Mininter busca limitar uso de armas que civiles registran para caza, deporte y colección

El Ministerio del Interior (Mininter) planteó que el Senado limite la cantidad de armas que los civiles pueden registrar como piezas de caza, deportivas o de colección. La medida forma parte de cuatro propuestas legislativas expuestas el sábado 10 de octubre por el titular del sector César Augusto Astudillo, durante el debate sobre la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

La propuesta apunta a establecer controles sobre la tenencia legal, sin eliminar el acceso permitido para uso personal. Astudillo precisó que “la iniciativa no busca prohibir la tenencia legal de armas para uso personal”, pero advirtió que formas de compra e importación pueden servir para abastecer a organizaciones criminales, según expuso ante los senadores durante la sesión.

Propuesta busca fijar límites para armas registradas

El jefe del Mininter indicó que el objetivo no es prohibir que una persona conserve un arma dentro de los supuestos previstos por la ley. Su planteamiento busca evitar que las categorías destinadas a actividades deportivas, de caza o de colección permitan acumular armas de fuego sin un tope definido.

Como argumento, el ministro advirtió que algunas carabinas inscritas en esos registros pueden utilizar munición de guerra e incluso admitir modificaciones para disparar en ráfaga. Citó el caso de La Pampa, en Madre de Dios, donde grupos ligados a la minería ilegal habrían empleado ese tipo de armas.

Según lo expuesto ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, aquel enfrentamiento dejó a un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) muerto y a otro con heridas graves. El proyecto sobre armas deberá pasar por la evaluación del Senado antes de que pueda convertirse en una modificación normativa.

Expulsiones, extorsión y control de puertos completan el pedido

En la misma sesión, Astudillo pidió ampliar de 24 a 48 horas el plazo para ejecutar expulsiones administrativas de extranjeros en situación migratoria irregular. Explicó que la extensión permitiría completar actuaciones exigidas por la ley, sin cambiar la condición de esta falta, que constituye una infracción administrativa y no un delito.

Como referencia, señaló una intervención en Trujillo en la que las autoridades intervinieron a 200 personas, aunque solo concretaron 49 expulsiones dentro del periodo disponible. La propuesta busca que los procedimientos migratorios cuenten con más tiempo para verificar identidades, resolver trámites y ejecutar las medidas dispuestas por las autoridades competentes.

El tercer pedido se concentra en las extorsiones mediante llamadas, líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería. El ministro propuso reforzar la geolocalización, la coordinación con empresas y plataformas tecnológicas, y el bloqueo de chips vinculados a actividades ilícitas. También sostuvo que el aumento de policías requiere herramientas para identificar responsables y rastrear cobros de cupos.

El cuarto punto está relacionado con las facultades de intervención de la PNP en puertos y otros espacios donde se detecten indicios sobre cargamentos de droga. Astudillo afirmó que las restricciones vigentes pueden limitar el accionar policial, incluso ante información sobre narcotráfico o tráfico ilícito de armas.

El ministro solicitó revisar el marco legal para facilitar las actuaciones contra esas redes, con respeto por los procedimientos correspondientes. La Comisión de Constitución, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez, continuará el análisis de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S el miércoles 14 de octubre, a las 10:00.

Ese debate definirá si el Ejecutivo recibe las facultades solicitadas y qué alcance tendrán las cuatro iniciativas presentadas por el sector Interior.