan la expulsión por determinadas conductas, la especialista en educación Pilar Sanz Gutiérrez advirtió que separar a los responsables de los hechos no basta para solucionar los problemas de violencia dentro de las instituciones educativas.
La decana adjunta de la carrera de Educación de la Universidad Científica del Sur planteó la necesidad de complementar las sanciones con estrategias de prevención. Su análisis apunta a las condiciones que favorecen los conflictos escolares, la respuesta de los adultos y el papel de las familias en el cumplimiento de las normas.
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Las disposiciones propuestas contemplan diferentes tipos de faltas, desde incumplimientos reiterados hasta situaciones relacionadas con agresiones, acoso y posesión de armas. Sin embargo, para Sanz, cada conducta requiere una evaluación particular, sin aplicar el mismo criterio a situaciones que presentan distinta gravedad.
La especialista también señaló la importancia de revisar el propósito de la disciplina escolar. Las reglas deben contribuir a una convivencia respetuosa y segura, además de establecer consecuencias ante las infracciones. La respuesta educativa, según su planteamiento, necesita considerar tanto a quienes sufren las agresiones como a los estudiantes responsables de ellas.
Pilar Sanz pide evaluar cada falta escolar por separado
La especialista sostuvo que las conductas contempladas en los lineamientos no deben tratarse como un conjunto uniforme. La evaluación de cada caso resulta necesaria para determinar qué medida corresponde y qué acciones pueden prevenir nuevos incidentes.
Entre las faltas consideradas en las disposiciones figuran los daños a la propiedad escolar, las tardanzas injustificadas reiteradas, las agresiones físicas o psicológicas, el consumo o la posesión de sustancias prohibidas y las conductas que vulneran la intimidad o la dignidad de otros estudiantes.
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También se incluyen situaciones de mayor gravedad, como el acoso escolar, la violencia sexual, la promoción o venta de sustancias prohibidas, el porte o uso de armas y los actos de violencia que alteran el orden dentro de los centros educativos.
Frente a este escenario, Sanz remarcó la necesidad de incorporar medidas preventivas. La especialista explicó que las normas intervienen cuando ocurre una infracción, pero la gestión educativa también debe trabajar para evitar que estas situaciones se produzcan.
La expulsión no sustituye la atención integral de la violencia
La separación de un estudiante puede resultar necesaria cuando su conducta pone en riesgo la integridad de otras personas. No obstante, la especialista advirtió que esa decisión no resuelve por sí sola los factores que originan los conflictos.
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Sanz señaló que las instituciones educativas deben examinar lo que ocurre dentro de la escuela, las dinámicas entre compañeros y la actuación de los adultos, incluidos los docentes y las familias. Estos elementos permiten comprender las circunstancias de cada caso y definir una respuesta que no se limite a retirar al responsable.
La atención también debe contemplar al estudiante expulsado, de acuerdo con la especialista. Su planteamiento propone considerar las necesidades de todas las personas involucradas, sin reducir la intervención escolar a una sanción disciplinaria.
Este enfoque requiere que los centros educativos cuenten con medidas para prevenir nuevas agresiones y fortalecer las relaciones entre sus integrantes. La aplicación de consecuencias, por sí sola, no reemplaza el trabajo sobre las condiciones de convivencia.
La disciplina escolar necesita respaldo de las instituciones y las familias
Para Sanz, la disciplina debe cumplir una finalidad pedagógica y no limitarse a conseguir que los estudiantes obedezcan. Las normas deben establecer condiciones que permitan una convivencia segura y respetuosa dentro de las aulas.
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La especialista también destacó la importancia de respaldar la autoridad docente. Los profesores necesitan apoyo de las instituciones educativas y de las instancias del sector, además de una coordinación efectiva con las familias.
En ese sentido, explicó que establecer reglas, determinar consecuencias y exigir responsabilidad por los actos requiere un esfuerzo compartido. Si la escuela o la familia actúan por separado, resulta difícil sostener las medidas disciplinarias.
El trabajo conjunto permite establecer criterios comunes sobre las conductas permitidas y las consecuencias de las infracciones. La formación docente también debe incluir estos asuntos, según señaló Sanz al referirse a la importancia de abordar la convivencia durante la preparación de los educadores.
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La apariencia personal no determina una conducta violenta
Otro de los aspectos abordados por la especialista fue la diferencia entre las reglas sobre presentación personal o puntualidad y el desarrollo de capacidades para convivir de manera respetuosa.
Sanz advirtió que no corresponde vincular automáticamente determinados rasgos de apariencia con comportamientos violentos. Al referirse al uso de piercings y tatuajes, sostuvo que la evidencia no establece necesariamente una relación causal entre esas expresiones personales y las conductas agresivas.
La especialista señaló que esta distinción resulta importante para evitar la estigmatización de los estudiantes. La evaluación de una conducta debe considerar los hechos y las evidencias, en lugar de atribuir comportamientos a características personales que no demuestran por sí mismas una infracción.
Su planteamiento diferencia las normas de puntualidad y presentación de las capacidades necesarias para resolver conflictos, respetar a los demás y mantener una convivencia segura.
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