Caso Liceo Naval: nueva denuncia dentro de Maranguita abre otro frente de investigación a un día de audiencia de esclarecimiento

Una nueva denuncia por agresión dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranga, involucra a uno de los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un alumno del Liceo Naval Almirante Guise. El hecho fue puesto en conocimiento de la Policía por la madre de uno de los internos, quien acudió a la comisaría de San Miguel para denunciar un ataque contra su hijo.

La denuncia surgió mientras los seis estudiantes cumplen una medida de internamiento preventivo de cuatro meses, dispuesta dentro de la investigación por los hechos ocurridos en un transporte escolar luego de una actividad deportiva. Las autoridades aún deben determinar la naturaleza del nuevo incidente y establecer si existieron responsabilidades individuales dentro del centro juvenil.

La información difundida inicialmente planteó que podía tratarse de una presunta agresión sexual. Horas después, durante el programa Beto a saber, se indicó que el adolescente habría sufrido una agresión física. La versión sobre un posible ataque de carácter sexual no había sido confirmada y quedaba sujeta a las diligencias policiales y fiscales.

La madre de un interno denunció un ataque ocurrido dentro de Maranga

Según la reconstrucción expuesta en televisión, el adolescente afectado cursa quinto de secundaria y habría sido golpeado después de acercarse al único alumno de cuarto año que permanece internado junto con el grupo. El joven le habría expresado que no participó de manera directa en la agresión que originó la investigación inicial.

Los seis adolescentes comparten un mismo ambiente bajo la vigilancia de un educador. Cinco son alumnos de quinto de secundaria y uno pertenece a cuarto año. De acuerdo con la información difundida, los estudiantes mayores habrían mantenido una versión común sobre lo ocurrido en el transporte escolar, sin precisar quién habría ejecutado materialmente la agresión sexual denunciada.

La nueva acusación abrió interrogantes sobre las condiciones de protección dentro del centro juvenil, en especial porque los adolescentes investigados por un mismo caso permanecen en un espacio común. La denuncia deberá establecer si hubo agresión, quiénes estuvieron presentes, qué medidas adoptó el personal a cargo y si existieron alertas previas sobre conflictos entre los internos.

Durante la emisión de Beto a saber, se añadió que el episodio habría ocurrido en las duchas del centro. La hipótesis planteada señalaba que uno de los principales investigados por el caso del Liceo Naval habría intentado repetir una conducta similar a la que se indaga desde septiembre. Esa información, sin embargo, no contaba con confirmación oficial al momento de su difusión.

El conductor del programa, Beto Ortiz, señaló que el supuesto hecho habría ocurrido ante los otros adolescentes internados, quienes podrían aportar testimonios sobre la secuencia. También indicó que se esperaba acceder a la denuncia formalizada ante la comisaría de San Miguel y conocer el contenido de las primeras actuaciones policiales.

La diferencia entre las versiones obliga a mantener cautela. La denuncia inicial debe ser contrastada con los testimonios de los adolescentes, los reportes de los educadores, las evaluaciones médicas y psicológicas que correspondan, así como las imágenes de seguridad que pudiera tener el establecimiento. La investigación deberá definir si existió una agresión física, una agresión sexual o algún otro hecho que requiera medidas de protección.

La medida de internamiento preventivo fue confirmada por mayoría

El nuevo incidente se conoció antes de una audiencia destinada a esclarecer los hechos ocurridos en el transporte escolar del Liceo Naval Almirante Guise. Los seis adolescentes recluidos no participarían de forma directa en esa diligencia, pues ya habrían brindado sus declaraciones ante la jueza a cargo de las actuaciones.

El proceso busca determinar la participación de cada involucrado en la presunta agresión sexual sufrida por un estudiante durante el traslado de regreso de una competencia deportiva. El hecho investigado ocurrió el 15 de septiembre, según la información oficial disponible sobre el caso. En las primeras diligencias, la Policía intervino a 10 escolares; seis quedaron sujetos al pedido de internamiento preventivo y cuatro continuaron en libertad.

Una resolución de la Segunda Sala Especializada de Familia, fechada el 5 de octubre, revisó la apelación presentada por la defensa de uno de los adolescentes contra la medida dispuesta el 18 de septiembre. La decisión inicial estableció cuatro meses de internamiento preventivo para los seis estudiantes mientras avanza la investigación.

El juez superior Edgar Gilberto Padilla Vázquez votó por sustituir el internamiento por una comparecencia con restricciones. Entre las condiciones figuraban la prohibición de acercarse, comunicarse o intimidar a la víctima. Los otros dos integrantes de la sala se pronunciaron por mantener la medida, por lo que la decisión se resolvió con dos votos a favor y uno en contra.

El internamiento preventivo no constituye una sentencia ni establece responsabilidad definitiva. Se trata de una medida cautelar dentro del sistema de justicia juvenil, que busca asegurar la presencia de los adolescentes durante las diligencias y evitar riesgos para la investigación. La Fiscalía debe reunir declaraciones, pericias y otros elementos antes de formular una posición sobre la responsabilidad de cada investigado.

La víctima regresó a clases con acompañamiento de sus compañeros

El estudiante afectado, de 15 años, volvió a clases en el Liceo Naval Almirante Guise acompañado por compañeros de cuarto de secundaria. Una profesora, cuya identidad fue preservada, confirmó que sus pares permanecían cerca de él durante los recreos y a la salida del colegio para evitar acercamientos de estudiantes ajenos a su entorno de confianza.

El retorno se produjo tres semanas y media después de la denuncia. La psicóloga clínica y forense Gabriela Coro señaló que una persona que atravesó una experiencia de violencia puede enfrentar hipervigilancia, pesadillas, temor y reacciones asociadas al recuerdo de lo ocurrido. La especialista aclaró que no es posible formular diagnósticos sin una entrevista y una evaluación directa.

Coro también advirtió que algunos adolescentes pueden guardar silencio o mantenerse dentro de una versión colectiva por temor a represalias. Por ello, consideró necesario que las autoridades evalúen de forma individual el riesgo de reincidencia, la posibilidad de nuevas agresiones y las medidas de protección que podrían requerir tanto la víctima como los estudiantes que permanecen internados.

La Defensoría del Pueblo pidió que el adolescente afectado reciba atención integral y que su retorno a la educación ocurra en un entorno seguro, con resguardo de su integridad física y psicológica. El organismo también sostuvo que corresponde investigar las eventuales responsabilidades de estudiantes, autoridades educativas y adultos que acompañaban el traslado escolar.

La nueva denuncia dentro de Maranga añade un frente de investigación al proceso principal. La Policía y la Fiscalía deberán establecer qué ocurrió en las duchas del centro juvenil, si hubo testigos, qué acciones adoptaron los responsables del establecimiento y si corresponde dictar medidas adicionales para proteger a los adolescentes involucrados.